La UPAD, transparencia y reforma del Estado

L a polémica creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) ha estado en la palestra en los últimos días. El tema no hubiera generado tanta oposición de no ser por la publicación de un Decreto Ejecutivo que convierte el equipo de trabajo de la UPAD en una dependencia del Ministerio de la Presidencia, con facultades para tener acceso a información de carácter confidencial en poder de las instituciones públicas, cuando así se requiera. Ante la fuerte oposición política al decreto, el Ejecutivo trato de justificar la existencia de la UPAD, para terminar reconociendo un error en la redacción del decreto, procediendo a derogarlo.

La creación de una oficina como la UPAD per se no es algo inusitado. En Estados Unidos existe desde hace mucho tiempo el Consejo de Asesores Económicos del Presidente, una oficina permanente con personal propio que reporta directamente al Presidente. El responsable de dicha oficina es nombrado por el Presidente por el término de su gestión, y usualmente es una reconocida y experimentada figura del sector académico o del sector privado. Los reportes del Consejo son de dominio público. El Consejo se nutre de información preparada por otras dependencias como el Departamento del Trabajo, el Tesoro, la Reserva Federal, etc.

En el caso de la UPAD surgen interrogantes: por qué razón no se anunció desde el inicio de la actual Administración la creación de esa unidad y su justificación? La descoordinación institucional, la ausencia de rectorías claramente definidas y la conveniencia de centralizar la información podrían justificar la creación de la UPAD. Sin embargo, crearla por decreto meses después de iniciar sus funciones ya le endosaba debilidades y cuestionamientos que saldrían en algún momento, como efectivamente sucedió.

Hubiese sido más transparente quizás plantear una reforma institucional para establecer una mejor coordinación, con una base jurídica más sólida que un decreto, para ejecutar la política pública. El sector social sería un buen punto de partida. Aquí existe una gran dispersión de instituciones, duplicidades, superposición de funciones y falta de rectoría, entre otros. Un tema sensible como el empleo y desempleo no cuenta actualmente con datos consistentes. La información al respecto la recopila la Caja Costarricense de Seguro social (CCCSS) solo para trabajadores asalariados, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEG) realiza encuestas periódicas para estimar el total de la oferta laboral, asalariados y no asalariados. Ambas fuentes no son compatibles para efectos de análisis, por cuanto no cubren la misma población. Tampoco hay certeza sobre el número total de instituciones en el sector público costarricense, ni sobre el total de empleados públicos, por deficiencias en la recolección de los datos. Las cifras sobre el número de instituciones públicas existentes varían según los datos provengan del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de Planificaron. Los esfuerzos por consolidad los datos sobre becas estudiantiles son recientes, con el fin de eliminar filtraciones y duplicidades detectadas entre el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Razones para centralizar datos y coordinar mejor la ejecución de la política pública existen y son válidas.

El problema es que el polémico decreto fue más allá para incluir información confidencial, contraviniendo el principio constitucional que protege la información de los habitantes. Tal como fue redactado, el decreto debilito la confianza de los administrados en el Gobierno, pilar fundamental en toda la sociedad democrática que aspire un mayor bienestar para sus ciudadanos. La iniciativa para crear la UPAD pudo haberse aprovechado más bien para impulsar la necesaria pero postergada Reforma del Estado. Se ha dicho en muchas ocasiones que Costa Rica es un reformador lento, característica propia de su esencia democrática. La búsqueda de consensos es una buena práctica frente al gobierno autoritario. Sin embargo, tiene un costo en términos de las oportunidades de progreso que el país pierde por su lento accionar. De ahí la importancia de lograr un adecuado balance, que no debilite la democracia pero que permita aprovechar ventanas de progreso. La falta de transparencia y claridad que se dio en la creación de la IPAD ciertamente no contribuye a lograr dicho balance. No obstante, es una experiencia que cabe analizar para extraer lecciones aprendidas en futuras iniciativas orientadas al diseño institucional para la ejecución y evaluación de la política pública.

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