L a crisis mundial asociada a la pandemia del COVID-19 obliga (y lo seguirá haciendo) a una redefinición profunda de muchos asuntos en variadas esferas y, tal parece, que un nuevo mundo empieza a gestarse “a pesar” de nosotros. Aunque suene a mantra de libro de autoayuda y sea tremendamente difícil verle el lado positivo a todo lo que estamos enfrentando en medio del caos, esta redefinición forzada puede suponer oportunidades: “las oportunidades las pintan calvas” dicen en mi tierra natal (Venezuela), aludiendo, según mi entender, a encontrar oportunidades en terrenos que a simple vista parecen no mostrarnos ningún atisbo de esperanza.
Pasada la crisis, el terreno arrasado debe servir como vía libre para rediseñar siguiendo propósitos que induzcan a cambios profundos. Así, por el bien de la humanidad, es casi mandatorio que un mundo post-COVID-19 sea uno más sostenible social y medioambientalmente. Lo que pasa, en una buena medida por reducir la desigualdad. Los autores de un artículo reciente “Viral Inequality” nos refrescan la urgencia y relevancia del asunto. Es propicio recordar que Costa Rica, sin despreciar sus avances en el terreno de desarrollo humano, se encuentra entre el grupo de países más desiguales de Latinoamérica y el Caribe (LAC).
La más que necesaria activación de mecanismos de protección social junto con las medidas de distanciamiento social y cuarentena en el contexto de la crisis del COVID-19 ha renovado, si cabe plantearlo así, la cara más preocupante de uno de los rasgos más característicos de LAC: la informalidad laboral; que es, entre otros asuntos, una expresión de desigualdades sintetizadas en el mercado de trabajo. Aunque el sector informal esté conformado por variada tipología de trabajadoras y trabajadores, lo cierto es que un grueso de la fuerza laboral en la informalidad es vulnerable económicamente y su relación con los sistemas de protección social es básicamente nula. Así, las calles vacías de LAC implican que muchas personas están ya en riesgo de pobreza y que es difícil apoyarlos de forma expedita mediante los mecanismos de protección social y del empleo que suelen estar dirigidos a las trabajadoras y trabajadores del sector formal porque, precisamente por ser informales, no han dejado un rastro claro de su actividad económica que permita focalizar la ayuda gubernamental.
En un esfuerzo por ir a la raíz del problema, en un informe que desarrollé recientemente y está próximo a publicarse, concuerdo con distintos analistas en señalar que la incapacidad del modelo de desarrollo y la estrategia productiva de algunos países de Centroamérica y República Dominicana (CARD) para generar empleos de calidad que garanticen suficiencia económica y condiciones de vida digna para toda la población durante todo el ciclo de vida sigue siendo causa y consecuencia de desigualdades.
Aun guardando las diferencias en términos de la estrategia y estructura productiva de los países de CARD, un rasgo común a ellos es la elevada incidencia del sector servicios (sector terciario) en el conjunto de sus economías: Según información aportada por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales) con base en otras fuentes, en los países denominados del CA-4 (El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala) la contribución promedio del sector terciario (servicios) en el PIB es superior al 60%; más de dos veces la contribución promedio del sector secundario (sector de la economía que transforma materias primas (extraídas o producidas por el sector primario) en productos de consumo, o en bienes de equipo; es decir un sector donde se añade valor)). En Costa Rica el sector servicios explica el 74% del PIB (20% es explicado por el sector secundario). Si bien en el sector servicios se pueden encontrar actividades económicas con alto nivel de sofisticación, valor añadido y productividad, lo cierto es que en el conjunto de los países CARD el peso de actividades de bajo valor añadido y productividad asociadas por lo general a la informalidad laboral y bajas remuneraciones como el comercio al por mayor y menor (que hace parte de dicho sector) o la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (sector primario, y particularmente en el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua) en el conjunto de sus economías es significativo. Así, por ejemplo, en Honduras, Nicaragua y República Dominicana alrededor del 20% de su población ocupada se encuentra en el comercio al por mayor y menor, 26% en el caso de Guatemala y 31% en el caso de El Salvador (sumándole en este caso la fuerza laboral dedicada al trabajo en hoteles, bares y restaurantes). En Costa Rica este dato es algo menor (16%). Además, en promedio, un 32% de la fuerza laboral de Guatemala, Honduras y Nicaragua se ubica en el sector primario, atendiendo en parte a la estrategia agroexportadora de estos países.
La concentración de la población ocupada de la subregión en actividades económicas de baja productividad es confirmada por las estimaciones gruesas elaboradas por la CEPAL (Gráfico 1). En Costa Rica, similar a lo que ocurre en LAC, alrededor de seis de cada diez trabajadoras y trabajadores se encuentran ocupados en sectores de baja productividad. El Gráfico 1 revela también brechas de género marcadas en contra de las mujeres en este asunto en todos los países de CARD (a excepción de Guatemala y particularmente marcadas en el caso de República Dominicana y Costa Rica).
Fuente: CEPALSTAT.
El fuerte anclaje en actividades económicas de escaso valor añadido y baja productividad es, entre otros aspectos, una clara manifestación de las deficiencias asociadas (y desigualdades en el acceso) a los propulsores directos e indirectos de la productividad y el bienestar general como lo son la educación de calidad, la capacidad de innovación, la adopción de TIC´s, la buena salud y los derechos laborales (tal y como se infiere del último informe del Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial). Así, las políticas para promover la equidad en el mercado de trabajo deben diseñarse e implementarse superando el enfoque de los promedios y más bien entendiendo los particulares obstáculos y exclusiones que enfrentan los distintos grupos de población para acceder a activos, recursos y servicios que les permitan contar con un empleo de calidad.
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Articulo original de crhoy.com