Defender la vida y la salud y prever la economía futura

E stamos abrumados por una peste y por las consecuencias económicas que tendrá. Todos queremos actuar y resolver el problema. Pero no tenemos los medios para evitar los daños a la salud que causará el coronavirus COVID-19, aunque sí para disminuirlos. Tampoco tenemos los medios para evitar los costos económicos y sociales que tendrá la enfermedad y su control, pero sí debemos actuar con sabiduría para no agravarlos y con previsión para atemperarlos. Y en medio de tanta dificultad debemos prepararnos para sortear un peligroso futuro económico.

Claro que lo primero es la protección de la vida y de la salud de las personas, aunque los medios para disminuir la difusión de este virus implican grandes costos. Se cierra el país al turismo que representa casi un 19% del total de las exportaciones de bienes y servicios del país. Se cierran bares, centros de entretenimiento, gimnasios, estadios, y se reduce a la mitad el uso de restaurantes y otros negocios. Mucha gente quedándose en su casa consume menos, y no usa el transporte. Y es necesario hacerlo para prevenir el contagio y la diseminación acelerada del virus que causaría mucho mayores daños a la vida y la salud de las personas, si llega a acumular tantos casos que sobrepase la capacidad de nuestro muy buen sistema de salud. Si no se toman estas medidas el costo humano sería aún mayor, a pesar de la capacidad de nuestro sistema de salud, de la gran vocación de servicio de las personas que lo atienden y de la previsión de las autoridades para proveerse de respiradores y otros instrumentos médicos. Pero tomar las medidas para evitar el contagio -como bien se ha hecho- aumenta el costo económico presente y futuro.

Enfrentaremos también mayor dureza económica porque la pandemia afecta a nuestros socios comerciales. Ellos también ven disminuida su capacidad productiva por la interrupción de las cadenas globales de valor y la caída en el empleo, y al mismo tiempo sienten el efecto de la disminución de demanda por la disminución de ingresos de los trabajadores y de las empresas. Esto nos golpeará con menores facilidades para exportar, menos generación de visitantes que vengan a disfrutar las bellezas y encantos de Costa Rica, menor flujo de inversión hacía nuestro país, e incluso más dureza en los mercados financieros que estarán sobrecargados por la demanda de muchas otras naciones, que también buscarán como desviar hacia el futuro parte de la penuria económica y social.

Para acumular males, partimos de una muy precaria situación fiscal. A pesar de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el cierre de 2019 nos trajo la mala noticia de que tanto el déficit financiero como el primario del gobierno central fueron mayores a lo esperado, a pesar del inicio de la recaudación de los nuevos impuestos. Esto pone un muy importante límite a la capacidad del gobierno para aliviar el peso de la dura situación que el coronavirus significa. Las medidas que el Sr Ministro de Hacienda anunció en su presentación ante la Asamblea Legislativa al comentar esos resultados, aún no se han concretado, y ahora más bien tendremos el efecto negativo sobre la recaudación tributaria de la disminución de la producción en importantes sectores de nuestra economía y del menor consumo de las familias.

El gobierno bajo el liderato del Sr Ministro de Salud Dr. Daniel Salas ha respondido -a mi entender- muy adecuadamente a la crisis de salud que nos golpea, pero esta pandemia difícilmente permitirá recuperar la confianza de empresarios y consumidores, que buena falta nos ha hecho para reactivar la economía nacional. Así, el ataque del coronavirus 19 y su grave secuela económica nos toma con un muy serio déficit de confianza y con finanzas públicas muy deterioradas.

Para enfrentar ambas dificultades se requiere lo mejor de la tradición costarricense: previsión y unión. Respecto a salud me parece que se va logrando, aunque no se podrá -porque es imposible- evitar que mucha gente se contagie y que suframos una importante y dolorosa cantidad de muertes.

Desdichadamente hay personas que no responden ni a las demandas para la protección de su propia salud, y menos a la obligación cristiana de proteger a los demás, y en especial a quienes son más susceptibles a que el coronavirus los afecte más. Sobre ellos debe caer el peso de la ley.

Respecto a las consecuencias fiscales y económicas el panorama de su atención me parece menos claro y en ambos temas todos estamos llamados a colaborar. Unos, participando al menos disminuyendo la cadena de contagios y manejando muy cuidadosamente sus finanzas. Otros, aportando sus conocimientos y sus acciones.

Debemos hacerlo fortaleciendo nuestra institucionalidad y uniéndonos alrededor del Presidente y las autoridades públicas, no debilitándolos ni opacándolos, no tratando de sacar pírricas ventajas personales, no recurriendo a acciones que nos deparan pequeños beneficios presentes pero con desastrosas consecuencia futuros.

Para lograrlo es necesario construir sobre nuestras fortalezas y no agravar nuestras debilidades.

Tenemos un Banco Central y un sistema financiero bastante sólidos, gozamos de una buena acumulación de reservas internacionales y la inflación actual y esperada son bajas, lo cual se fortalecerá con la disminución de precios del petróleo.

Esas fortalezas permiten una política monetaria y acciones del sector financiero que brinden auxilio a las empresas de los sectores más afectados por los costos económicos de la pandemia, que en mi opinión deben condicionarse a compromisos de las empresas de efectuar esfuerzos significativos para que la reducción del empleo sea mínima.

Aunque la CCSS y el ICE no están boyantes, y más bien requieren ajustes para enfrentar adecuadamente el futuro, en ambas instituciones se podrían establecer programas que mitiguen los efectos perjudiciales de las disminuciones de producción en las áreas más afectadas. Disminuir costos de electricidad bajando las tarifas a los sectores productivos más seriamente afectados, pues posponer su pago de poco ayuda a quienes prácticamente están cerrando. Bajar las cuotas de seguridad social para adaptarlas a las jornadas de trabajo empleadas, tal como se está aprobando. Esas medidas deben ser paliadas en sus efectos negativos sobre las finanzas de ambas entidades con mayor restricción de sus gastos y con la restructuración pendiente del ICE. Más adelante tendremos que efectuar ajustes para recuperar esos costos presentes y asegurar la viabilidad y la eficiencia de nuestra seguridad social y de nuestro sector eléctrico.

Es adecuado acudir -cuando en el futuro sea posible hacerlo con un buen precio- a la venta de activos públicos para enfrentar las difíciles consecuencia económicas y sociales que nos causa el coronavirus 19. Para ello debemos empezar con esos procesos ya pues toman mucho tiempo. Pero no debemos hacerlo para gastar esos recursos. Los ingresos por esas ventas posibles de BICSA, FANAL, BCR y el INS deben usarse exclusivamente para constituir activos públicos más útiles para la sociedad o para disminuir pasivos. Esta restricción se debe aplicar a la propuesta de establecer un impuesto especialmente alto sobre las ganancias del INS, y titularizarlo para vender su valor presente. Esto es parcialmente equivalente a venderlo, pero continúa el estado asumiendo el riesgo y manejando su burocracia, lo que en mi criterio no es una buena alternativa.

Otro es el caso del gobierno central. Esa magdalena no está para tafetanes.

Las finanzas del gobierno central se van a ver afectadas por una importante disminución de ingresos, de manera que el aumento del gasto total debe ser muy limitado, y preferiblemente inexistente.

Esto obliga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a ser muy austeros frente a las justificadas demandas de los sectores que estarán en problemas. Y se deberá extremar el cuidado para atender las necesidades de las familias que caigan en pobreza. La regla debería ser que solo se podrá aumentar el gasto para atender las más básicas demandas de las familias que caigan en pobreza o para auxiliar a empresas en grave coyuntura temporal, en la misma medida en que se pueda disminuir otro gasto corriente del gobierno ajustando temporalmente sueldos o por otras medidas que lo permitan. Claro sin repetir el grave error del ajuste en la década de 1980, cuando se disminuyó el gasto en educación primaria y secundaria y en salud básica, con nefastas consecuencias sociales y económicas que todavía sufrimos.

No podemos evitar las consecuencias reales en salud, economía y calidad de vida de la epidemia. No desaparecen ocultándolas, ni sus consecuencias se corrigen por arte de magia. Ni el Poder Ejecutivo ni la Asamblea Legislativa pueden evitar que Costa Rica por esta causa se empobrezca. Por eso es muy peligroso que se pueda sucumbir a las tentaciones populistas y a las demandas injustificadas de muchos sectores. Es hora de mesura y no de excesos.

Lo importante es que la sociedad ayude a las familias que caen en pobreza, y a la vez evitar problemas que se dan por falta de liquidez de las empresas y familias, que principalmente se resuelven por readecuaciones y créditos. Por el empobrecimiento, todos deberemos apretarnos la faja por un rato. Debemos hacerlo ayudando a las familias en condiciones de pobreza cuya faja no resiste ajustarse más. Respecto a estas familias es importante la determinación del gobierno de no cortarles el suministro de agua y electricidad, y aún se podría considerar condonarles el pago de agua y electricidad por un período muy corto. Y debemos hacerlo creando condiciones para evitar quiebras comerciales o personales que no se justifican porque son negocios que podrán seguir operando después de la crisis. En este último campo es muy importante la conducta que los bancos sigan en adecuar los créditos de las empresas que temporalmente vean muy afectados sus flujos de caja, tal como lo determina la directriz del gobierno. Y es importante que todas las medidas en favor de familias pobres y empresas ilíquidas sean muy focalizadas a quienes de verdad lo necesiten. Los recursos son cada vez más escasos por el empobrecimiento que sufre el país.

Aún con un comportamiento muy responsable los resultados fiscales van a ser peores a los que se esperaban antes del coronavirus, lo que dificultará su financiamiento.

Además, los mercados financieros internacionales recibirán las demandas de muchos países que se verá precisados en buscar financiamiento.

Ya el deterioro económico nos ha afectado. Los bonos de Costa Rica con vencimiento en 2045 y con una tasa facial de interés de 7,158% se transaban el pasado 6 de marzo en 105,13% dando un rendimiento de 6,731%. En un cortísimo plazo, el día 18 su precio fue de 71,50% demandando un rendimiento de 10,37%. Esto significa una inmensa pérdida de una tercera parte de su valor. Con ese tipo de intereses el financiamiento de la deuda pública nos llevaría a una pauta explosiva e insostenible.

Gozamos de un muy valioso activo nacional: tener un Presidente del Banco Central y un Ministro de Hacienda con exitosas carreras y gran prestigio en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Considero que desde ya se debería elaborar por su parte una estrategia para contar con financiamiento a tasas de interés bajas para el déficit fiscal de2021 y 2022.

Recordemos los grandes éxitos que el país tuvo después de la crisis de inicios de los ochenta en la renegociación de la deuda externa. Los equipos económicos de los gobiernos de don Luis Alberto y de don Oscar -en los cuales destaco la labor de don Eduardo Lizano- tuvieron gran éxito en lograr el apoyo de los entes internacionales con gran ventaja para el país. Tener éxito en este empeño será posible ahora por la actitud patriótica que manifiestan los partidos de oposición, de igual manera a como en aquella época se logró gracias al inmenso apoyo que dio la oposición encabezada por don Rafael Ángel Calderón que, de nuevo al igual que ahora, incluso proporcionó los votos que el gobierno no tenía para la aprobación de los proyectos requeridos.

Hoy considero que debemos adelantarnos, y mitigar la dureza de los mercados financieros que ya sufrimos, con un programa de apoyo financiero de los entes internacionales que desde ahora se prepare y empiece a negociar.

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