La próxima gran reforma

L a promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia, No. 9736 generó el cambio más importante que ha tenido la legislación de competencia desde su emisión en 1994. Esta reforma fortaleció la institucionalidad e independencia de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), sus facultades y procedimientos de investigación, su régimen sancionador y amplió su ámbito de aplicación. Además, permitió al país cumplir con las mejores prácticas internaciones, y fue esencial para que el país aprobara el Comité de Competencia ante la OCDE.

Desde entonces, ha habido avances significativos en su implementación, como el nombramiento de los comisionados de la COPROCOM a tiempo completo, el fortalecimiento de la regulación secundaria, y una mejoría en el ejercicio de sus funciones, dentro de las cuales destacan las labores de abogacía para eliminar barreras a la competencia contenidas en varias leyes y regulaciones. Aun así, todavía quedan algunas tareas pendientes para mejorar la efectividad de la política de competencia en el país.

Entre las tareas pendientes, destacan dos temas que son especialmente relevantes. El primero de ellos tiene que ver con la evaluación y eliminación de las excepciones a la legislación de competencia. Si bien la reforma amplió el marco de aplicación de la ley, todavía quedan actos en cinco sectores a los que, sin justificación aparente, no les aplican los principios de competencia. En este sentido, la COPROCOM ha realizado varios estudios relacionados con estos sectores, y reiteradamente ha indicado que no existen justificaciones para que prevalezcan las excepciones a la legislación. Al excluir algunas actividades de la aplicación de la Ley, se desprotege a los consumidores, quienes no reciben los beneficios que conllevaría una mayor competencia en el mercado, ya que existen leyes especiales (al menos por el momento) que privilegian a determinados grupos o sectores por encima de ellos.

El segundo tema pendiente es el otorgamiento del presupuesto que por Ley le corresponde a la autoridad, el cual le permitirá a la Comisión tener los recursos para aumentar y mejorar las investigaciones por prácticas y concentraciones. Asimismo, dicho presupuesto es necesario para que finalmente pueda estar en el centro de la discusión, respecto de las regulaciones que urgentemente deben modificarse para cumplir con los principios de competencia. La falta de un presupuesto adecuado atrasa los beneficios que una adecuada aplicación de la Ley le genera a la sociedad en general.

Una vez cumplidos estos dos puntos, podríamos decir que la reforma a las leyes de competencia estará completa, quedando a cargo de las autoridades correspondientes su ejecución. Sigue ahora plantearse, por lo tanto, cuál es la próxima gran reforma que requiere el país para beneficio de los consumidores y usuarios.

Esta reforma, en mi opinión, debe darse en la regulación de los servicios públicos, que desde hace ya varios años está desactualizada para las necesidades que apremian al país. Estas regulaciones, reflejadas en la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y en algunas leyes especiales, fueron diseñadas para regular la prestación de servicios en monopolio, y no contemplan la posibilidad de introducir competencia en los mercados (o emularla en donde esto no sea posible).

Algunas de estas reformas necesarias, son generales para todos los servicios. Entre ellas destaca la eliminación del principio de fijación de tarifa al costo, para incorporar otros sistemas de regulación que incentiven la eficiencia y el ahorro en costos. Incluso en algunos casos, las normas de competencia podrían sustituir a la regulación directa. De igual forma, se debe considerar la incorporación del concepto de “servicio económico de interés general” para sustituir la ya superada noción de “servicio público” y dar una mayor flexibilidad a distintos esquemas de prestación de servicios, sin sujetarse necesariamente a las rígidas regulaciones actuales. El rol del regulador debe también ser evaluado, para que vaya más allá de la fijación de tarifas y estándares técnicos.

Este debe incorporar principios de regulación por objetivos y otros que permitan alinear la regulación con el cumplimiento de objetivos de política pública y desarrollo.

Adicionalmente, determinados sectores deberían reformarse de forma específica para incorporar los avances de las últimas décadas, que han sido ignorados en nuestro país. Destacan entre ellos, especialmente, la importancia de analizar y reformar de forma sustancial las regulaciones del sector eléctrico, de transporte, agua, e hidrocarburos. Las leyes actuales deberían revisarse con profundidad para reformar o eliminar barreras que interfieren con la más eficiente prestación de estos servicios. En cada uno de los sectores mencionados se deberían incorporar, de forma específica, las mejores prácticas internacionales.

La revisión de las regulaciones es una tarea pendiente en el país, y debería ser un ejercicio constante y casi permanente. En todos estos casos, debería ubicarse al consumidor y al usuario en el centro de la regulación, para adoptar los modelos más modernos que busquen siempre la prestación de servicios de la mejor calidad y precios posibles. Los beneficios de este esfuerzo serán enormes, ya que permitirán no solo mejorar el poder adquisitivo de los consumidores, sino también hacer más eficientes a prácticamente todos los demás bienes y servicios ofrecidos en el país, que actualmente se ven afectados por las ineficiencias productivas creadas por una mala regulación.

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