Competencia e igualdad

P romover la competencia es la mejor forma en que el Estado puede cumplir con su obligación de estimular la producción y procurar el más adecuado reparto de la riqueza. Los mercados en los que hay competencia generan mayor bienestar y aseguran que los recursos se distribuyan adecuadamente, convirtiéndose en la mejor forma de combatir la pobreza.

De acuerdo con nuestra Constitución Política (Art. 50) uno de los deberes del Estado es procurar el mayor bienestar de los habitantes, “organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Para algunos, esta norma es el “balance” o “contrapeso” a la libertad de comercio y a la propiedad privada, que fundamenta la intervención del Estado en la economía para, entre otros, restringir actividades comerciales, fijar precios, y establecer barreras al comercio y la industria. En otras palabras, interpretan en este artículo el fundamento para que el Estado intervenga la economía, la “organice” y “reparta” riqueza.

La evidencia, sin embargo, refuta esta postura. Numerosos estudios demuestran que el aumento de la libertad económica va siempre seguido de un mayor bienestar de la población. Es decir, los mercados más libres son también los más prósperos. En otras palabras, cuando hay competencia la producción es más eficiente: Se produce más a un menor costo, lo cual a su vez permite generar mayor riqueza. Desde el punto de vista del consumidor, quienes adquieren productos en mercados competitivos pagan un menor precio. Con ello, aumentan su capacidad de consumo y su nivel de vida.

Ahora bien, generar mayor riqueza y bienestar es positivo, pero insuficiente. También deben buscarse mecanismos para combatir la desigualdad y la inequidad. Hechos recientes en Costa Rica y en otros países nos muestran que no basta con que las personas vivan mejor. La inequidad y, sobre todo, falta de movilidad también generan graves disrupciones sociales.

Para ello la competencia también es una herramienta útil. Numerosos estudios, incluidos algunos del Banco Mundial y la OCDE, muestran una clara correlación entre competencia y distribución de la riqueza. Es decir, los mercados en donde hay más competencia son también los menos desiguales. A la inversa, donde la competencia es menos dinámica aumenta la brecha entre ricos y pobres. Así, la competencia se convierte en un mecanismo no solo para crear riqueza, sino también para distribuirla.

En febrero pasado la Universidad de Oxford anunció un ambicioso estudio que pretende demostrar una causalidad detrás de esta correlación. Para ello, analizan una importante cantidad de información recabada en numerosos países, para utilizar prueba empírica que arroje mayor claridad sobre la relación entre competencia, prosperidad y distribución de la riqueza.

Esto debería ser una lección importante para nuestro país, sobre todo en tiempos de crisis. Ahora, más que en cualquier otro momento, los esfuerzos de todos deben encaminarse hacia la generación de mercados más competitivos.

La recientemente aprobada “Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia” le otorga a COPROCOM y a SUTEL mayores potestades para defender y promover la competencia en los mercados. El combate de los acuerdos anticompetitivos y el abuso de poder en el mercado, junto con la creación de un entorno regulatorio que promueva la competencia, son más que nunca herramientas necesarias para combatir la pobreza y la desigualdad.

En este proceso, por otro lado, se corre también el riesgo de “sobre-aplicar” la Ley, cometiendo lo que se conoce como “errores de tipo I” o “falsos positivos”, donde una intervención excesiva de la autoridad mas bien limita el desarrollo de los mercados y el bienestar para los consumidores.

En cada instancia que se valore intervenir (tanto ante actuaciones de agentes económicos como para promover cambios regulatorios) se deben valorar tanto las consecuencias de intervenir como de no hacerlo, para evitar que – irónicamente – sean las actuaciones u omisiones de la autoridad las que generen los efectos que la Ley de Competencia debe combatir.

No es una tarea sencilla. Esperamos que las autoridades de nuestro país utilicen sus nuevas potestades para promover mercados competitivos, y hacer de ello una de las principales herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad, cumpliendo de esa forma con el mandato constitucional de estimular la producción y promover el adecuado reparto de la riqueza.

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