L uego de la renuncia de Rocío Aguilar como Ministra de Hacienda, surgió una serie de especulaciones sobre su eventual sustituto. En círculos empresariales, políticos y medios se ejerció una fuerte presión sobre el Presidente Alvarado con relación a la urgencia del nombramiento. Para algunos resultaba fundamental que el nuevo Ministro de Hacienda continuara con los lineamientos de su antecesora sobre la reforma fiscal. Otros preferirían que más bien no siguiera esos lineamientos. Finalmente, el Presidente anuncio el nombramiento de Rodrigo Chaves en la cartera de Hacienda.
Los atestados del nuevo Ministro en cuanto a su preparación académica, trayectoria y experiencia se difundieron ampliamente en los medios, y por el propio Presidente. Su larga trayectoria en organismos internacionales se resalta como una de sus fortalezas en el ejercicio de sus nuevas funciones. Sin embargo, esa vinculación no necesariamente constituye una fortaleza, en opinión de algunos sectores. Larga ausencia de Costa Rica y desconocimiento de la realidad nacional son aspectos que se mencionan como limitaciones importantes. Sin embargo, la lejanía geográfica es un argumento que pierde validez dado el desarrollo de las tecnologías de la información.
De hecho, la situación macroeconómica de Costa Rica es monitoreada de cerca por múltiples instituciones no residentes en Costa Rica, incluyendo las calificadoras de riesgo soberano que analizan el perfil de los títulos de deuda pública costarricense.
Es en el ámbito político-institucional donde el nuevo Ministro va a requerir un importante apoyo y respaldo del Poder Ejecutivo. Costa Rica es un país pequeño, pero complicado. La institucionalidad del país, comenzando por la conformación del sector público, impone serias limitaciones para el manejo de la hacienda pública. Las mismas serían menores si la todavía inconclusa Reforma del Estado se hubiese impulsado con determinación y perseverancia desde hace varias décadas. En Costa Rica el Ministro de Hacienda no tiene injerencia sobre la totalidad del sector público, como ocurre en otros países de América Latina. Como bien dijo un recordado politólogo costarricense hace muchos años: “en Costa Rica no existen políticas de Estado, solo ocurrencias”. No existen políticas de Estado, porque el Estado es un ente fragmentado, con una gran cantidad de instituciones de diferente naturaleza jurídica y funcional, y no siempre bien coordinado entre sus partes. Esta característica se manifiesta en las dificultades que se han observado para la aplicación de la regla fiscal.
Pareciera obvio decir que el Ministro de Hacienda requiere el apoyo del Ejecutivo. Sin embargo, en episodios recientes como la negociación con la Caja Costarricense del Seguro Social y las universidades estatales en cuanto a los alcances de la regla fiscal, el vínculo Hacienda-Poder Ejecutivo dejo dudas. Se ha especulado que la debilidad de ese vínculo habría tenido alguna relación con la renuncia de la ex ministra. El Gobierno es uno solo, y así lo ve el ciudadano cuando califica su gestión. La confianza debe emanar desde el Gobierno como un todo, y no recaer solo en la figura de algunos funcionarios, como el Ministro de Hacienda o el Presidente del Banco Central.
El manejo de la situación fiscal en los dos próximos años no luce fácil. La pericia técnica en el manejo de los temas fiscales será un factor crítico, así como el manejo político. Y es aquí donde el apoyo del Ejecutivo será fundamental. Hoy se reconoce que el instrumental del economista es necesario pero no suficiente en el manejo de la política pública. Muchos casos en América Latina así lo demuestran. Y las experiencias recientes en nuestro país deberían ser lecciones aprendidas.
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