E n la última década, después de la Gran Depresión, Costa Rica mostró algunos resultados económicos positivos, donde destaca la mayor estabilidad financiera que se reflejó en menores y más estables tasas de inflación, de interés y tipo de cambio. Por ejemplo, en este lapso la inflación promedio anual fue inferior al 4%, la devaluación nominal menor a 1 % anual y la tasa básica pasiva muy similar, excepto en algunos pocos períodos. El tipo de cambio real se apreció un 20%, lo que incrementó la riqueza en moneda nacional, pero al mismo tiempo, encareció el país y afectó la competitividad de algunos sectores transables.
Paradójicamente, junto con esa seudo estabilidad financiera, se empezó a gestar un gran desequilibrio fiscal y aumento explosivo de la deuda pública. Mientras en el 2007 y 2008 el Gobierno Central mostró pequeños superávits financieros y una deuda/PIB de 25%, al final de este 2018 esos indicadores serán de -7% y 55%, respectivamente. La deuda se incrementó en promedio a razón de 3 puntos porcentuales anuales; es decir, alrededor de US$1.800 millones por año a precios actuales. Se acumuló, irresponsablemente, un gran desequilibrio macroeconómico y perdimos el grado de inversión otorgado por Moody's.
Con la inversión real en infraestructura prácticamente estancada, las mayores erogaciones y el elevado déficit fiscal se dedicaron fundamentalmente a financiar gastos corrientes, ligados a remuneraciones, pensiones y transferencias. Más recientemente alrededor de 1% del PIB adicional se ha utilizado para atender los mayores intereses de la deuda, asumida precisamente para pagar los gastos ordinarios. Los altos salarios públicos contribuyeron también a deteriorar la distribución del ingreso. Este insostenible crecimiento de la deuda se dedicó a financiar el consumo y no a mejorar la productividad y eficiencia de la economía. Se ha convertido en una bola de nieve.
Al no adoptarse reformas estructurales, las tasas de crecimiento actual y potencial han tendido a reducirse. El motor de crecimiento de los últimos años asociado a la demanda interna se ha desacelerado, en particular el crédito al sector privado, los términos de intercambio, las tasas externas de interés y los flujos de capital. El crecimiento se ha reducido a cerca de 3%, con tendencia a disminuir. Como consecuencia, se ha incrementado el desempleo, estancado la pobreza y aumentado la informalidad. Ahora no disponemos de suficientes recursos para repagar las obligaciones contraídas.
El significativo desequilibrio fiscal ha tenido diversos efectos negativos que se han manifestado en distintas variables, de manera paulatina y sostenida: 1. Absorbiendo cada vez más recursos financieros. 2. Desplazando el financiamiento del sector privado. 3. Incrementando las tasas de interés. 4. Apreciando el tipo de cambio real. 5. Desacelerando la actividad económica. 6. Deteriorando las carteras crediticias y de títulos valores. 7. Reduciendo los recursos para infraestructura. 8. Aumentando la deuda de corto plazo, a tasas variables y en moneda extranjera. 9. Incrementando los riesgos y bajando las calificaciones crediticias. 10. Últimamente, presionando el mercado cambiario, el tipo de cambio y disminuyendo las reservas monetarias.
Al alcanzar la deuda del Gobierno niveles superiores al 50% del PIB, han surgido los riesgos de liquidez. Los inversionistas han demandado cada vez mayores tasas de interés y disponibilidad para prestar a menores plazos. La situación no se empeoró antes por prevalecer liquidez internacional y contar con un mercado cautivo constituido por los fondos de pensiones, de instituciones públicas y de los bancos estatales. Recientemente el Ministerio de Hacienda se vio en la necesidad de acudir al financiamiento extraordinario del Banco Central por 498.000 millones de colones. Es un paliativo para ganar tiempo mientras se adoptan algunas de las medidas.
La situación es realmente crítica; estamos al borde del abismo. Ya se empiezan a observar algunos resultados muy preocupantes. El país no tiene alternativa. De no aprobarse a la brevedad el Plan de Fortalecimiento Fiscal, es probable que el Gobierno presente dificultades para atender algunas de sus obligaciones, con grandes secuelas negativas. Este proyecto de ley no resuelve el gravísimo problema fiscal. Constituye un primer paso y una señal positiva para los inversionistas y los organismos internacionales. Luego habrá que evaluar la conveniencia de suscribir sendos programas de estabilización con el Fondo Monetario Internacional y de reforma del sector público con entidades de desarrollo como el BID y el Banco Mundial.
Cuando un país no es capaz de manejar responsablemente sus finanzas públicas y la economía en general, en algún momento puede verse obligado a acudir al apoyo de los organismos especializados. Tendremos que apretarnos el cinturón y empezar a pagar la fiesta. La experiencia y credibilidad de estos organismos serán claves para superar este trago amargo. Contribuyeron a superar la crisis de principios de los ochentas y a sentar las bases para los años siguientes. En la última década abusamos de las favorables condiciones de liquidez y financiamiento que imperó en la economía mundial. Nos generó una especie de enfermedad holandesa.
La mayoría de costarricenses ha comprendido la encrucijada en la que nos encontramos, a pesar de que no se beneficiaron del exceso de gasto y gran endeudamiento público. Han estado dispuestos a aportar su granito de arena. Esperemos que los sectores sindicales, representativos de algunos funcionarios públicos, comprendan la gravedad de la situación y estén a la altura de las circunstancias. El período para adoptar las primeras medidas necesarias se acaba. Las condiciones externas son menos favorables. Habrá que proseguir con acciones adicionales. El camino es largo y tortuoso. Requerirá de gran sacrificio y magnanimidad.
Ojalá podamos resolver este problema y en el futuro adoptar las medidas necesarias para evitar su reaparición. Es imperativo establecerlo claramente en la Constitución y cumplirlo obligatoriamente. Ya ha generado muchas dificultades como para que se vuelva a repetir. Ningún país se ha desarrollado a base de mayor gasto público, creando múltiples instituciones, acumulando elevados déficits y recurriendo a altos niveles de endeudamiento público para financiar gastos corrientes. Lástima que el país no estaba preparado cuando un grupo visionario presentó el Proyecto de Garantías Económicas para protegernos de la indisciplina fiscal.
Articulo original de CRhoy