Desempleo juvenil, pasantías y la Caja

D e acuerdo con las estadísticas oficiales, la población joven (personas con edades entre 15 y 24 años) es la que más sufre el problema de desempleo. La tasa de ocupación entre los adultos es mayor que entre los jóvenes, los cuales permanecen más tiempo desempleados que los adultos. Por otra parte, existe una población en edades entre 12 y 24 años inclusive que no asisten a la educación formal y que se encuentran inactivos respecto a su condición laboral. Esta población, conocida como ninis, fue de 201.870 según el censo nacional 2011. La misma ha venido creciendo con el tiempo, situación que está relacionada con la pérdida de matrícula en los centros de educación formales, entre otros factores. Son jóvenes que, al abandonar el sistema educativo, tienen una baja escolaridad (72 por ciento tiene secundaria incompleta o menos), situación que les dificulta el acceso al mercado laboral. El país enfrenta entonces un círculo vicioso que afecta a más de 200.000 jóvenes, que no se ha logrado romper. En las condiciones actuales el país está desperdiciando el aporte productivo de una masa importante de jóvenes en su mejor momento para absorber conocimiento y habilidades.

Algunas iniciativas han sido presentadas para enfrentar el problema descrito. En su momento fueron sometidos a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley para introducir en el país el concepto de formación dual. El mismo consiste en proveer a jóvenes la capacitación teórica básica combinada con prácticas en centros de trabajo, bajo la guía de tutores especializados. Este modelo es ampliamente utilizado en Europa y en algunos países de América Latina, con beneficios probados. En Alemania, por ejemplo, el modelo de pasantías de jóvenes en empresas, talleres, fábricas, etc., ha sido muy exitoso para reducir el desempleo juvenil.

En Costa Rica se han levantado voces que objetan el esquema de formación dual, bajo el argumento de que las pasantías no son más que formas de mano de obra barata para las empresas, en una suerte de explotación laboral. Si este fuere el caso, existen formas de regular el esquema bajo la supervisión del Estado mediante acuerdos con el sector empresarial en los que quede claramente establecido que los pasantes no son trabajadores remunerados, sino aprendices de un oficio que en un futuro bien pudieran desarrollar en la misma empresa donde están aprendiendo, o en otras. Se dice también que el esquema no es viable de acuerdo con la Ley de Aprendizaje de 1971. Convendría analizar dicha ley en sus alcances a la luz de las circunstancias actuales, e introducir las reformas pertinentes pensando en generar oportunidades laborales para jóvenes desempleados, y no decir simplemente no se puede. El legalismo paralizante es uno de los principales factores que entorpecen el crecimiento y desarrollo socioeconómico del país.

En el evento de que las autoridades correspondientes y el sector empresarial acordaran poner en práctica la formación dual con pasantías, bajo condiciones pactadas, se presenta un obstáculo adicional. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) insiste en su posición de que las empresas deben incluir a los aprendices en planilla y pagar el seguro social correspondiente. Es decir, para la CCSS un pasante es un funcionario de la empresa y como tal la empresa debe pagar seguro social. Tal interpretación implica imponer una carga a la empresa, en adición a los compromisos que la misma incurriría para cubrir gastos de transporte, alimentación, seguro por riesgos del trabajo, cubiertos mediante un subsidio, no un salario. En esas condiciones, las empresas no tendrían el incentivo para participar como formadoras. Con lo cual, se cerraría una opción para dar capacitación a jóvenes actualmente desempleados que les facilite su acceso al mercado laboral. En todo caso, bien haría la CCSS en indagar cómo países que han implementado la educación dual interpretan el tema de las pasantías, a fin de valorar si su posición es correcta de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.