¿Fracasó el control?

C uando pensamos en la corrupción es necesario recordar, así incomode, lo que en Estudios Económicos de la OCDE sobre Costa Rica (julio-2020) se nos indicó con toda claridad. Las percepciones de corrupción acá, se advirtió, son más bajas que en otros países de América Latina, pero recientemente han aumentado -y son más altas- que en los países de la OCDE. Esto, en un país que por mera conveniencia se compara con países como Chile u Uruguay, debe preocuparnos.

Nuestro país, miembro de la OCDE, debe mirarse en el espejo de los países parte de esta entidad. Y debe comprender, y con eso no me refiero solo al Gobierno, sino que sumo a los órganos de control, prevención y detección de la corrupción, con particular énfasis en lo que refiere a la Hacienda Pública, que estamos muy lejos de alcanzar un estado aceptable de ejercicio probo y legal de la cosa pública.

Control interno. El 31.05.1982 La Gaceta da cuenta del Manual sobre normas técnicas de auditoría para la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. El primer párrafo de ese documento señala: “Muy frecuentemente se habla, en público y en privado, acerca de la mala administración de los fondos públicos; son comentarios que se dan año tras año, independientemente del partido político o de los hombres que gobiernan. Son críticas o comentarios que abarcan hechos típicamente delictivos como la malversación o el peculado, así como el gran desorden que rodea a parte del gasto, generando desperdicio de recursos, agravamiento de problemas, en síntesis, ineficiencia e ineficacia del Estado.” Luego de esas normas, la Asamblea Legislativa y CGR, especialmente, han creado un cúmulo de normas de control, cuyo objeto final es que, en toda entidad pública, prive la legalidad y la ética. Semejante párrafo citado, hoy en día, no ha cambiado. Es más, lejos de mejorar, cabe reconocer que la sociedad tiene una altísima sensación de impunidad, y una idea arraigada de que, en el uso de los fondos públicos, lo que menos hay es orden, integridad y respeto a elementos mínimos de control. Por eso creo oportuno preguntarse si el control ha fracasado, y con él, precisamente los responsables de que, en el Estado costarricense, los componentes de la Hacienda Pública estén funcionando adecuadamente, o en términos de probidad, particularmente.

Casos. La pregunta es necesaria porque de los casos Cochinilla, Azteca, Diamante, como los más recientes, si algo deja en claro la teoría investigativa, es un sofisticado nivel de construcción de redes de corrupción que no se logra en poco tiempo, y menos con pocas personas de lo público como de lo privado. Y, si se supone que hemos hecho una “fortaleza” normativa de control, pues ello, al final, parece ha sido inútil para el objetivo planteado.

Ahora, del proceder del OIJ y el Ministerio Público si algo llama la atención es verlos solos. Desde la óptica de los llamados a ejercer control y prevención, o incluso a sancionar desde el campo de las normas de Hacienda Pública y de competencia, es que no se ven actuaciones interinstitucionales, y de apoyo con los expertos de cada lado.

Por otro lado, si algo hay delicado con esos casos, más allá del clásico interés mediático, es que, en unos meses u años, terminemos con nada o muy poco. Eso, además de ser un duro golpe a la capacidad acusadora del Estado, pesará como espada de Damocles en la paupérrima fe ciudadana en la clase política. Esa teoría de funcionario público igual corrupción estará más sólida, como será poco interesante pasar a laborar para el sector público, con suma tras suma de descrédito. Perdemos capacidad de atraer a las personas más capaces.

Buena administración. No perdamos de vista que los hechos irregulares donde media fondos públicos, socava la confianza en la institucionalidad e incide en la productividad. Afecta los ingresos fiscales y la capacidad para ofrecer servicios públicos de calidad. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, referente Iberoamericano, nos informa que la “buena administración de instituciones públicas parte del derecho ciudadano a que sus asuntos comunes y colectivos estén ordenados de forma y manera que reine un ambiente de bienestar general e integral para el pueblo en su conjunto”. Por eso, el control sobre las actuaciones de quienes tienen responsabilidades en lo público, merece una urgente revisión. Más allá de que se confirmen la tesis investigada de los casos, hay suficientes indicios para asegurar que se está fallando, pero eso pocos lo estamos viendo.

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