El ordenamiento del empleo público

E l gobierno desistió del proyecto de ley que buscaba limitar los beneficios salariales de los empleados públicos y con esta decisión puso de manifiesto su poca convicción en poner orden en esta materia. Una vez más vemos cómo los intereses particulares, en este caso los de los sindicatos de empleados públicos, prevalece sobre el interés general.

El interés general tiene dos dimensiones en este caso. Una, avanzar en la solución del problema fiscal y, dos, dotar al Estado costarricense de un sistema salarial equitativo, no abusivo y orientado a mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos.

En efecto, la discusión de este tema está inmersa en el conjunto de medidas para resolver la delicada situación fiscal. El crecimiento excesivo de los salarios en el 2009 generó una preocupación válida sobre la importancia de ordenar el sistema de remuneraciones del sector público para controlar el crecimiento futuro de este rubro de gasto y reducir la probabilidad de que se repita el mismo episodio.

Surgió, además, otra dimensión del problema que es tan importante como la anterior. El Estado costarricense requiere, al igual que cualquier organización, mantener equidad salarial para personas que desempeñan funciones similares, atraer al mejor talento humano, reducir la rotación y promover el mejor desempeño de sus funcionarios.

El sistema de salarios del sector público en Costa Rica, sin embargo, está diseñado de forma que no impulsa ninguno de estos objetivos y el país carece de un Estado que esté a la altura de las demandas de la sociedad actual.

Esto es así pues una buena parte de las remuneraciones de los empleados públicos proviene de los llamados “pluses”, es decir, remuneraciones por encima del salario base. Por un lado, los salarios base, particularmente en los ministerios y sus entidades adscritas, no son suficientes para atraer al mejor talento humano de nuevo ingreso. Por otro lado, los “pluses”, generan importantes desigualdades salariales para puestos iguales dentro y entre las instituciones públicas, así como remuneraciones excesivas en muchos casos. El proyecto de ley de empleo público buscaba reducir esta inequidad con el ordenamiento y equiparación de algunos beneficios salariales, y contener la magnitud del efecto disparador de los “pluses”.

Si bien el proyecto de ley es perfectible en muchas dimensiones y es una reforma aún muy parcial, desistir de él aduciendo que no es crítico para la situación fiscal del país pues no tiene un impacto significativo es una visión miope del problema. Parece más un pretexto para desacreditar una reforma sobre la cual el gobierno nunca demostró convicción. Recordemos que desde inicios de esta administración, el gobierno fue confuso y contradictorio en sus mensajes sobre el tema del empleo público.

Más aún, la miopía no solo es en relación con la importancia de avanzar en el ordenamiento de los beneficios salariales y reducir los efectos negativos del sistema actual, sino también en relación con las posibilidades políticas de continuar con lo que ya era una moribunda discusión de otras reformas fiscales. El mensaje de diversas fracciones en la Asamblea Legislativa ha sido claro desde el inicio en el sentido que las reformas a los impuestos no se apoyarán si no se abordan temas de gasto y particularmente el tema del sistema de empleo público.

Independientemente del impasse político de esta discusión, el tema no debe archivarse pues los retos persisten. Cuanto antes se logren acuerdos, menor será el daño al interés general de la sociedad e, incluso, a los mismos intereses particulares de los empleados públicos. Basta recordar las crisis económicas recientes en España y Grecia que terminaron, entre otras cosas, con fuertes medidas sobre los salarios del sector público.