Costa Rica necesita un colegio profesional de diputados

E l pasado 29 de Abril, la diputada Marulin Azofeifa -electa como diputada para el partido Restauración Nacional-, presentó el proyecto de ley 21370 que crearía un Colegio de Estilistas y Afines. Este colegio estaría a cargo de imponer sanciones por mala praxis y ejercicio ilegal de la profesión a estilistas, peluqueros, barberos, maquillistas y manicuristas. Asimismo, esta ley obliga a las personas interesadas en estas profesiones a acreditarse ante el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y aprobar un examen de incorporación al Colegio, así como a pagar cuotas de colegiatura. El simple hecho que esto se discuta actualmente debería ser motivo de preocupación por dos razones.

La primera es que una ley como tal no es lo que se debería estar discutiendo ni lo que se necesita. La prioridad actual de Costa Rica es la reactivación económica y la generación de empleo. En los siguientes gráficos muestro como ha variado el índice mensual de actividad económica (IMAE) con respecto al mismo mes un año antes y, el comportamiento del desempleo y del empleo informal por trimestres desde el 2011:

Después de un repunte en la actividad económica entre el 2014 y el 2016, hay una clara tendencia a la desaceleración de la economía. En donde en los últimos dos años, hay menos actividad económica que en el mismo mes un año antes. Asimismo, desde el 2011, la tasa de desempleo y el porcentaje de empleo informal han sido en promedio 9.7% y 41.9% respectivamente. Estos son niveles altos y preocupantes. Además, no parecen existir quiebres de tendencia en el corto plazo en ninguno de los tres indicadores mostrados en los gráficos. A esto hay que sumar la delicada situación de las finanzas públicas en el corto plazo y el alto costo del crédito en Costa Rica actualmente.

Entonces, un colegio profesional como el propuesto por la diputada Azofeifa se traduciría en un aumento en los costos y de operación en un mercado dentro de una economía con problemas de desempleo, informalidad y con una recién aprobada reforma fiscal que entrará en efecto en los próximos meses. Al margen de si un colegio profesional es bueno o no para una sociedad, o su necesidad de ser, este no es el momento para discutir al respecto. Los datos y la realidad macroeconómica muestran claramente que hay temas de mucho mayor peso e importancia.

El otro motivo de preocupación de esta ley es más de índole político que económico. Este proyecto es consecuencia de la improvisación y falta de rumbo del bloque “Nueva República”. Este no es un partido político real por el cual los costarricenses votamos en las pasadas elecciones, y desde su establecimiento ha estado envuelto en numerosas polémicas. Además de múltiples roces y ataques con la cúpula no rebelde de Restauración Nacional, se sabe de investigaciones sobre donaciones de bolsas con dinero en efectivo hechas a la campaña de Fabricio Alvarado que no se reportaron al TSE, de acusaciones sobre el presunto pago de encuestas publicadas por la firma OPol Consultores y, sobre el viaje de Jonathan Prendas a un congreso a Madrid, España, el cual fue pagado por un empresario asesor de él.

El simple hecho que una organización política improvisada por la que nadie votó tenga poder, debería ser preocupante para todos los costarricenses. Pero es aún peor cuando esta está envuelta en cuestionamientos éticos, y utiliza tiempo y recursos para discutir sobre proyectos de ley no prioritarios para el país.

En cualquier caso, una alternativa ante esta situación es seguir la lógica del proyecto de ley 21370, y abogar por la creación del Colegio Profesional de Diputados de Costa Rica. Con este, se busca evitar los abusos de poder, las ocurrencias y mala praxis políticas de nuestros diputados. También, sería imposible que un partido no afiliado al Colegio Profesional tenga representación política llegue a la Asamblea Legislativa.

O una solución sencilla es que, como sociedad, nos preocupemos y seamos más críticos con aquellas personas a las que les damos poder.

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