¿Cómo puede atenuar el gobierno los efectos del shock externo?

E n medio de los retos que enfrenta los bancos centrales a nivel mundial y, en particular, el Banco Central de Costa Rica para determinar su política monetaria y restablecer la estabilidad de precios, anclar las expectativas de inflación y, en la medida de lo posible, evitar contraer de manera excesiva la actividad económica, nuestro país también se enfrenta al desafío de cómo financiar el gasto corriente del gobierno central adicional necesario para mitigar los efectos del shock externo consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania. Se trata de los aumentos en las cotizaciones internacionales de las principales materias primas, alimentos y, particularmente, de los combustibles. Todo lo cual ha significado un fuerte golpe a los ingresos reales de los hogares, en especial, de los más vulnerables.

Precisamente, las tasas de inflación a nivel internacional han alcanzado niveles no registrados en décadas. Son el producto de la confluencia de varios fenómenos: los efectos sobre la demanda de las medidas de la política fiscal y monetaria tomadas para paliar los efectos de la pandemia, las interrupciones de suministros y de logística y el aumento de los costos de transporte han impulsado la inflación al alza y el conflicto entre Rusia y Ucrania los han agravado.

Ahora bien, tal como lo ha mencionado el Banco Central en varias ocasiones, las causas de la inflación en nuestro país son fundamentalmente externas, es decir, no son causadas por políticas o condiciones de demanda u oferta internas. Si bien la inflación tiene consecuencias numerosas sobre todas las personas, afecta más intensamente a las poblaciones más vulnerables (es un fenómeno altamente regresivo).

En Costa Rica, la línea de pobreza está definida en función del comportamiento de la canasta básica alimentaria y un conjunto de bienes y servicios. En los últimos meses, los mayores aumentos de precios se han dado en los rubros de alimentos y combustibles, por lo que las personas de menores ingresos no sólo no tienen la capacidad de ajustar su presupuesto, sino que algunos no podrán cubrir sus necesidades. Por consiguiente, la pobreza en el país aumentará.

Los efectos de esta alza en los precios pueden ser asumidos directamente por todos ciudadanos, pagando precios más altos por los bienes y servicios que consumen, o bien, como han mencionado las autoridades, el gobierno podría tomar medidas, que implican un mayor gasto corriente, para ayudar a mitigar estos efectos negativos, como serían subsidios sobre precios de bienes y servicios y, mejor, desde la perspectiva de su efectividad y focalización, transferencias monetarias no condicionadas a los hogares más pobres (tal como se buscó al otorgar el Bono Proteger durante la pandemia).

Con este tipo de medidas, el gobierno podría atenuar el efecto negativo – considerable, sin duda – de la inflación en el corto plazo sobre los grupos más vulnerables. Sin embargo, evidentemente las medidas tomadas tienen implicaciones de naturaleza presupuestaria. Por ello, dado el limitado espacio fiscal del país y para potenciar el efecto mitigador de estas medidas sobre la contracción del ingreso real, este tipo de transferencias y subsidios puede considerarse la posibilidad de financiarlos externamente.

Entre las opciones discutidas están: el préstamo ofrecido por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $200 millones para atenuar los fuertes incrementos en la gasolina y el diésel, la posibilidad de préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial y la posible renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este contexto, como se ha mencionado, se requiere de la combinación de medidas de política monetaria y fiscal, las cuales podrían contribuir a aliviar los efectos de la inflación. Además, es necesaria la implementación de otras medidas para permitir un alivio temporal a los hogares más vulnerables, que cargan con mayor intensidad el costo de la actual coyuntura internacional. Aunque los espacios fiscales son limitados, se cuenta también con mecanismos para focalizar las ayudas a las familias más necesitadas y con la disponibilidad de recursos externos que podrían emplearse en estas tareas. Urge actuar con rapidez.

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