Frutos de la reforma fiscal

Al finalizar 2025 se cumplieron siete años de la reforma fiscal. Con ella se logró reducir la deuda del gobierno como proporción del PIB, recuperar la confianza de los inversionistas, bajar la presión ejercida por el Gobierno sobre la captación de recursos en el mercado financiero y, por tanto, sobre las tasas de interés. Este resultado fue posible gracias a un esfuerzo mayor en el control del gasto que en el aumento de los ingresos y, además, se atribuye a un ajuste de calidad, porque corrigió el problema principalmente en los rubros que originaron el deterioro de las finanzas públicas.

Para ilustrar estos resultados, se puede comparar el promedio de algunos indicadores en los siete años previos a la reforma con el de los siete años posteriores (con datos al mes de octubre de cada año): (1) el gasto corriente disminuyó un 1,2% del PIB, explicado principalmente por la disminución en el pago de remuneraciones y las transferencias a otras entidades públicas; (2) los ingresos tributarios aumentaron un 0,6% del PIB, con lo cual se evidencia que el esfuerzo fue mayor del lado del gasto que de los ingresos por impuestos; (3) como resultado de lo anterior, el balance primario pasó de ser deficitario a superavitario desde 2021, y (4) el balance financiero, que incluye todos los ingresos y gastos, disminuyó solo un 0,5% del PIB debido al aumento en el pago de intereses (1,7% del PIB).

Los efectos de segunda ronda no se hicieron esperar: (1) la deuda total del Gobierno comenzó a disminuir a partir de 2021, después de trece años de una deuda creciente; (2) el acceso a financiamiento externo mejoró con condiciones financieras más favorables, pasando de 8,9% a 15,5% del PIB gracias a la mayor confianza de los mercados, evidenciada por la caída del índice de riesgo EMBI y el acceso a préstamos de apoyo presupuestario de los bancos multilaterales, y (3) solo en apoyo presupuestario, el Gobierno ha recibido préstamos por más de 9,5% del PIB, la mayoría durante los primeros cuatro años posteriores a la reforma y ausentes en los veinte años previos.

Otro de los resultados de este esfuerzo de consolidación fiscal fue su efecto en el crecimiento económico y el empleo. Aunque este impacto no se ha medido, es evidente que se han liberado recursos en el mercado financiero para el consumo y la inversión del sector privado gracias a menores necesidades de financiamiento interno del gobierno. Asimismo, la presión sobre las tasas de interés es menor, lo que implica un estímulo para la actividad productiva en comparación con la situación alternativa de un mayor deterioro de las finanzas públicas. Además, se evitó un incumplimiento en el pago de la deuda del Gobierno, lo que habría producido una contracción económica muy fuerte.

Las reformas y su naturaleza gradual

A finales de 2018 se aprobó la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual introdujo ajustes en el impuesto al valor agregado y en el impuesto sobre le renta, así como al control del gasto público. En este último ámbito, fue particularmente importante la introducción de la regla fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto. Ese mismo año ya se habían tomado decisiones administrativas para contener el crecimiento del pago de remuneraciones y se había aprobado una ley que incorporó los presupuestos de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional, cuyos efectos se verían a partir de 2022.

Desde un inicio se estimó que el ajuste total no sería inmediato, sino gradual y, por ello, el rendimiento completo de las reformas se observaría algunos años después. Por un lado, la aplicación de algunas medidas se daría con dos o tres años de posterioridad. Por otro lado, la disminución de la deuda ocurriría con rezago, ya que se requerían varios años de superávit primario y de un menor pago de intereses.

Además de la naturaleza gradual de las reformas, la pandemia interrumpió el proceso de consolidación fiscal. Por esta razón, en 2021, las autoridades firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer el proceso de ajuste fiscal y recibir apoyo presupuestario.

El reto futuro

A pesar de los resultados positivos de la reforma fiscal, la tarea no ha concluido y se requiere mantener la disciplina fiscal, pues el pago de intereses aún es alto y absorbe más de un tercio de los ingresos tributarios del Gobierno. El reto es aún mayor dada la urgencia de encontrar espacios para canalizar más recursos hacia la infraestructura y la inversión social, que han venido acumulando necesidades por varios años. Esto implica una priorización muy clara y consistente del gasto, así como una revisión del tamaño, la eficiencia y la asignación de los recursos de las entidades públicas.

Por último, los ingresos tributarios han venido mostrando una desaceleración en los dos años recientes, lo cual obedece al bajo crecimiento económico fuera de las zonas francas, a la apreciación del colón y a la disminución del impuesto al ruedo. Esta situación merece un abordaje que va más allá de la hacienda pública; sin embargo, en este ámbito, se requiere al menos de un fortalecimiento del cumplimiento tributario y de una revisión profunda de las diversas exoneraciones tributarias.

Las opiniones expresadas son de la autora y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva ni sus Asociados(as).