¿Con quiénes somos solidarios?

C ada vez con más frecuencia se pone sobre la mesa la necesidad de remover barreras a la competencia en los mercados, por ser este el mecanismo ideal para bajar precios, mejorar la eficiencia y aumentar la productividad. De hecho, nuestras regulaciones son muy poco favorables con la competencia y son en gran parte responsables de la brecha en competitividad que nos afecta.

La oportunidad de mejora es enorme. Según la OCDE, si eliminamos barreras para equipararnos al promedio de la organización, el PIB per cápita podría aumentar cerca de un 5.3%. Además, si se llevan al nivel de los 5 países con regulaciones más eficientes el aumento podría ser de hasta un 24%. Un muy claro ejemplo de ello son las regulaciones eléctricas, cuya interferencia en nuestra competitividad se calcula que es más de 3 veces superior al del promedio de la OCDE.

A pesar de estar demostrado con “datos duros” que mejorando la competencia en el mercado eléctrico bajarán las tarifas y aumentará de forma significativa en la competitividad del país, el debate no es pacífico. Algunos sectores se oponen a una muy necesaria reforma. Un común denominador de quienes defienden el status quo es apelar a la “solidaridad tarifaria”, argumentando que la falta de competencia es el precio que debemos pagar para poder tener tarifas solidarias.

Este argumento, sin embargo, no se ajusta a la realidad. Tener un modelo solidario es sin duda fundamental, pero no es incompatible con la competencia y eficiencia en el mercado (podemos tener ambas). Además, la “solidaridad tarifaria” en nuestro país le da la mayoría de los subsidios a quienes no los necesitan.

Los subsidios a las tarifas en nuestro país funcionan así: Sabiendo que los hogares de menor poder adquisitivo consumen menos electricidad, los primeros 200 kWh pagan una tarifa preferencial. Como referencia, quien consume esa cantidad de energía paga cerca de ₡14.000,00 al mes (dependiendo de la distribuidora que presta el servicio). El costo de ese subsidio se cubre recargando la tarifa por consumos superiores a los 200 kWh. En la realidad, sin embargo, los mayores beneficiados no son los más necesitados.

Según datos obtenidos en la ARESEP, en los últimos 4 años el 54% del monto del subsidio terminó beneficiando a usuarios cuyo poder adquisitivo les permite pagar la tarifa completa de electricidad. Esto implica que casi US$ 117,000,000.00 anuales (pagados por nosotros los usuarios) se destinan a subsidiar a quienes no necesitan subsidio alguno. Tan solo un 8% del subsidio terminó beneficiando a usuarios del estrato económico más bajo, que es el grupo que consume menos de 100 kWh al mes (que paga aproximadamente ₡7.000,00 mensuales en su recibo eléctrico).

Estos datos no deberían sorprendernos. Desde hace ya varios años las mejores prácticas internacionales y abundante literatura económica aconsejan abandonar este tipo de subsidios en las tarifas, precisamente por beneficiar a quienes no los necesitan. Desde el año 2009 los países de G20 se comprometieron a abandonar progresivamente este tipo de esquemas y sustituirlos por apoyo focalizado a las personas con menores ingresos. Esta práctica es recomendada por la OCDE también a los países en desarrollo, teniendo como beneficio adicional una mejora en las finanzas públicas por aumento en la recaudación.

Es mucho más efectivo y eficiente procurar tarifas eléctricas lo más bajas posibles para todos, y asistir de forma directa a quien realmente lo necesita. Así, se asegura que los subsidios los reciban únicamente los sectores necesitados, a la vez que baja el costo de la electricidad para los demás usuarios.

Este esquema, además de realmente solidario, no se contradice con una mayor competencia y eficiencia en el mercado. Es decir, la elección entre “solidaridad” y “competencia” es una falsa dicotomía, ya que podemos tener ambas (y recibir los beneficios de la competencia en el mercado sin dejar de ser solidarios con quienes lo necesitan). Abundan en el mundo los ejemplos de países que lo han logrado.

Finalmente, y aun cuando no los he analizado a fondo, me atrevería a adivinar que si se revisan los datos de cómo se distribuyen otros subsidios y esquemas “solidarios” (que desgraciadamente abundan en nuestro país), los resultados serían igualmente decepcionantes.

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