El costo de los errores en regulación y competencia

L as intervenciones del Estado en la economía, por medio de regulaciones o de acciones de las autoridades de competencia, deben perseguir fines de interés público. Entre estos objetivos están el de rectificar fallas del mercado, corregir conductas anticompetitivas, reducir barreras al comercio, garantizar uniformidad en las reglas de juego, y otros. Por su parte, si se interviene de forma equivocada se corre el riesgo de causar problemas más graves que los que se pretenden solucionar.

En términos generales, las intervenciones en los mercados pueden ser de dos formas: Por un lado las regulaciones directas, que establecen de previo reglas a las cuales deben sujetarse las empresas al ofrecer sus productos y servicios. Por el otro, mediante las Políticas de Competencia (o regulaciones indirectas) se permite a las empresas actuar con libertad, interviniendo cuando cometen conductas anticompetitivas. En ambos casos el objetivo final debe ser siempre proteger a los consumidores.

Las mejores prácticas internacionales recomiendan partir de un principio de competencia y libertad de mercado, al ser este el mejor mecanismo de promover eficiencia y beneficios a los consumidores por los costos de la regulación; las asimetrías de la información entre regulador y regulados; y otros factores. En algunos casos, sin embargo, es preciso acudir a mecanismos de regulación directa, ya que algunos problemas no pueden resolverse por medio de la promoción de la competencia.

La decisión de si se debe intervenir o no en un mercado, y de cuál es la mejor forma de hacerlo debe siempre obedecer a criterios técnicos. Una mala decisión, ya sea de no intervenir cuando se debe, hacerlo cuando no lo amerita, o hacer una mala intervención, generan ineficiencias y costos al consumidor.

Internacionalmente (tomando “prestado” lenguaje utilizado en la estadística) se han identificado dos tipos de errores en la regulación y la competencia: El error “Tipo I” o “Falso positivo” consiste en intervenir en casos que no lo ameritan, o hacerlo de forma incorrecta. Es decir, regular un mercado que no requiere regulación; diseñar mal las regulaciones; o castigar conductas que no son anticompetitivas. El error “Tipo II” o “Falso negativo” consiste ya sea en abstenerse de regular un mercado que sí lo requiere, o en permitir prácticas monopolísticas que deben ser castigadas.

Cuando se cometen errores de Tipo I en la regulación se emiten (o mantienen) reglas que limitan excesivamente el desarrollo y la competitividad, perjudicando la dinámica comercial o creando privilegios a determinados grupos o empresas. Por su parte, los falsos positivos en la aplicación de las leyes de competencia provocan que las empresas actúen con excesiva cautela para evitar el riesgo de ser falsamente acusadas de conductas anticompetitivas.

Los errores de Tipo II (falsos negativos) perpetúan las situaciones que normalmente justificarían una intervención, manteniendo distorsiones injustificadas al funcionamiento de los mercados. Además, al no sancionarse conductas anticompetitivas se incentiva que otras empresas irrespeten también la Ley en perjuicio de los consumidores.

Ambos tipos de errores disminuyen la competencia en los mercados, encareciendo los productos y servicios e impactando negativamente el bienestar del consumidor. Además, se desincentiva la inversión, se limita la disponibilidad y mejoras en los productos, y se deteriora el servicio. Evitarlos, por lo tanto, es clave para que la regulación de los mercados y la aplicación de las leyes de competencia cumplan su objetivo, y no generen situaciones directamente opuestas a su razón de ser.

Para evitar estas situaciones, internacionalmente se han desarrollado parámetros para determinar si un mercado funciona apropiadamente, de manera que tanto la decisión de intervenir o no como la forma de hacerlo estén debidamente justificadas.

Podríamos agregar, además, un tercer tipo de error (si se me permite la licencia creativa, podríamos llamarlo “de Tipo III”), que es la inconsistencia en las intervenciones. Para promover la inversión y el desarrollo en los mercados es esencial poder prever cuándo y cómo se aplicará la Ley, así como la forma en que el Estado regula determinadas situaciones. De lo contrario, además de inequidades, se genera inseguridad jurídica e incertidumbre, que son enemigos del desarrollo económico.

Para evitar (o corregir) estos tres tipos de errores y sus consecuencias es importante hacer evaluaciones periódicas no solo de la cantidad, sino también de la calidad técnica y resultados de las intervenciones de las autoridades que tienen a su cargo emitir y aplicar regulaciones a los mercados. De esta forma, mediante una adecuada rendición de cuentas, se promoverá que las regulaciones cumplan los fines para los que fueron creadas.

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