E n nuestro ordenamiento jurídico, las candidaturas independientes a cargos de elección popular no existen. Para aspirar a presidente, alcalde, diputado o regidor, hay que ser postulado por un partido. Y, mientras para los dos primeros cargos, que son ejecutivos, votamos por nombres específicos, para los dos últimos lo hacemos por listas cerradas. Por esto, lo único que da legitimidad a la representación de un diputado o diputada no es cómo se llame, sino la papeleta en que aparezca por voluntad de la asamblea partidista. En jerga sistémica, la persona jurídica (partido) es el «principal» y la física (legislador) su «agente», legitimado democráticamente por los votos que recibe el primero, no él o ella.
Como consecuencia, si alguien renuncia a un partido o fracción legislativa, debería perder automáticamente el cargo que obtuvo gracias a él, y ser sustituido por quien sigue en la lista.
Tengo reservas sobre este sistema, que ni siquiera permite el voto preferencial y reduce la vinculación entre diputados y votantes, pero es el único legal y debe respetarse. ¿Por qué, entonces, en la Asamblea existe una fracción de seis que nunca fue elegida como tal, además de dos diputados y cuatro diputadas independientes?
No tengo respuesta, pero lo atribuyo a tres razones principales: primero, el TSE no ha actuado para poner a derecho la situación; segundo, la disfuncionalidad del modelo de elección actual, que debe ser formalmente repensado; tercero, los diputados, una vez en la Asamblea, adquieren vida propia, sus agrupaciones se tornan subsidiarias y se modifica de hecho la condición de principal y agente, salvo para ciertos procedimientos y votaciones.
Al romperse, en la práctica, un modelo de representación partidaria ya en extremo fragmentado y añadírsele, sin sustento, otro de representación personal, se estimula la dispersión en el seno de la Asamblea. A la anomalía legal se añade entonces un obstáculo funcional para los acuerdos legislativos.
Lo menos que debe hacerse es discutir con rigor el método. De mantenerse, deberá aplicarse sin las enormes fisuras actuales. De lo contrario, se impone una reforma profunda del sistema de elección legislativa. Es necesaria, pero hasta ahora los diputados han rechazado considerarla. Mientras, el sistema hace aguas y se debilita.
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Publicación original en La Nación (30/09/2021)