La regulación puede limitar la posibilidad de beneficiarse de la innovación

L a posibilidad de que la población se beneficie de las innovaciones dependerá, en buena medida, de la manera en que se regule en el ámbito nacional. En términos generales, una regulación puede facilitar y acelerar la adopción de una innovación o, en contraste, puede llegar a limitar o impedir su adopción.

Un breve repaso acerca de cómo distintos países han regulado el vapeo—y otras alternativas al cigarrillo tradicional—puede servir para ilustrar el punto anterior.

En relación con el caso del cigarrillo tradicional, casi todos los países cuentan con estrictas regulaciones para combatir el fumado y eso hace sentido debido a que existe un claro consenso con respecto a los estragos que este vicio produce en la salud. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, encargados de monitorear la salud pública y desarrollar estrategias para la prevención y control de las enfermedades, la expectativa de vida de personas fumadoras es de por lo menos 10 años menos que la de personas no fumadoras.

A pesar de décadas de campañas de información para combatir el fumado, con campañas como “deje de fumar o muera”, de acuerdo con expertos, el abandonar el vicio a la nicotina no es algo sencillo. Ante esa realidad, durante los últimos años se han desarrollado una serie de productos y dispositivos con el objetivo de administrar nicotina de manera menos riesgosa y dañina para la salud. Los vapeadores son uno de estos dispositivos.

De acuerdo con el Real Colegio de Médicos (RCP) del Reino Unido, los vapeadores representan una alternativa al cigarrillo tradicional que permite administrar nicotina de manera significativamente menos dañina. En la misma línea, un reporte reciente de Revisión Cochrane (2022) encontró evidencia de que los vapeadores son más efectivos que otras alternativas para reducir de la dependencia para llegar a la cesación. En ambos casos, es importante señalar, que han sido claros en que el vapeo no se encuentra libre de riesgos y que debe de evitarse su uso por parte de menores de edad.

Pasando, ahora, a la regulación del vapeo, por una parte, tenemos casos como el del Reino Unido en donde existe un compromiso con el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. De acuerdo con el Plan de Control de Tabaco para Inglaterra 2017-2022, una de las ambiciones nacionales es el apoyo a innovaciones para apoyar la cesación del fumado basadas en evidencia. De manera más concreta, estas políticas persiguen dos objetivos: 1) ayudar a las personas a dejar de fumar cigarrillos al permitir tecnologías innovadoras que minimizan el riesgo de daños y 2) maximizar la disponibilidad de alternativas más seguras que el fumado de cigarrillos.

De manera similar al Reino Unido, el gobierno de Nueva Zelanda está convencido de que por medio de la combinación de mejor regulación e información disponible públicamente es posible apoyar a los fumadores de cigarrillos para que elijan cambiarse a alternativas menos perjudiciales y, de esa manera, reduzcan sustancialmente los riesgos para su salud y la de quienes los rodean.

Por otra parte, algunos países como Panamá, México y Brasil optaron por prohibir el uso de vapeadores. Quienes han abogado por políticas prohibicionistas han partido de la premisa de que el vapeo es igual de nocivo para la salud que el fumado de cigarrillos tradicionales, aunque esa premisa no encuentra sustento en la evidencia científica disponible. Es importante mencionar que las prohibiciones en estos países no han impedido el crecimiento en el consumo de estos productos y han tenido la consecuencia no deseada de estimular el comercio ilícito.

En Costa Rica, debemos aspirar a una regulación diferenciada, moderna e inteligente para el vapeo que permita a adultos bien informados beneficiarse de la innovación. La legislación actual ya prohíbe la venta de estos productos a menores de edad. Es importante abrir espacios para mejorar el acceso a información disponible de estas alternativas de reducción de daños del tabaquismo para los consumidores, como lo propone el expediente 23.553 que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa, y considerar introducir elementos para evitar la comercialización de productos de dudosa calidad y seguridad para los consumidores en mercados negros.

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