

E l Sistema Electoral costarricense es básicamente “proporcional” para las elecciones legislativas (y de los Concejos Municipales). Respecto del Poder Legislativo, la tradición electoral costarricense es el de la elección proporcional, donde no se vota por personas (sus nombres, ni siquiera aparecen en las papeletas), sino por listas que deben proponer los partidos políticos (y solo estos).
En el marco democrático, siempre que existan elecciones libres, justas y competitivas con voto universal y secreto; y que se asignen las funciones del gobierno a una mayoría (relativa o absoluta); la escogencia de cada modelo electoral es una decisión de los constituyentes de cada país y normalmente responde a la tradición y a los objetivos que se esperan alcanzar: unos modelos promueven la gobernabilidad (permitiendo construir más fácilmente mayorías parlamentarias), y otros promueven la proporcionalidad del cuerpo electoral (y especialmente la representatividad de minorías). Unos modelos promueven el multipartidismo y otros el bipartidismo. Unos modelos promueven el papel de los partidos en el sistema político, otros lo debilitan (por ejemplo, las listas abiertas o las candidaturas independientes, por ejemplo). Un sistema puede alcanzar un objetivo, pero ello puede dificultar alcanzar otros objetivos.
Para la elección de los Parlamentos (y de los Concejos Municipales), existen cuatro grandes modelos electorales. Esos cuatro grandes modelos son:
En el sistema mayoritario (o anglosajón por ser el modelo elegido en países como Reino Unido, Estados Unidos o Canadá); la adjudicación de los escaños depende de que una persona (candidata) reúna la mayoría exigida —relativa o absoluta— de los votos. En ellos, sólo se toma en cuenta en la adjudicación de los escaños a los vencedores en cada circunscripción o distrito electoral. Según Nohlen: “se considera como una ventaja de la regla de decisión mayoritaria que el elector se enfrente a una decisión clara y esté en condiciones de comprender qué sucede con su voto… No obstante, puede tener como consecuencia que, en las circunscripciones en las que un partido es decididamente dominante, la utilización de la regla mayoritaria lleve a que la oposición política se vea desalentada —completamente o al menos en parte— a presentar candidatos.”
En los sistemas proporcionales como el costarricense, los electores votan por una lista que le presenta cada partido político (incluso sin que los nombres de los candidatos aparezcan en la papeleta). Por tanto, se vota más por partidos que por personas. Su ventaja es que permite mayor representatividad de las mayorías y de las minorías; sobre todo en las circunscripciones más grandes, como en el caso de la provincia de San José, donde con el 3% de los votos se tiene una buena probabilidad de alcanzar un escaño legislativo (esto es, superar el subcociente electoral).
Los sistemas mixtos, por su parte, buscan compensar las debilidades y destacar las fortalezas de cada uno de los dos grandes modelos (proporcionales y mayoritarios). Ello se potencia en los modelos “mixtos proporcionales”. La experiencia de los modelos alemán (para el Bundestat) y de Nueva Zelanda (parlamento unicameral), en este sentido, ha sido positiva: ha permitido una gobernabilidad razonable, la construcción de mayorías estables y una representación proporcional de las minorías. Es verdad que ambos operan en contextos parlamentarios y estables. Los modelos mixtos puros (México, Bolivia) en contextos presidencialistas, no arrojan, en general, los mismos resultados.
En países como Costa Rica, la idea de pasar a un sistema mixto (dual o proporcional), se ha planteado infructuosamente desde hace muchos años (desde los años setentas Rodolfo Piza Escalante y José M. Corrales lo propugnaron separadamente; en los noventas lo defendió Miguel Ángel Rodríguez). En este milenio, las diversas Comisiones de Reforma del Estado (2001-02) o la llamada Junta de Notables (2013), también lo impulsaron. En los últimos años, especialmente “Poder Ciudadano Ya”, ha promovido el modelo mixto proporcional. En todos los casos, la Asamblea Legislativa, descartó los diversos proyectos de reforma constitucional, sin siquiera permitir discutirlos en el Plenario.
El modelo mayoritario de elección podría gozar de mayor “legitimación” electoral, puesto que en esos modelos los votantes votan por una persona física frente a otras candidaturas personales. Karl Popper, gran filósofo democrático, rechazaba los modelos electorales proporcionales porque le otorgan a los “partidos políticos”, y le quitan a los ciudadanos, el poder de decidir sobre los asuntos de gobierno y, sobre todo, porque le arrebatan a éstos el poder de cambiar o de deshacerse de malos representantes. Popper, por ejemplo, destacaba las devastadoras e “inescapables (posiblemente inintencionadas) consecuencias de la representación proporcional…” En estos modelos, “yo no puedo escoger a la persona en quien confío para representarme: yo solo puedo escoger a un partido”. En cambio, decía, en los sistemas mayoritarios los legisladores “son personalmente responsables ante las personas”, mientras que “en los sistemas proporcionales, sus lealtades son para su partido y la ideología de su partido, no para las personas”. De hecho, en los sistemas proporcionales los elegidos son prácticamente desconocidos (menos del 10% conoce siquiera el nombre de un diputado de su provincia).
Los sistemas proporcionales, sin embargo, permiten representar más fielmente al electorado nacional (a las mayorías y a las minorías); y la existencia de las listas permite asignar cuotas (de género, por ejemplo), para la presentación de candidaturas. Cosa que es mucho más compleja en sistemas mayoritarios.
Idealmente, los sistemas electorales deberían promover el equilibrio entre gobernabilidad y representatividad, entre unidad nacional y autonomía regional, entre escogencia electoral y viabilidad política del sistema, entre las mayorías y las minorías, entre la representación local y la visión nacional. Cuando se exacerba un objetivo, el peligro está en que se debiliten los demás.
Aunque es verdad que nuestras poblaciones siguen considerando que sin partidos no hay democracia (59% en Costa Rica), nuestros habitantes manifiestan poco apoyo a los partidos políticos (según el Latinobarómetro 2023, más del 79% de los costarricenses consideran que los partidos políticos no funcionan bien). Sin embargo, al mismo tiempo, valoran positivamente algunas figuras públicas. La combinación de esos datos, deberíamos hacernos pensar en ajustar nuestro modelo electoral para permitir que los ciudadanos voten directamente por las personas que quieren que los representen en la Asamblea Legislativa (modelo mayoritario), sin renunciar a las ventajas aparentes de los modelos proporcionales (representación de minorías). En el caso costarricense, por ello, la propuesta de “Poder Ciudadano Ya” de pasar a un modelo mixto no debería desecharse y deberíamos abrir el debate sobre las ventajas y desventajas de nuestro sistema y de los sistemas alternativos.
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Publicación original en crhoy.com (29/11/2023)