Impulso financiero para acelerar el crecimiento y la justicia social

D ebemos reactivar la economía además de llevar a buen término las metas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Por eso es necesario pero no suficiente ejecutar las medidas que aseguren gradualmente el equilibrio fiscal: disminuir el gasto corriente respecto al PIB, mejorar el cobro de los impuestos y alcanzar mayor eficiencia en el sector público.

Crecer aceleradamente y revertir la desaceleración de la producción en que venimos desde 2015 nos ayudaría a asegurar las metas fiscales, y –lo que es aún más importante- nos permitiría enfocarnos en resolución de problemas sociales que desde hace años deberíamos haber superado. Para lograrlo debemos asegurar el uso de nuestros recursos productivos generando empleos formales y expandiendo la participación femenina en el trabajo, aumentar el ahorro nacional y la inversión y sobre todo incrementar la productividad.

No lo hemos logrado por temor a efectuar cambios estructurales de fondo, y con ello hemos condenado a cientos de miles de familias costarricenses a seguir en la pobreza y a otros muchos cientos de miles a tener niveles de consumo por debajo de sus justificadas expectativas.

Uno de los varios cambios en que estamos en deuda es en tener un sector financiero más competitivo y eficiente. A principios de 2016 publiqué “La ineficiencia de nuestro sistema financiero” (www.rodriguez.cr) y con base en el Índice de Desarrollo Financiero con Amplia Base del FMI de esas fechas, señalé que estábamos atrasados en términos de eficiencia, o sea en cuanto a la habilidad de nuestras instituciones financieras para prestar servicios con bajos costos y con ganancias que les permitan sostenibilidad.

A pesar de grandes avances en las dos últimas décadas del siglo pasado, la modernización de las instituciones financieras no se ha completado. Buena parte de la tarea pendiente es reducir los costos de operación de los bancos comerciales.

Con la apertura a la competencia de la banca comercial se pretendió bajar el margen de intermediación. Pero nuestras instituciones financieras aún son ineficientes. Aunque los gastos operativos de los grandes bancos comerciales públicos han convergido hacia el nivel de los privados, ambos son altos, creando un diferencial grande entre los intereses activos y pasivos.

En lugar de que los bancos privados compitieran para crecer más su participación en el mercado, después de hacerlo inicialmente, han preferido aumentar sus utilidades operando con márgenes de intermediación altos.

¿Cómo provocar que disminuya la diferencia entre las tasas activas y pasivas y así generar más ahorro nacional y más inversión?

Una posibilidad es realizar un cambio en la cartera de activos estatales que, además, podría ser una fuente para cooperar en la solución del financiamiento del Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte y del sistema de salud de la CCSS, sin incrementar la ya muy alta y negativa carga sobre los salarios. Así podríamos atender uno de los serios retos que nos presenta el creciente envejecimiento de nuestra población.

Para evitar un aumento de impuestos y poder financiar una mayor inversión en infraestructura que hoy tanta falta nos hace, propuse en la campaña de 1998 vender el Banco de Costa Rica, BICSA, Fanal, y el INS una vez abierto el monopolio de los seguros.

Si en una licitación pública, trasparente y debidamente promocionada se venden el BCR y BICSA a un banco de primer orden que tenga interés en el mercado nacional, se podría generar la competencia que obligue a los otros bancos públicos y privados a tener que bajar sus costos de intermediación. Esto sería de enorme beneficio para estimular el ahorro y la inversión y acelerar el lánguido crecimiento de nuestra economía.

Los recursos de estas ventas se pondrían en un fondo cuyo rédito se destine a la CCSS, un 50% para generar nuevos ingresos a IVM y el otro 50% destinado a la atención de la salud de nuestros habitantes.

Podríamos crecer más y a la vez fortalecer la seguridad social.

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