La proliferación de leyes y de mandatos constitucionales que han creado destinos específicos del gasto del Gobierno en las últimas cuatro décadas es uno de los principales problemas de la situación fiscal actual y de la gestión de los recursos públicos. Solo los mandatos constitucionales, creados sin fuente de financiamiento, imponen un gasto que representa el 40 por ciento del gasto total del Gobierno. El presente estudio tiene como objetivo analizar el problema no solo desde el punto de vista del peso financiero en las finanzas del Gobierno como ha sido usual, sino también desde el punto de vista del peso financiero en las finanzas de las entidades beneficiarias y del grado de uso de los fondos. Se concluye que, además de subejecución de gasto en estas entidades, la evaluación de los recursos transferidos a ellas se dificulta por la amplitud de la definición de los destinos específicos, la inexistencia de un plazo para su vigencia y la dispersión de leyes que benefician a un mismo fin.
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