La misión del FMI planteó un claro balance

C on las declaraciones de su jefa, Manuela Goretti, y el comunicado emitido tras la tercera revisión en el cumplimiento del acuerdo con Costa Rica aprobado el pasado año, la misión del Fondo Monetario Internacional que visitó el país despejó importantes “nublados” sobre la discusión fiscal y monetaria que nos envuelve. Mi esperanza es que ahora se abra el camino para una verdadera “hoja de ruta” en la materia y las decisiones que deben acompañarla.

Goretti y su equipo aclararon varias cosas: 1. Al igual que en las dos revisiones anteriores, el país ha cumplido con las metas fiscales pactadas. 2. La política de tasas de interés seguida por el Banco Central ha sido correcta. 3. La Asamblea debería autorizar la venta de $6.000 millones de bonos en el exterior durante el lapso de cuatro años para mejorar la administración de nuestra deuda. Por supuesto, añado, los diputados pueden —y deben— condicionarlo a ciertas metas.

4. La venta de activos estatales (Banco de Costa Rica o parte del INS, por ejemplo) no forma parte del acuerdo. Es una decisión soberana, que debe responder a factores de mercado, su impacto en la competitividad y su oportunidad. 5. En cambio, la implementación completa de la reforma del empleo público es clave, lo mismo que la renta global; es decir, calcular la base para el impuesto de renta mediante la suma de todos los ingresos individuales. La gran discusión legislativa estará en los detalles, que el FMI ayudará a precisar.

6. Las inversiones y el pago de intereses por la deuda pública no deben excluirse de la regla fiscal, y lo lógico es calcularla al comparar los gastos presupuestados, no los ejecutados. El Fondo se comprometió a dar apoyo técnico para un proyecto de ley que permita precisarla y administrarla de acuerdo con los mejores estándares.

Mi conclusión es que, para la misión, la contención de la crisis fiscal iniciada por el anterior gobierno se mantiene. Esto quita presión a reformas solo encaminadas a mayor recaudación o menor gasto, y abre el camino para enfocarse en la progresividad fiscal, la sostenibilidad de la deuda pública, la mejora en la eficiencia del Estado y el reordenamiento de las asignaciones presupuestarias. Son tareas que el Ejecutivo y el Legislativo deberían negociar con rapidez y gran sentido de responsabilidad.

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