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• Fecha de creación 21 julio, 2022
• Última actualización 21 julio, 2022

Hacia políticas públicas a favor de la competencia y la protección del consumidor

Presentación

Casi todos somos parte de algún gremio o grupo de interés: asalariados, trabajadores independientes, profesionales, empresarios de distintas ramas, funcionarios públicos, agricultores, entre muchos otros que podríamos citar. Pero el grupo más grande al que todos, sin excepción, pertenecemos, es el de los consumidores de bienes y servicios y usuarios de servicios públicos (hablaremos aquí de “consumidor” refiriéndonos a ambas categorías).

La Constitución Política en su artículo 46 establece el principio de libre competencia y, en la misma norma, el principio de protección al consumidor, según el cual los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a un trato equitativo.

La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y su Reglamento tutelan derechos específicos de los consumidores, en temas como acceso a información, responsabilidad de los fabricantes y comerciantes, contratos de adhesión, garantías y otros. Pero la protección de los intereses de los consumidores debe entenderse mucho más ampliamente y reflejarse en las políticas públicas y el marco regulatorio en general.

A pesar de la importancia que la Constitución y las leyes le otorgan a la protección de los intereses del consumidor, este suele verse relegado como prioridad en muchas áreas de políticas públicas, como lo evidencian diversos informes y evaluaciones en el marco de la reciente adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre las múltiples áreas de políticas públicas evaluadas en ese proceso, para efectos de este trabajo seleccionamos seis por su importancia e impacto en el consumidor:

• La legislación y política de competencia, tomando en cuenta que la falta competencia en los mercados y un marco regulatorio poco favorable a la competencia perjudican al consumidor con menos opciones y precios más altos.
• La protección del consumidor financiero, una tarea pendiente de consolidarse en el país por la falta de legislación sobre la materia.
• La legislación y metodologías de regulación de los servicios públicos, que no promueven eficiencia y trasladan fácilmente los costos a los usuarios.
• Las políticas de apoyo a la agricultura para consumo interno, que no han contribuido a aumentar productividad y castigan al consumidor con comida cara.
• La institucionalidad y los procedimientos de defensa de los derechos del consumidor, que requieren reformas para mejorar su eficiencia y eficacia.
• La política del consumidor reflejada en la agenda de adhesión del país a la OCDE, que muestra logros dignos de destacar, pero a la vez grandes tareas pendientes.

Este trabajo, publicado conjuntamente con LEAD University y patrocinado por la Fundación California 49, reúne seis ensayos, uno sobre cada una de las áreas mencionadas. Las áreas cubiertas en estos ensayos son complejas y tienen múltiples aristas. El objetivo no es un análisis jurídico o económico pormenorizado o excesivamente técnico. El objetivo es brindar un panorama general de cada área, identificar retos y oportunidades de mejora y plantear recomendaciones sobre cómo podría lograrse un mejor balance, que tome en cuenta y proteja de mejor forma los derechos e intereses del consumidor.