Atraso en infraestructura requiere compromiso

E l desarrollo de infraestructura vial es un requerimiento básico para mantener el crecimiento económico en el largo plazo. Sin embargo, nuestro país avanza poco, debido a la falta de financiamiento y la ineficiente gestión institucional para construir obra pública.

A continuación, algunas observaciones al respecto:

Falta de financiamiento. Los recursos del MOPT provienen primordialmente del Presupuesto Nacional. Ante el deterioro de las finanzas públicas, existe menor disponibilidad de recursos para financiar los bienes y servicios que proporciona el Estado, incluyendo la construcción y el mantenimiento de la red vial.

Adicionalmente, los destinos específicos del gasto dificultan la redistribución de los pocos recursos disponibles a favor de una mayor inversión en infraestructura. Por ejemplo, el dinero que se recolecta a través del marchamo y el impuesto a los combustibles no se dirige completamente a infraestructura vial, ni aunque hubiese voluntad política.

Para dar solución a este problema, el país ha recurrido a la contratación de créditos internacionales. Actualmente se dispone alrededor de US$1.000 millones; sin embargo, la ejecución de estos recursos es ineficiente. Consecuentemente, las obras no se materializan en el tiempo previsto y, además, aumenta el costo financiero por la comisión de compromiso que los acreedores internacionales cobran por no desembolsar esos recursos. Este problema se relaciona directamente con el siguiente punto.

Ineficiente gestión institucional. En un estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, los investigadores Miguel Loría y Carlos Umaña identificaron que la causa principal de los atrasos en los procesos de ejecución de obra pública es la ausencia de una adecuada gestión institucional. Entre las deficiencias se menciona: baja capacidad técnica para la definición de proyectos, falta de planificación, descoordinación institucional, contratos y carteles de licitación defectuosos y con ambigüedades, dilatados procesos de expropiaciones y exceso de trámites administrativos.

Cuando se creó el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) – y los demás consejos – el objetivo era focalizar mejor las necesidades del sector infraestructura. El evidente fracaso de este modelo justifica ahora otra reforma institucional, como la reciente propuesta del MOPT para fusionar al CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para crear el Instituto Nacional de la Infraestructura. Sin embargo, los cambios de institución no solucionan estas deficiencias si no se acompañan de esquemas e incentivos que garanticen eficiencia y eficacia sostenibles en el tiempo.

Como consecuencia de los problemas de financiamiento y gestión, nuestro país se ubica actualmente en la posición 123 de 137 países en calidad de carreteras, según el Índice de Competitividad Global 2017-2018. El rezago que mantiene Costa Rica se amplía, a la vez que se enfrentan nuevos desafíos demográficos y climáticos en un contexto fiscal cada vez más delicado.

Pronto elegiremos nuevo Gobierno, el cual dispondrá de US$2,3 mil millones en infraestructura sin ejecutar. Si bien los problemas mencionados no se resuelven en cuatro años, resulta imperativo que el nuevo mandatario se comprometa seriamente con el futuro de nuestro país en el largo plazo.