Gobierno de las empresas del Estado

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A la luz de lo que acontece hoy en torno al “cementazo”, es oportuno preguntarse cuáles deberían de ser las reglas que guíen la forma en que el Estado ejerce su papel de dueño de las empresa públicas. La doctrina es amplia y de tintes ideológicos variados pero dado que ahora está de moda ponerle cuidado a las recomendaciones de la OECD, vale la pena revisar sus recomendaciones en este tema.

Antes de entrar al detalle, es importante recordar que el buen gobierno de las empresas públicas es fundamental para la existencia de mercados eficientes y libres tanto en el ámbito nacional como internacional. En muchos países, estas entidades son las principales prestadoras de servicios públicos clave, incluidos los suministros públicos, lo que supone que sus operaciones influyen en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la competitividad del resto de la economía. En Costa Rica, el 75% de los seguros, el 100% de la distribución de los combustibles, el 100% de la distribución eléctrica, el 50% de la telefonía, y el 50% de los servicios bancarios son prestados por empresas propiedad del Estado. Las directrices son siete:

I. Razones que justifican la propiedad pública: El Estado ejerce la propiedad de las empresas públicas en interés del conjunto de los ciudadanos. Debe evaluar con cautela los objetivos que justifican la propiedad pública, así como divulgarlos y revisarlos periódicamente.

II. El papel del Estado como propietario: El Estado debe actuar como propietario informado y activo, velando por que la gobernanza de las empresas públicas se lleve a cabo de forma transparente y responsable, con un alto grado de profesionalidad y eficacia.

III. Las empresas públicas en el mercado: el marco jurídico y regulatorio de las empresas públicas debe garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal en los mercados en los que las empresas del sector público desarrollan actividades económicas.

IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores: Cuando las empresas públicas estén cotizadas, o entre sus propietarios se incluyan inversores no estatales, el Estado y las empresas deben reconocer los derechos de todos los accionistas y garantizar un trato equitativo y el acceso igualitario de todos los accionistas a la información corporativa.

V. Relaciones con los actores interesados y responsabilidad empresarial: La política de propiedad pública debe reconocer las responsabilidades de las empresas públicas frente a los actores interesados y exigirles que informen sobre sus relaciones con estos.

VI. Publicidad y transparencia: Las empresas públicas deben mantener un elevado nivel de transparencia y someterse a las mismas exigencias en materia de contabilidad, publicidad, cumplimiento y auditoría que las empresas cotizadas.

VII. Responsabilidades de los consejos de administración de empresas públicas: Las Juntas Directivas de las empresas públicas deben contar con la suficiente autoridad, competencias y objetividad para realizar sus funciones de orientación estratégica y supervisión de la gestión. Deben actuar con integridad y asumir la responsabilidad por sus acciones.

Volviendo al cementazo como caso de estudio, veamos qué tanto las cumplimos:

I. En este caso, todo parece señalar que se privilegiaron los derechos de uno frente a los de todos los demás.

II. Al día de hoy el Consejo de Gobierno, quién ejercer la función de dueño, pese a múltiples reuniones en Casa Presidencial, no termina de entender qué se entiende por transparencia y eficacia.

III. Los bancos del Estado tienen ventajas frente al resto de intermediarios, así que la cancha no está nivelada.

IV. Este sería un problema deseable pero no se ha querido valorar la ventaja de abrir el capital de las empresas del Estado.

V. Los conflictos de interés existentes entre el Banco y la clase política se ha hecho evidente.

VI. De nuevo, la casa de cristal del Presidente se quedó en palabras y en este caso del BCR no ha sido diferente.

VII. La Junta Directiva del Banco de Costa Rica ha dejado manifiesto por sus acciones y denuncias, el incumplimiento de esta buena práctica.

De siete cero. La ruta está marcada, solo falta empezar a andar. El Presidente Solís tiene una buena oportunidad de demostrar su compromiso con estos principios pero poco tiempo para aprovecharla.

Articulo original de CRhoy

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