Cuatro estudios sobre competencia, regulación y productividad

S i Costa Rica aspira a mejorar significativamente el nivel de vida de sus ciudadanos, la clave se encuentra en aumentar la productividad. Cuatro estudios arrojan luz sobre lo que se debe hacer.

Un estudio de la Academia de Centroamérica indica que la productividad laboral de Costa Rica debería crecer al 6 % anual durante los próximos veinte años, a fin de igualar el ingreso promedio con los países de la OCDE. Esa no es tarea fácil, sobre todo cuando se toma en cuenta que durante los diez años anteriores a la pandemia la productividad laboral del país creció un 3 % anual.

Otro estudio de la Academia de Centroamérica analiza las experiencias de países que han podido incrementar notablemente su productividad y, por lo tanto, los ingresos de sus habitantes. Una de las claves del éxito radica en la innovación, ya que esta usualmente viene acompañada de una reasignación de recursos, de actividades de baja productividad a otras de mayor.

Para garantizar una buena reasignación, lo ideal es que el grado de competencia en los distintos mercados sea el mayor posible.

Para ello, según un estudio de la Universidad Lead, se requiere un marco legal adecuado y moderno, y una política explícita nacional de promoción de la competencia. En Costa Rica, por el contrario, el marco regulatorio tiende a favorecer la presencia de monopolios públicos y privados, y, en lugar de promover la rivalidad, prevalece lo opuesto: un sobreproteccionismo por miedo a que los costarricenses tengamos que competir unos contra otros.

En los servicios públicos, donde no hay competencia, lo ideal es que la fijación de las tarifas se haga a través de un modelo regulatorio que aspire a emular, lo más posible, un ambiente de competencia.

Otro estudio de la misma universidad explica que en nuestro país el modelo tarifario de servicios públicos está lejos de esa aspiración. Al guiarse por los principios de servicio al costo («a lo que cueste») y de equilibrio financiero («nunca puede perder»), el sistema no promueve ni la eficiencia ni la productividad. No hay incentivos para ser innovadores en servicios públicos, por lo que se pierde la posible reasignación de recursos que podrían convertirnos en una economía de elevada productividad.

En los estudios mencionados vienen más detalles sobre cómo alcanzar ese objetivo.

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