Análisis del Informe de la Misión del Fondo Monetario Internacional

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A propósito de la solicitud que hizo el gobierno de Costa Rica para tener acceso a una facilidad crediticia rápida del FMI por $ 504 millones para financiar parte de los gastos incrementales en el presupuesto de gobierno por la pandemia, estimados en 2% del PIB (cerca de $ 1200 millones ) así como un impacto negativo en la Balanza de Pagos aproximado al 2.5% del PIB (cerca de $ 1500 millones), se publicó en pasado 01 de mayo en la página de dicha entidad, el Informe de la Misión que realizó la evaluación de dicho planteamiento para recomendar su aprobación al Directorio del FMI.

Dado que en ese documento de 36 páginas se destacan una serie de elementos fundamentales de nuestra economía, procedo a realizar un resumen del mismo con algunos comentarios al margen para una mejor divulgación de tan importante documento.

Un dato interesante es que Costa Rica no ha recibido ningún desembolso del FMI en las últimas tres décadas. Esta facilidad fue aprobada por $ 504 millones, a 5 años plazo, incluyendo 3 años y 4 meses de gracia en el repago de principal y una tasa de interés del 1.58% anual.

El FMI reconoce que dado el nivel de apertura de la economía costarricense y su alta exposición al comercio internacional; al turismo; a la inversión extranjera directa y a la cadena global de suministros, es de esperar un impacto económico severo provocado por los efectos de las medidas de restricción y sanitarias para control de la pandemia del Covid-19.

La Misión del FMI respalda la solicitud del empréstito que pidió Costa Rica fundamentado en los siguientes argumentos:

A). Existe un compromiso de las autoridades, una vez superada la crisis de la pandemia, a retornar a la ruta de consolidación de las finanzas del gobierno, iniciada en diciembre del 2018 con la aprobación de la ley de Fortalecimiento # 9635, con una estricta implementación de la regla fiscal (el destacado es propio).

Siendo esto así, no tiene consistencia ni credibilidad que como sacado de la manga, el Poder Ejecutivo haya incluido en la agenda de sesiones extraordinarias y que el Congreso aprobara en primer debate, el proyecto de ley 21.922 ¨ Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de Covid-19¨ impulsado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica.

En ese proyecto se le permite a los gobiernos locales a no cumplir con la regla fiscal de contención del gasto público establecida en la Ley de Fortalecimiento indicada.

Dicha aprobación se hizo irrespetando los criterios técnicos de la Contraloría General de la República; el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Tal parece que existe una tendencia en el Congreso a seguir esta línea de irrespeto de la institucionalidad del país, para proteger determinados intereses en perjuicio del bienestar colectivo.

Si el Poder Ejecutivo es consistente en su línea de pensamiento y con la carta de intenciones que su Ministro de Hacienda y Presidente del Banco Central, enviaron a la Directora Ejecutiva del FMI, asumiendo el compromiso irrestricto de cumplir con la regla fiscal, debería sin duda vetar ese proyecto de ley, caso contrario, la seguridad jurídica; credibilidad e imagen del país ante los inversionistas locales, internacionales, agencias calificadoras de riesgo y organismos multilaterales, quedarían totalmente desacreditadas.

B). Se respalda la propuesta, como se ha insistido en otros informes previos, para la aplicación de una Política Monetaria acomodaticia, es decir, que permita dar holgura a la liquidez, la expansión crediticia y a bajas tasas de interés, como medios para promover la reactivación económica y el pleno empleo de los recursos, a pesar que ello significa algún sacrificio en las metas de inflación que han sido el objetivo prioritario del ente rector del sistema financiero hasta la fecha.

De igual forma, se apoya la propuesta de mantener una política cambiaria flexible con intervenciones justificadas por variaciones abruptas, hacia arriba o hacia abajo, del tipo de cambio, así como asegurar la estabilidad del sistema financiero.

Me parece que este tema constituye un cambio radical en la operación de la política monetaria justificada por el efecto recesivo que el Covid está generando en nuestro economía, con una contracción estimada del 3.6% del PIB y una pérdida de ingresos cercana a los $ 3 mil millones para el 2020-2021.

Por otra parte, el gran aumento de préstamos de apoyo presupuestario anunciado por el Ministerio de Hacienda para el 2020 por más de $ 3500 millones, requerirá una fuerte acumulación de reservas por parte del Banco Central, para evitar una fuerte apreciación no sustentada por los fundamentales del mercado, que tendría efectos perversos en las ya afectadas exportaciones; turismo y producción local.

C). Las autoridades se comprometen con un amplio conjunto de reformas estructurales, reforzadas con la incorporación del país a la OCDE, para mejorar la competitividad; impulsar el crecimiento de mediano plazo; así como la resiliencia de la economía.

La clave, según la Misión del FMI, sigue siendo preservar la sostenibilidad fiscal superada la crisis de la pandemia y para ello, debe seguirse trabajando en:

Revisión en detalle y volver a priorizar los gastos del gobierno

Congelamiento de los ajustes salariales del Sector Público

Volver a aplicar la regla fiscal para el Sector Público

Los anteriores tres esfuerzos deben permitir un ahorro cercano al 2% del PIB para el 2021-2024

Venta de activos por una suma estimada en 1.4% del PIB para el mismo período

Mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión tributaria

Revisar la Ley de Exoneraciones

Considerar modificar el impuesto a la propiedad, así como impuestos ambientales

Reducción del peso de los salarios e incentivos dentro de los gastos totales

Recortar los salarios en el quintil de ingresos más altos del Sector Público

Debe ejecutarse una centralización de las compras del Sector Público en el sistema SICOP.

En este tema, también es contradictorio que el Ejecutivo y la Asamblea, hayan permitido dar permisos especiales a las municipalidades para que puedan gastar y comprar sin controles externos y fuera del SICOP en el proyecto de ley indicado aprobado en primer debate.

Revisar la efectividad y destino de las transferencias con cargo al presupuesto

Mejorar la ejecutoria y eficiencia de las empresas autónomas del Sector Público

D). Se ve muy bien que el país haya podido pasar la aprobación de los 22 comités de la OCDE y por tanto, sugieren apresurar la implementación de las reformas ahí recomendadas, en particular:

Simplificación de trámites, permisos y demás autorizaciones para ampliaciones o nuevos proyectos de inversión

Flexibilizar las normas y regulaciones del mercado laboral

Reducir el desfase que existe en el desarrollo de obras de infraestructura y la facilidad de hacer negocios según el Indice de Competitividad Mundial

Mejorar la competencia en el sector eléctrico para reducir las tarifas

Ayudar a promover una mayor Inversión Extranjera Directa

Llama la atención el FMI sobre tener mucho cuidado con las propuestas de establecer topes a las tasas de interés de los créditos por los efectos adversos que esto tiene en la inclusión financiera; intermediación y los mecanismos de transmisión de la política monetaria (el destacado es propio). Por el contrario, el énfasis debe dirigirse en promover mayor competencia y eficiencia en la operación del sistema financiero, a fin de reducir las tasas de interés.

De nuevo, aquí nos vemos mal en el respeto a la institucionalidad financiera y a los criterios de los entes técnicos, pues por una total mayoría, los diputados del Congreso aprobaron en primer debate la Ley que establece topes a las tasas de interés, con el riesgo de excluir a más de 200 mil personas del sistema financiero formal y enviarlos a los mercados agiotistas a tasas de verdadera usura, a pesar de las advertencias del Banco Central, Conassif, Sugef y ahora del FMI.

Dada la responsabilidad de once legisladores, será ahora la Sala Constitucional ante una consulta realizada la semana pasada, quien deberá determinar si ese proyecto, aprobado de forma atropellada, tienen vicios de forma y de fondo para asegurar que en nuestro país aún existe la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos y principios establecidos en nuestra Constitución Política.

El Informe de la Misión del FMI viene con un apéndice I, que es una Carta de Intenciones que el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central le remiten a la Directora Ejecutiva de dicha entidad, en donde le manifiestan que aparte de esta solicitud de línea de crédito inmediata, posiblemente se acudirá a plantear una propuesta tipo ¨Stand-by Arrangement¨ a tres años plazo y que eventualmente permitiría un acceso a más de $ 2 mil millones, de los cuales habría que deducir este primer desembolso de $ 504 millones, lo que si implicaría condicionantes y compromisos específicos de reformas estructurales puntuales.

Estoy totalmente convencido, dada la dificultad que los gobiernos de turno y un Congreso cada vez más populista, que la única forma de entrarle de lleno a los cambios fundamentales que requiere nuestra economía es con ese tipo de acuerdos, pues de lo contrario seguiremos con un ¨nadadito de perro¨, tirando la pelota para adelante, dada la irresponsabilidad de los partidos políticos y sus fracciones legislativas, de asumir el costo político por los deseos electoreros de más de uno que hoy se creen presidenciables.

Todavía queda mucha tela que cortar en las negociaciones políticas y económicas que se avecinan para lograr una resucitación temprana que minimice los daños del Covid pero que, a su vez nos permita darle sostenibilidad y fundamento a nuestra economía en procura del bienestar colectivo.

Esperemos a ver si hay liderazgo y verdaderos estadistas que tengan la visión que tuvieron nuestros antepasados para sacarnos de esta dura coyuntura.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de la Academia de Centroamérica.

Articulo original de El Observador