Casi todos somos parte de algún gremio o grupo de interés: asalariados, trabajadores independientes, profesionales, empresarios de distintas ramas, funcionarios públicos, agricultores, entre muchos otros que podríamos citar. Pero el grupo más grande al que todos, sin excepción, pertenecemos, es el de los consumidores de bienes y servicios y usuarios de servicios públicos (hablaremos aquí de “consumidor” refiriéndonos a ambas categorías).
La Constitución Política en su artículo 46 establece el principio de libre competencia y, en la misma norma, el principio de protección al consumidor, según el cual los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo.
La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento tutelan derechos específicos de los consumidores, en temas como acceso a información, responsabilidad de los fabricantes y comerciantes, contratos de adhesión, garantías y otros. Pero la protección de los intereses de los consumidores debe entenderse mucho más ampliamente y reflejarse en las políticas públicas y el marco regulatorio en general.
A pesar de la importancia que la Constitución y las leyes le otorgan a la protección de los intereses del consumidor, este suele verse relegado como prioridad en muchas áreas de políticas públicas, como lo evidencian diversos informes y evaluaciones en el marco de la reciente adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Entre las múltiples áreas de políticas públicas evaluadas en ese proceso, para efectos de este trabajo seleccionamos seis por su importancia e impacto en el consumidor:
Este trabajo, publicado conjuntamente con LEAD University y patrocinado por la Fundación California 49, reúne seis ensayos, uno sobre cada una de las áreas mencionadas. Las áreas cubiertas en estos ensayos son complejas y tienen múltiples aristas. El objetivo no es un análisis jurídico o económico pormenorizado o excesivamente técnico. El objetivo es brindar un panorama general de cada área, identificar retos y oportunidades de mejora y plantear recomendaciones sobre cómo podría lograrse un mejor balance, que tome en cuenta y proteja de mejor forma los derechos e intereses del consumidor.