Bemoles de la reducción de la inflación

E n las últimas tres décadas, Costa Rica experimentó un proceso paulatino de disminución de la inflación. Mientras en el período de 1990-1999 el promedio anual fue de 16,9%; en el lapso 2000-2009 descendió a 10,6% y en la década más reciente de 2010-2019 fue de sólo 3,1%. En el último quinquenio de 2015-2019 la reducción fue particularmente significativa, ya que alcanzó apenas 1,4%. En el trienio 2017-2019 fue de 2,4%, ligeramente por encima del límite inferior de la meta establecida por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El exitoso control de la inflación se originó inicialmente por un mejor manejo de la política monetaria, apoyada en la reducción de las pérdidas cuasi fiscales de la institución, las cuales implicaban una mayor expansión de los medios de pago; junto con una política cambiaria más flexible. Más recientemente, contribuyó también la menor inflación internacional y la apreciación del tipo de cambio, consecuencia del elevado endeudamiento externo público y privado.

La disminución y menor volatilidad de la inflación por sí solas es de esperar que genere potenciales beneficios económicos y sociales al mejorar las condiciones para la toma de decisiones. Constituye el principal objetivo del BCCR, reiterado así en todos los Programas Macroeconómicos: “mantener una inflación baja y estable con el propósito de contribuir al logro de la estabilidad macroeconómica, que a su vez promueve el crecimiento económico y la generación de empleo, y redunda en una mejora en el bienestar de la población”.

Paradójicamente, las menores tasas de inflación no han estado asociadas a mejoras en las condiciones de vida de los costarricenses. Al contrario, en los últimos años más bien se ha desacelerado el crecimiento económico, se ha elevado el desempleo y no se ha reducido la pobreza. A primera vista, la relación observada entre esas variables pareciera ser a la inversa. A juicio de algunos, existe cierta causalidad y responsabilidad del BCCR en los resultados observados.

Por esa razón han existido intentos por modificar la Ley Orgánica del BCCR y estipular también el crecimiento económico y la generación de empleo como objetivos principales, similar a como existió previo a la reforma de 1995 y rige para la Reserva Federal de Estados Unidos. En mi criterio, proceder en ese sentido generaría más inconvenientes y desventajas para mantener la estabilidad macroeconómica. El instrumental del BCCR es más efectivo para controlar la inflación, tal y como ha sido evidente aún en las actuales condiciones de grandes desequilibrios fiscales.

Las causas de la baja actividad económica, el elevado desempleo y estancamiento de la pobreza son múltiples y atribuibles a diversos factores estructurales y coyunturales. Para mencionar algunos ejemplos, en los últimos años las calificadoras de riesgo han degradado nuestras calificaciones en varias ocasiones, descendiendo de grado de inversión a especulativo. Esta semana, según el índice de competitividad global, el país cayó siete posiciones en el ranking. En particular los altos déficits fiscales y la consecuente elevada deuda pública prevaleciente, han generado incertidumbre y expectativas negativas en los agentes económicos, que han tendido a reducir el consumo y la inversión.

No obstante lo anterior, y aun reconociendo que el control de la inflación es sólo una condición necesaria pero no suficiente, es importante no perder de vista que cuando se presenta una proceso de desinflación tan exitoso como el observado (en magnitud y tiempo), las rigideces y falta de flexibilidad de algunos mercados, así como la ilusión monetaria en algunos agentes económicos, podría provocar consecuencias no previstas ni deseadas, todo lo cual tendería a reducir los potenciales beneficios de la menor inflación. Tres casos podrían servir de ilustración:

Cuando los salarios se fijan con base en la inflación pasada, se corre el riesgo de elevarlos en términos reales, sin mejoras en la productividad. Este factor pudo ser relevante en el 2015 cuando pasó de 5,1% en el 2014 a -0,8% ese año, pero posteriormente tendió a corregirse, especialmente en el sector privado. Los denominados pluses salariales en el sector público se establecieron en términos porcentuales en un contexto de mayores tasas de inflación, con el objetivo de mejorar el poder de compra de los salarios, pero resultaron excesivos y explosivos cuando la inflación se redujo.

Las tasas de interés nominales no se han ajustado pari passu con la disminución de la inflación, lo cual se ha reflejado en mayores tasas reales de interés.

Como consecuencia de lo anterior, se ha provocado un deterioro mayor en las finanzas públicas, a través de salarios reales y servicio de la deuda más altos, pero también en el sector privado, el servicio de la deuda se ha elevado y, en algunos casos, contribuido con el sobreendeudamiento que experimenta en la actualidad. La solución más obvia para evitar los negativos resultados anteriores consistía en ajustar los denominados pluses lo antes posible y evitar el acelerado incremento de los salarios reales en el sector público, así como propiciar una mayor disminución de las tasas de interés sobre los préstamos.

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