Costa Rica enfrenta un desafío estructural y prioritario: la desigualdad de oportunidades —expresada en brechas de género, territoriales y socioeconómicas— está limitando el aprovechamiento del talento de toda una generación, frenando el crecimiento de la productividad y debilitando la confianza en las instituciones democráticas.
Aunque el país construyó históricamente una sólida trayectoria de movilidad social basada en la educación pública, el acceso universal a la salud y el fortalecimiento del Estado de derecho, hoy esa promesa se ha debilitado para amplios sectores de la población, particularmente mujeres, jóvenes, hogares de bajos ingresos y personas que enfrentan múltiples formas de exclusión.
Las brechas de género profundizan esta desigualdad estructural. Las mujeres participan menos en el mercado laboral, se concentran en empleos de baja productividad, dedican más del doble de tiempo al cuido y a trabajos no remunerados y continúan subrepresentadas en carreras de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM). Estas condiciones reducen las oportunidades educativas, laborales y de
ingresos de millones de mujeres, afectando tanto la movilidad social como la competitividad del país (Martínez-Castillo y Monge-González, 2025).
La evidencia nacional muestra además que las desigualdades se acumulan desde etapas tempranas del ciclo de vida. Persisten brechas en el acceso a servicios de primera infancia, diferencias significativas en la calidad educativa y una creciente segmentación del mercado laboral que afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes.
Mientras algunos sectores productivos avanzan con rapidez, una parte importante de la población permanece atrapada en empleos informales o en actividades de baja productividad. Esta desconexión entre esfuerzo individual y oportunidades reales de progreso no solo genera inequidad social, sino que también reduce la eficiencia económica y pone en riesgo el pacto social que ha caracterizado históricamente al país.
La evidencia internacional muestra que la igualdad de oportunidades no surge de manera espontánea, sino como resultado de políticas integrales, sostenidas y basadas en datos. Países de Europa y América Latina han logrado avances mediante inversiones tempranas en primera infancia, la expansión de redes de cuido, el fortalecimiento de la educación técnica con enfoque inclusivo y la promoción activa de la participación laboral femenina en sectores dinámicos. Costa Rica cuenta con las capacidades institucionales, el capital humano y la tradición democrática necesarios para avanzar en esa dirección.
Este documento propone una hoja de ruta orientada a fortalecer la atención integral a la primera infancia y el sistema nacional de cuido, transformar las escuelas en motores de movilidad social, modernizar la educación técnica con enfoque de territorio y de género, promover un mercado laboral más inclusivo y formal, y desarrollar un sistema nacional de datos para gobernar la movilidad social y monitorear el cierre de brechas.
La implementación sostenida de estas acciones contribuirá a elevar la productividad, ampliar la base de talento del país y renovar la confianza ciudadana en que el esfuerzo individual puede traducirse en oportunidades reales de progreso.
Costa Rica tiene hoy una oportunidad histórica para reconstruir su promesa de movilidad social. Actuar, con visión de Estado y decisión política permitirá que las circunstancias de origen dejen de determinar el destino de las personas y fortalecerá simultáneamente el crecimiento económico, la cohesión social y la legitimidad democrática.
