D e acuerdo con las más recientes encuestas de opinión ciudadana, los temas de delincuencia e inseguridad se han convertido en las principales preocupaciones de los costarricenses, por encima del costo de vida y el desempleo. En las últimas dos décadas la tasa de homicidios por 100,000 habitantes paso de 7 a 12,6, de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas. El fenómeno ha mutado de un concepto de delincuencia común hacia crimen organizado, en sus variadas manifestaciones (comercio de drogas ilícitas, secuestros, trata de personas, lavado de capitales, comercio de órganos).
El crimen organizado no es un tipo de delito en particular, sino una forma de cometer delitos caracterizado por dos condiciones: cierto nivel de planificación y la participación conjunta y ordenada de varios individuos. Es asi como tradicionalmente ha operado la mafia siciliana, la yakuza japonesa, los carteles y las narco guerrillas latinoamericanas, la mafia rusa, entre otras. El crimen organizado es una de las modalidades delictivas más extendidas en tiempos actuales, con profundas repercusiones económicas, sociales y políticas.
En el estudio de estos fenómenos la ciencia económica ha hecho aportes importantes, tanto teóricos como empíricos. En varios ensayos referentes al tema, el premio Nobel de Economía Gary Becker planteo que la criminalidad debe entenderse como una decisión costo-beneficio. Asume que, en un sentido económico, los criminales se comportan racionalmente. El objetivo del delincuente es entonces maximizar su utilidad, teniendo en consideración tanto los costos como los beneficios esperado de su actividad delictiva, traídos a valor presente.
El tipo de ganancia más obvia es la monetaria. Los costos de incurrir en una actividad criminal son más complejos y variados. Aparte de los costos materiales en equipamiento, está el costo de oportunidad del valor del tiempo invertido en planificar y ejecutar la actividad criminal, en términos de horas de ocio, por ejemplo, así como el costo del castigo esperado. Esto último incluye la probabilidad de que el criminal sea capturado y efectivamente procesado y sancionado, con los correspondientes costos de tiempo en prisión, fianzas, entre otros. El castigo no ocurrirá con certeza, pero existe la probabilidad de que ocurra. La fortaleza o debilidad que la criminalidad perciba con respecto a la institucionalidad jurídica o policial es un elemento clave en esta decisión.
En términos de rentabilidad social, el análisis costo-beneficio es relevante, por cuanto implica la utilización de recursos públicos entre varias alternativas posibles. En un contexto de recursos públicos escasos frente a múltiples necesidades elegir con base en criterios técnicos y no solo sociales o políticos es fundamental, ya sea que se adopten criterios de represión o de prevención del delito. La evidencia internacional disponible aconseja adoptar en segundo criterio sobre el primero.
Por otra parte, la teoría económica ha estudiado el comportamiento del crimen organizado con base en la teoría de la empresa y el comportamiento de los mercados imperfectos o no competitivos. El comportamiento de los carteles se puede enmarcar dentro de la teoría del monopolio, oligopolio, o competencia monopolística, con elementos típicos en los mercados imperfectos como barreras de entrada al mercado, diferenciación de productos, acuerdos colusivos y la captura del regulador.
La ciencia económica también ha recolectado valiosa información empírica. Gracias a una abundante investigación, hoy existe un consenso, particularmente en América Latina, sobre la relevancia de la desigualdad como variable explicativa de la criminalidad, por encima de otras variables como la pobreza, la estructura demográfica, el mal funcionamiento del sistema judicial, corrupción policial, mala calidad de las cárceles, etc. Los estudios disponibles encuentran una correlación positiva entre desigualdad y tasa de criminalidad, que sugiere una causalidad desde la primera hacia la segunda
Los análisis de impacto en programas de seguridad ciudadana han permitido contar con un mejor conocimiento acerca de cuáles son las variables con mayor poder explicativo. Ello contribuye a un mejor diseño y evaluación de las políticas públicas adoptadas.
Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley sobre crimen organizado. Seria deseable que el proyecto que finalmente se apruebe considere un adecuado balance de incentivos que contribuya efectivamente al combate y reducción de la criminalidad, estableciendo un enfoque de evaluación por resultados para una gestión eficiente y eficaz, sin dejar de lado el enfoque multidimensional propio del fenómeno de la criminalidad en general, y del crimen organizado en particular.
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Publicación original en crhoy.com (19/05/2023)Complete the following form and join Central America Academy for information and regular updates.
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