100 días

M arcar una línea a los cien días del periodo de un gobierno para evaluar su gestión inicial es una decisión arbitraria. En tres meses es muy poco lo que realísticamente puede lograrse cuando se trata de enfrentar problemas estructurales que sufre Costa Rica desde hace décadas. Pese a ello, es una tentación en la que caen tanto los gobernados como los gobernantes y el discurso del presidente Chaves del martes pasado así lo confirma. En su propuesta “La Costa Rica del Futuro”, don Rodrigo nos anuncia “rutas claras que arrojen luz sobre el camino para encontrar las mejores soluciones posibles”.

A continuación, un primer análisis de lo que en materia de política económica son estas rutas.

El documento está organizado en nueve ejes, donde los de comercio internacional y el fiscal son estrictamente de nuestro interés. Sin embargo, antes de verlos en detalle, vale la pena hacer unas consideraciones generales sobre lo que puede abstraerse de la propuesta en su conjunto.

En primer lugar, la propuesta está orientada a facilitar la participación de los costarricenses en la generación de empleo y riqueza por medio de un cambio en la manera en que el Estado incide en este proceso. Así, busca eliminar trabas, promover la competencia y fortalecer el proceso de integración con la economía internacional. Al mismo tiempo, anuncia medidas de racionalización del aparato estatal, pero sin renunciar a medidas puntuales de injerencia como lo son el fortalecimiento de los programas asistencialistas de alimentos y la iniciativa para fijar un precio tope a los combustibles. Por otra parte, si bien propone la venta de activos, sigue insistiendo en que el Estado podría dejar la prestación de algunos servicios a la competencia privada, como es el caso de la red 5G o el consorcio ICE-MOPT en la construcción de carreteras. Y aun cuando anuncia claridad, no existe un enunciado claro del marco en que se desarrollan la lista de acciones agrupadas en los diferentes ejes, ni hay en estos un tema o política central, más allá del nombre, que le de coherencia a las iniciativas contempladas. Por ejemplo, bajo el eje “seguridad” se habla de crimen organizado, la seguridad en las cárceles, acoso sexual y bullying infantil.

Entrando en materia; en política económica las propuestas son de impacto y atrevidas, – y no me refiero a la legalización de la marihuana, que por alguna razón terminó incluida en este apartado-. Primero, en el eje de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior (curioso agrupamiento), se reafirma el compromiso con un modelo de desarrollo donde Costa Rica, siendo una economía pequeña y abierta, tiene su mejor oportunidad de éxito al integrarse activamente en los mercados internacionales, por lo que se propone la adhesión a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo de Asociación Transpacífico. Además, empezando a aprovechar la membresía de nuestro país en la OCDE, utiliza como referencia (en el aparte de Producción y Empleo) sus mejores prácticas para homologar registros sanitarios y de agroquímicos

Por otra parte, en el eje fiscal la agenda es ambiciosa; se menciona la implementación de Hacienda Digital, una ley ya vigente para modernizar los sistemas de información necesarios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como para combatir la evasión y elusión de impuestos, cuya necesidad se hizo evidente en el reciente hackeo que sufrió el Ministerio de Hacienda. Igualmente, se va a insistir en la adopción de la renta global, una medida de equidad tributaria donde cada uno paga de acuerdo con su nivel de ingreso y no según la fuente generadora de este. Asimismo, se añade que además se impulsará la simplificación tributaria pero no se da ningún plan ni detalle.

A continuación, se anuncia la intención de vender activos del Estado; específicamente el Banco de Costa Rica, BICSA y el 49% de las acciones del INS. En los dos primeros casos, la intención es venderlos al mejor postor, maximizando así los recursos obtenidos, mientras que en el caso del INS, se propone vender las acciones a los fondos de pensión, lo que asume dos retos: primero, que es una buena inversión al precio que se busca vender y por lo tanto los fondos van a poder hacerlo sin violar sus obligaciones fiduciarias para sus afiliados; y segundo , se van a crear los mecanismos de gobernanza y de salida para que los fondos ahí invertidos no sean “a fondo perdido”, para que así los inversionistas tengan la posibilidad de ejercer su derecho como dueños sobre la gestión del INS y que además tengan mecanismos de salida si no están conformes con esa gestión. El impacto de estas medidas es muy significativo; en primer lugar, tienen el potencial de generar en conjunto ingresos por 3.5% del PIB, lo que de aplicarse al pago de la deuda pública tendría un impacto inmediato en el servicio por intereses y aceleraría el alcanzar un saldo de deuda sostenible. Por otra parte, la posibilidad de que llegue a nuestro país un banco de clase mundial como dueño del BCR tendría un efecto muy positivo sobre la competencia en la industria de la banca.

Seguidamente, se reafirma el compromiso con la contención del gasto y el cumplimiento de la Regla Fiscal, punto que ha generado mucho debate, pues la interpretación que el Ejecutivo hace de esta regla más bien aumenta el gasto respecto al año pasado. Además, se insiste en la necesidad de autorizar la emisión de eurobonos como parte de un programa de gestión de la deuda pública, que además, crea una oficina encargada explícitamente de esta gestión, de la mejor práctica internacional y la intención de dar acceso a los inversionistas internacionales a la deuda emitida localmente.

Por último, una medida fiscal que está incluida en el eje “Lucha contra la pobreza y costo de la vida” puede borrar de un plumazo mucho de lo que se busca lograr con la venta de activos, pues la caída en los ingresos fiscales que representa cumplir con la propuesta del presidente Chaves de fijar precio tope a los combustibles consume en un año lo que se espera recibir por la venta del 49% de las acciones del INS. Además, esta medida se aparta de los enunciados del Ejecutivo de querer ser eficiente en la ayuda a los más necesitados, debido a que el 60% de este subsidio iría a la gasolina, consumida en su mayoría por estratos que no están en el 40% de los hogares con menores ingresos.

En conclusión, el informe de los cien días genera muchas expectativas, lo que va a generar un mayor debate y arroja un poco de claridad en la búsqueda de mejores soluciones.

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