H asta finales del siglo XX, la mayoría de los países de la América Latina (salvo la República Dominicana, Haití, Nicaragua, Paraguay y Cuba), tenían prohibida la reelección inmediata de los Presidentes. Sin embargo, a finales de ese siglo y en las primeras décadas del siglo XXI, varios países la permitieron: Perú (primero con Fujimori), Argentina (por reforma constitucional de 1994 en el gobierno de Menen), luego siguieron Brasil (con Fernando Enrique Cardoso); Venezuela (a partir de la Constitución “Bolivariana” de 1999 impulsada por Hugo Chávez y luego por la reforma del 2009 para hacerla prácticamente indefinida); Bolivia (a partir de la nueva Constitución impulsada por Evo Morales en 2008 y luego indefinidamente contra el texto constitucional por decisión del Tribunal Constitucional en 2017); Ecuador (a partir de la reforma constitucional impulsada por Correa en 2015, pero derogada por Referendo en 2018); Colombia (impulsada por el entonces Presidente Álvaro Uribe, con apoyo en resolución de su Corte de Constitucional del año 2005); Nicaragua en 2009 (primero, mediante interpretación constitucional que anuló una reforma constitucional que la restringía de manera inmediata, decisión confirmada por reforma constitucional en 2013); Honduras en 2015 (bajo el Presidente Juan Orlando Hernández, la Sala Constitucional la permitió al margen de texto expreso de la Constitución). Antes, el expresidente Zelaya lo intentó en 2009, pero se rompió el orden constitucional y fue destituido antes de cumplir su mandato.
Tienen prohibida la reelección inmediata, todavía, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En casi todos los casos, la presión por lograr la reelección, se dio al terminar la primera mitad del mandato constitucional. Se aprobó normalmente en la segunda mitad del mandato presidencial (después de 2 años de gobierno). En las primeras años, los líderes interesados creen que todavía les falta mucho para completar el mandato original. En la segunda mitad del período presidencial, la presión por la reelección se hace manifiesta, impulsada por dos grupos: 1) el presidente y su entorno, 2) los círculos de poder a quienes beneficia o gusta su gobierno. En ambos casos, se trata de adláteres que buscan convencer a la mayoría de la población, que la reelección del “líder”, es esencial para completar la limpieza del pasado o las obras pendientes.
Normalmente se fundan en un primer mandato relativamente popular, para pasar a segundos o terceros mandatos menos populares, con más excesos y más autoritarios. La razón es obvia, los pueblos se cansan de los discursos presidenciales y los fondos se agotan después de los gastos que necesitaron para reelegirse.
El populismo tiene muchas variantes, pero hay una común que cubre a todos ellos: la búsqueda incesante de la reelección del “líder”. Primero, porque son gobiernos “mesiánicos” (todo gira alrededor del líder). Segundo, porque temen que la popularidad de que gozan no se la puede transmitir a un “delfín”. Tercero, sobre todo, porque temen que el delfín que escojan los traicionará una vez que acceda al poder y, en el mejor de los casos, se distanciará del líder original que lo impulsó.
Aunque Salinas de Gortari impulsó a Zedillo en México, aunque Uribe impulsó a Santos en Colombia, aunque Correa impulsó a su Vicepresidente Moreno en Ecuador, aunque Kirchner impulsó a Fernández en Argentina; al poco tiempo de acceder al poder los delfines se distanciaron de quienes los patrocinaron. Al fin y al cabo, con muletas o sin muletas, también fueron electos por el pueblo.
Muerto el rey, viva el rey. Pocas excepciones hay en la historia.
Hace poco más de 100 años, en América Latina llegamos a pensar que la democracia se garantizaba con elegir a un Presidente (léase “caudillo”) y, a lo sumo, con limitar su reelección inmediata. “Sufragio efectivo, no reelección” fue el lema de la campaña de Madero en el año de 1910, cuando se lanzó a competir por la presidencia de la República Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, quien llevaba 35 años en el poder.
En los últimos años, como recuerda IDEA Internacional (2018): “Se han alterado las reglas y normas de reelección presidencial a fin de adaptarlas a la conveniencia del gobierno en funciones. Las recientes controversias sobre las reglas de reelección presidencial (que involucran a gobiernos a ambos lados del espectro político) ilustran este fenómeno y refuerzan la personalización del poder político… Entre 1978 y 2012, 18 países de la región introdujeron cambios en la legislación sobre la reelección presidencial. De ellos, 11 la han hecho más permisiva a través de la reelección consecutiva o indefinida.”
En los últimos años, como recuerda IDEA Internacional (2018): “Se han alterado las reglas y normas de reelección presidencial a fin de adaptarlas a la conveniencia del gobierno en funciones. Las recientes controversias sobre las reglas de reelección presidencial (que involucran a gobiernos a ambos lados del espectro político) ilustran este fenómeno y refuerzan la personalización del poder político… Entre 1978 y 2012, 18 países de la región introdujeron cambios en la legislación sobre la reelección presidencial. De ellos, 11 la han hecho más permisiva a través de la reelección consecutiva o indefinida.”
Bajo esa tesitura, la reelección solo sería posible mediante reforma constitucional: 1) mediante anulación jurisdiccional de la norma constitucional que la prohíbe en forma consecutiva (pero descartado su fundamento en la Convención Americana); 2) el camino de la reforma parcial (por 38 votos en dos legislaturas, lo que no parecer viable de conseguir); o 3) llamando a un referendo constitucional por medio de la recolección de firmas y la aceptación del proceso mismo por el Tribunal Supremo de Elecciones (supuesto que el tema y el tiempo lo hagan viable constitucionalmente).
En general, las reformas que promovieron las reelecciones presidenciales consecutivas, son manifestaciones de “personalización del poder”, seguidas normalmente de un deterioro democrático. Las reelecciones consecutivas en gobiernos “centralistas” y “presidencialistas”, normalmente han dado lugar a deterioros democráticos. En sistemas federales (Estados Unidos, Brasil, por ejemplo), por la distribución territorial del poder, no han tenido el mismo efecto; pero en los países centralizados y unitarios, dado el peso del Presidente en vida del país, difícilmente permiten elecciones competitivas, justas y libres.
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Publicación original en crhoy.com (19/07/2023)