Desigualdad, represión y criminalidad

E n el último año, la criminalidad en nuestro país ha crecido como nunca antes. Pasaremos de 12 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022 a más de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2023. Pasaremos de 588 homicidios en 2021, a 656 en 2022, y a 900 en 2023 (proyección con los datos a agosto de 2023). Tenemos más posibilidades de ser asesinados en San José que en muchas ciudades de México y muchísimo más que en Nueva York (hace 30 años era exactamente al revés). Y si nos comparamos con el pasado, tenemos hoy cuatro veces más de posibilidades de ser asesinados (en proporción a la población), que hace 30 años.

Los expertos y encargados de la seguridad en el país, tienen múltiples explicaciones: narcotráfico, lucha por territorios, bandas internacionales, descomposición social, falta de personal y de fondos para combatir el crimen, pobreza y falta de oportunidades, desigualdad, permisividad, garantismo penal, etc.

Para empezar, conviene recalcar que la criminalidad no admite explicaciones ni soluciones simplistas. Entre las tesis más comunes, hay tres destacables: 1) Hay quienes se centran en que la solución es la aplicación tajante o excepcional de la Ley (y sin muchas garantías individuales), y ponen como ejemplo “exitoso” de esa tesis, la caída de la criminalidad en El Salvador de Nayib Bukele. 2) Hay quienes sostienen que la aplicación drástica de sanciones penales (pena de muerte, cortar la mano, por ejemplo), es un instrumento necesario para combatir la criminalidad, y ponen como ejemplo la bajísima criminalidad en los países árabes que la aplican drásticamente. 3) Hay quienes afirman que bajos niveles de pobreza y mayor equidad en la distribución de la renta son garantía de menores niveles de criminalidad y ponen como ejemplo los países nórdicos de Europa, con altos niveles de bienestar y de equidad, y con bajos niveles de criminalidad.

Las tres tesis, como vemos, tienen ejemplos concretos para sustentarlas. El problema práctico es que la fórmula de mayor igualdad y bienestar social toma muchos años (décadas, quizás) en rendir frutos en materia de criminalidad. El problema es que la aplicación excepcional y drástica de la Ley penal, contradice muchos de los principios constitucionales y el respeto de los derechos humanos, en los que se funda la civilización occidental y nuestro país. Además, esas tesis desatienden otros problemas asociados a la criminalidad: narcotráfico y crimen organizado, corrupción, etc.

Por si fuera poco, frente a cada una de esas tesis, pueden plantearse matizaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay Estados que aplican la pena de muerte, y Estados que no la aplican. Sin embargo, los niveles de criminalidad entre unos y otros Estados no difieren en lo sustantivo.

Por otro lado, aunque en el largo plazo el bienestar y bajos niveles de pobreza y mayor igualdad, pueden mantener a raya la criminalidad; en el corto plazo, más equidad (medida por el Coeficiente Gini), no garantiza una caída de la tasa de homicidios.

Aunque, en general, la desigualdad en ingresos, con diferencias muy amplias entre los más ricos y los más pobres, está fuertemente asociada al crimen, existen demasiadas excepciones como para establecer una regla inequívoca.

En América Latina, por ejemplo, Uruguay, uno de los países más equitativos de la región y con la menor tasa de pobreza, tiene niveles de criminalidad superiores a países con más pobreza y más dispares distribuciones de la riqueza como Paraguay, Perú o Chile. Costa Rica tiene mucho menor pobreza que Nicaragua, pero la criminalidad de nuestro país es superior a la de ese país. En varios países, ha aumentado la inequidad mientras ha bajado la criminalidad (Estados Unidos entre 1990 y 2020, por ejemplo). Honduras en 1990 era un país tanto o más inequitativo que en el 2022, pero los homicidios en 1990 (10 por 100.000 habitantes) eran muchísimo más bajos que en los últimos años (38 por 100.000 en el 2021). Mientras que en Argentina la pobreza es mucho mayor que en Uruguay, sus índices de criminalidad son menores.

Aunque un crecimiento de la desigualdad y la pobreza sean caldo de cultivo para la criminalidad, destaco que ésta es un fenómeno complejo que no admite explicaciones simples ni soluciones mágicas. Bajar la desigualdad y la pobreza deben ser objetivos prioritarios en una sociedad democrática y libre, pero creer que con lograr esa meta, vamos a bajar automáticamente la criminalidad es, cuando menos, ingenuo.

Por otro lado, creer que a punta de represión vamos a desaparecer la violencia es también ingenuo. Tampoco es cierto que la democracia y la vigencia de los derechos humanos, sean caldo de cultivo de la criminalidad. Entre los países que más han aumentado la criminalidad aparecen países que han desmantelado su condición democrática (Venezuela, por ejemplo), aunque también hay los que la han mantenido de forma constante (Costa Rica, por ejemplo).

¿Qué explica el crecimiento de la criminalidad en nuestro país? No se sabe a ciencia cierta, pero hay algunas pistas: a) mantenemos niveles altos de desigualdad y no bajamos los índices de pobreza; b) la drogadicción ha aumentado y, por su causa, los narcotraficantes aumentan la presión por dominar territorios (es decir, por venderle más drogas a nuestros jóvenes en barrios y colegios, lo que produce, además de mayor dolor a sus familias, más delincuentes potenciales); c) se aumentaron las leyes, las penas y los medios de protección a tantos temas, que se perdió el énfasis en los delitos más violentos; d) no aumentamos nuestro sistema de seguridad en proporción al crecimiento de la criminalidad; e) no priorizamos adecuadamente; etc.

Enfrentar la criminalidad creciente supone: 1) darle prioridad política, social y legislativa al tema; 2) atender las causas sociales que más la promueven; 3) aumentar los instrumentos, la tecnología, la inteligencia y el personal policial y criminológico (la fuerza pública no ha crecido en proporción a los problemas que enfrentamos); 4) revisar procedimientos judiciales (garantizar a las víctimas tanto o más que a los derechos de los trasgresores); 5) atender el hacinamiento carcelario (ello contradice nuestras tradiciones humanitarias e incita a dejar impunes muchos delitos por el temor de aumentar el citado hacinamiento); 6) ser más estrictos con los delincuentes habituales o reincidentes (no otorgarles libertades condicionales mientras son procesados, teoría de los tres strikes); 7) combatir todos los crímenes, independientemente del monto de lo sustraído (teoría de las ventanas rotas); 8) no premiar tanto los medios (arrestos, por ejemplo), como los resultados (caída de la criminalidad).

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