Información es esencial para la gestión pública

E n un estudio reciente de la Academia de Centroamérica sobre los productos y el costo de la educación universitaria estatal, los investigadores –Miguel Loría y Josué Martínez- arriban a la conclusión de que existen limitaciones en la información requerida para hacer un adecuado análisis del tema. Por esa razón, la investigación utiliza indicadores parciales para medir la relación entre productos y costos.

De acuerdo al estudio, el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) –ajustado por la inflación- ha crecido 3.4 veces más que la matrícula y 5.3 más que el número de diplomas otorgados entre el 2010 y el 2016. Hay varias razones que podrían explicar esta brecha; sin embargo, la escasez de datos, la falta de desagregación de variables o la ausencia de estandarización entre los datos no permiten conocer cuáles son esas razones.

En particular, las universidades realizan actividades de investigación, acción social y vida estudiantil que no están incorporadas en los productos o resultados del estudio, y así lo señalan expresamente los autores cuando analizan los indicadores parciales mencionados. Para contar con una medición integral, sería indispensable, por tanto, tener información que permita asociar los costos de estas otras actividades con sus resultados.

A manera de ejemplo, cito algunos de los programas de acción social de la Universidad de Costa Rica: eventos de extensión cultural (festivales, charlas, exposiciones y otros), cursos para adultos mayores y proyectos para fortalecer las relaciones intergeneracionales, cursos y programas modulares para población universitaria y público en general, centros infantiles universitarios para niños menores a 6 años, educación abierta para funcionarios de la universidad, entre muchos otros.

No obstante que muchas de estas actividades lucen importantes para la comunidad, sería valioso saber cuántas personas por año se han visto beneficiadas, cuál ha sido el beneficio y el impacto, y cuántos recursos se invierten de forma tal que se conozca la efectividad de las actividades, por un lado, y se pueda comparar esos resultados con su costo, por el otro lado.

La importancia de contar con esta información radica no solo en la necesidad de evaluar el desempeño institucional sino también en la relevancia para la toma de decisiones de las universidades. Esto es cierto no solo para estas instituciones sino también para todo el sector público. Sin embargo, la estructura y el proceso presupuestario tienen una serie de carencias que dificultan la evaluación, y se ha avanzado muy poco a pesar de que es un problema conocido desde hace mucho tiempo.

Distintas evaluaciones externas de la gestión pública costarricense dan cuenta de esta realidad. La evaluación del sistema de gestión de las finanzas públicas PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) en el 2015 dio una baja calificación a los indicadores de la dimensión “estrategia fiscal y presupuesto basado en políticas” (entre C+ y D en una escala de A a D). En el 2013 el BID también realizó una evaluación con base en el paradigma de la gestión pública para resultados y encontró que, salvo en el caso del componente de gestión financiera, las calificaciones de otros componentes oscilaron entre 2 y 3 (en una escala de 0 al 5). La gestión para resultados es una estrategia o forma de gestión pública que busca la eficacia y la eficiencia, y una mejor vinculación entre las acciones del Estado y los resultados.

El uso eficaz y eficiente de los recursos públicos requiere, entre otras cosas, mejorar radicalmente las herramientas de información, una tarea compleja pues se necesita capacidad institucional y dedicación de recursos humanos y financieros. Por eso, conviene plantearse si sería más realista y factible avanzar modularmente por sectores.

El sector de educación pública –en todos sus niveles- podría ser prioritario para concretar un esfuerzo serio de mejora en los sistemas de información de resultados y recursos invertidos. Su prioridad radica en que los resultados del sector son de gran importancia para el desarrollo económico y social del país, pero también en que el país le ha asignado una gran cantidad de recursos públicos en los últimos 20 años.