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E n términos generales y de manera simple, la carga tributaria (CT) se define como la razón de impuestos pagados, al producto interno bruto (PIB). Mientras el denominador de esa relación, es decir el PIB, es único e invariable; el numerador, o sea los tributos, podría ser subjetivo y variar en función de los objetivos buscados y, eventualmente, objeto de controversia. El cálculo de este indicador es relevante porque, dependiendo de la interpretación, podría constituir una primera señal del grado de equidad y eficiencia de la estructura tributaria.

Entre más bajo el nivel, comparativamente con otros países similares, podría catalogarse como injusto, en el sentido de que sectores de mayores ingresos no tributan suficiente para financiar las funciones de gobierno; pero también podría ser positivo al ayudar a la competitividad de las actividades productivas. Un análisis más profundo requiere estudiar la composición de los tributos y la calidad de los gastos. En los últimos años, por ejemplo, la estructura tributaria costarricense se ha tornado más progresiva, ganando participación relativa los impuestos directos, pero con gastos más regresivos, dedicados mayoritariamente a atender sectores de ingresos más elevados.

Como el cálculo de este indicador podría ser subjetivo, los interesados en demostrar que la relación es muy baja, generalmente escogen la definición de impuestos más restringida. Al contrario, los que quieren probar que es muy alta, incorporan el concepto más amplio. Este artículo pretende demostrar que con el paso de los años los residentes nacionales han venido enfrentando cargas adicionales, explícitas e implícitas, así como diferentes distorsiones, no incluidas en la definición tradicional, que han elevado significativamente la CT.

Hasta hace algunos años la CT en Costa Rica se definía simplemente como la relación de los impuestos recaudados por el gobierno, divididos por el PIB. De conformidad con esa definición, la CT pasó de 12% en los noventa, a 14% actualmente, con mayores incrementos en los tributos directos. A pesar de ello, muchos continúan argumentando que esa CT es muy baja e injusta. Cada vez que se enfrenta un desequilibrio fiscal, como consecuencia del exceso de gastos, se recomienda incrementar los impuestos, sin reparar en las distorsiones y desincentivos que ya provocan.

Pero la CT es más que sólo los impuestos recolectados por el gobierno central. Después de muchos debates y distintos argumentos, se ha aceptado incluir también las cargas sociales que pesan sobre las planillas de los trabajadores. En muchos países la seguridad social se financia dentro del presupuesto general. En nuestro país estas cargas ascienden a 37% sobre los salarios (26.5% patrono y 10.5% trabajador). En términos del PIB representan cerca de 8%, una cifra muy elevada y responsable del encarecimiento del trabajo y de la alta informalidad prevaleciente. Incluyendo este rubro adicional, la CT sube a 22%.

Pero hay cargas adicionales. Con la decisión de lograr una mayor descentralización territorial y trasladar ciertas responsabilidades a las municipalidades, también se les autorizó la potestad de establecer algunos impuestos, dentro de los que destacan los correspondientes a los bienes inmuebles. De acuerdo con algunas fuentes consultadas, los montos recaudados por este concepto constituyen no menos del 1% del PIB; con lo cual la CT se eleva a 23%.

Pero también hay cargas adicionales en el sistema financiero. Para controlar la política monetaria y financiar el déficit, el Banco Central (BCCR) fija encajes mínimos sobre los pasivos en moneda nacional (12%) y extranjera (15%), sin remuneración alguna. Los saldos en el BCCR por ₡1.305.589 millones y $2.589 millones, tienen un costo de oportunidad conservador de 0.5% del PIB. También cobra un 25% sobre los márgenes de intermediación cambiaria (recauda ₡35 mil millones anuales) y una parte de los gastos de supervisión. Existen distorsiones como el peaje establecido a los bancos privados por captar en cuenta corriente y a la vista, así como cargas parafiscales a los bancos estatales. Todos estos conceptos representan cerca de 1% del PIB, con lo cual la CT llegaría al 24%.

Pero uno de los gastos más significativos y que se han elevado más en las últimas décadas está relacionado con los servicios de salud, educación y seguridad. Como el estado ha dejado de atenderlos adecuadamente, muchos ciudadanos se han visto en la necesidad de acudir a los servicios privados, con grandes desembolsos de recursos. Esto ha tendido a acrecentarse con motivo de la pandemia, donde los servicios de salud y educación se han deteriorado aún más. Algunas estimaciones muy conservadoras indican que las sumas podrían ubicarse en al menos 5% del PIB (2% en salud, 2% en educación y 1% en seguridad), con lo cual la CT se elevaría a 29%.

Pero también hay algunas políticas públicas que incrementan la CT. La falta de competencia en algunos mercados atendidos por el sector público y privado, ha generado un incremento en exceso de los precios de algunos bienes y servicios como electricidad, combustibles, medicinas, arroz, azúcar. A ello se une la provisión de algunos bienes otrora considerados públicos, como carreteras y aeropuertos que han sido trasladados al sector privado y financiados por los usuarios mediante el cobro de peajes, por ejemplo. Se estima que estos gastos son de al menos 1% del PIB.

Contrario a la creencia de que la CT en Costa Rica es muy baja, cuando se incluyen cargas adicionales implícitas se llega a la conclusión de que conservadoramente se ubica en 30%, el doble. Algunas de estas cargas se han establecido fuera del presupuesto y otras han tenido que ser asumidas por los ciudadanos ante el abandono del Estado. Esta situación ha repercutido en el costo de la vida y en la competitividad nacional. Es imperativo hacer un alto en el camino, evaluar la CT global y mejorar su eficiencia del sector público. La Carga Tributaria Ampliada es ya muy elevada!

Comuníquese con el autor a través de: zunigafn@gmail.com

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Articulo original de crhoy.com