El estudio analiza los efectos derivados de la implementación de límites legales a las tasas de interés crediticias como resultado de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 9859). A través de un marco teórico fundamentado en la literatura económica y evidencia empírica, Edgar Robles sostiene que la imposición de topes puede generar distorsiones en el mercado financiero, limitando el acceso al crédito para los sectores más vulnerables, al tiempo que promueve el crecimiento del crédito informal. El análisis destaca cómo la metodología de cálculo utilizada en Costa Rica se basa en parámetros arbitrarios sin un respaldo técnico suficiente, lo que ha llevado a una exclusión financiera significativa.
Mediante un análisis econométrico con datos anonimizados de clientes de tarjetas de crédito, el estudio muestra que la política ha reducido el consumo en sectores como supermercados, gasolineras y restaurantes, afectando particularmente a mujeres, adultos mayores y pequeñas empresas. Se estima que el gasto dejado de realizar por esta población excluida representa cerca del 0,4% del consumo según el PIB. El autor concluye que, si bien los topes pueden tener justificaciones sociales o políticas en algunos casos, su aplicación generalizada y técnicamente infundada puede deteriorar la inclusión financiera y el bienestar económico, recomendando reconsiderar los parámetros regulatorios y complementar las políticas con medidas de educación financiera y fortalecimiento institucional.
