L a inversión extranjera directa (IED) ha sido la impulsora del progreso social de Costa Rica en los últimos 40 años. Es vital para la creación de empleo, el incremento de la productividad, el mejoramiento de la infraestructura, la adquisición de tecnología y la entrada de divisas.
En medio de la crisis de la deuda, costarricenses visionarios propusieron un modelo de desarrollo basado en la atracción de inversiones con el fin de acceder al capital necesario para promover la transformación productiva a través del comercio exterior.
Los resultados de esta estrategia son bien conocidos. Muchos de los mejores empleos están en el sector exportador y el régimen de zona franca. Las divisas generadas, tanto de las exportaciones como de la IED, son cruciales para cubrir nuestras necesidades de importación.
La evidencia empírica indica que las empresas nacionales encadenadas con multinacionales son más productivas y sus contribuciones al fisco y la seguridad social son relevantes. Más aún, muchas de las empresas extranjeras establecidas en el país se agruparon en torno a clústeres, cuya dinámica virtuosa propicia la atracción subsecuente de más inversión y la solución autónoma de muchos de sus desafíos. Ejemplos ilustres son los dispositivos médicos y los servicios empresariales.
Sin embargo, el modelo actual tiene dificultades para expandir sus beneficios a las regiones de menor desarrollo relativo. Este es el problema de la Costa y la Rica. Los factores de producción —sobre todo capital humano e infraestructura— son muy diferentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y la zona rural.
La escolaridad promedio del país es de 10 años. En las costas, fronteras y zonas rurales es aún menor ¿A cuáles empleos puede optar un trabajador que no terminó la secundaria y no habla inglés? Las estrategias, proyectos y acciones para atraer IED para una y otra región no pueden ser iguales.
La agricultura, junto con el turismo, es la opción clara para superar los desafíos de desarrollo fuera de la GAM, pero sobre todo para paliar el desempleo, el mayor flagelo de las zonas rurales. Dadas las limitaciones obvias para crecer en términos de superficie, el desarrollo rural debe basarse en aumentos de la productividad, respaldados por la inversión privada en capital, personas, tecnología y, sobre todo, conocimiento.
Atraer inversión privada en agricultura depende de un amplio conjunto de políticas que van más allá de la política agrícola, incluidas las políticas macroeconómicas y de comercio exterior. Un marco de política coherente es un componente esencial de un entorno de inversión atractivo para todos los inversionistas, sean nacionales o extranjeros, pequeños o grandes.
En consonancia con lo anterior, la OCDE propone una serie de acciones y desafíos para atraer inversión a la agricultura. Me referiré a los cinco principales:
Explica que se debe promover asociaciones entre la investigación nacional e internacional, conectar mejor la investigación con la demanda y proteger los derechos de propiedad intelectual para construir sistemas de innovación eficaces.
¿Cuáles son las prioridades del sistema de innovación agrícola del país? ¿Cómo se definen estas prioridades? ¿Satisfacen el sistema educativo y los servicios públicos de extensión estas necesidades? En particular, ¿brindan capacitación vocacional y servicios de desarrollo empresarial para fortalecer a los grupos y cooperativas de agricultores y entrenar al personal? ¿Qué esfuerzos se llevan a cabo para mejorar el acceso, la calidad y la eficacia de los servicios de extensión?
Es imperativo que Costa Rica responda de manera real y colaborativa a las preguntas que plantea la OCDE de forma tal que aumente la inversión en agricultura, se creen más y mejores empleos, se fomente la seguridad alimentaria y se cierre la brecha odiosa entre las oportunidades de progreso social de los habitantes de las zonas rurales y la GAM.
Envíe sus dudas o comentarios a victor.umana@incae.edu.
Las opiniones expresadas en esta publicación son del autor y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Academia de Centroamérica, su Junta Directiva, ni sus asociados.
Publicación original en La Nación (08/10/2022)