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L os beneficios del ingreso de Costa Rica a la OCDE derivan del deber -autoimpuesto- de nuestro país, de ajustarse a los parámetros de esa organización en múltiples ámbitos. Entre ellos, se encuentran los relacionados con las políticas estructurales para impulsar la productividad y la inclusión, específicamente, la urgente tarea de fortalecer la competencia.

DIAGNÓSTICO. En el informe “Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2018”, se lleva a cabo un diagnóstico muy puntual que coincide con algunas de las propuestas que he venido planteando hace varios años. Se dice en ese documento que “La escasa competencia en Costa Rica frena el proceso de convergencia hacia los niveles de ingresos de los países de mayores ingresos”. Se explica, con razón, que esa deficiencia puede “contribuir al aumento de la desigualdad al subir los precios al consumidor y hacer más amplia la distribución de los salarios”. El documento consigna con precisión, que “Las estimaciones sugieren que una asignación de recursos más eficiente podría aumentar la productividad multifactorial (PMF) de Costa Rica en más del 50%, que es similar a la que existe en otros países latinoamericanos, pero más alta que en los países más desarrollados, como los EE.UU. (Alfaro Ureña y Garita, 2018).”

Así, se señala que “En Costa Rica, las regulaciones del mercado de productos son más restrictivas que en cualquier país de la OCDE, excepto en Turquía, y también se comparan desfavorablemente con otros países de América Latina”. Además, se indica que “los controles estatales son particularmente restrictivos, y existe una enorme participación del gobierno en los sectores de redes (…) y en el control de precios, y mala gobernanza de las empresas estatales”.

CORRECTIVOS. Dentro de los correctivos recomendados por la OCDE, se encuentra la “evaluación y eliminación de las exenciones antimonopolio injustificadas”. Para el estudio en comentario, “en la mayoría de los casos, parece que no existe una justificación económica para las exenciones. La OCDE recomienda que se eliminen en Costa Rica todas las excepciones injustificadas (OCDE, 2016b, OCDE, 2016e). Esto podría aumentar el PIB per cápita en un 0,08%”.

TEST DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. Como se puede comprobar, el estudio en comentario pone en evidencia la necesidad de evaluar veinticinco sectores de la economía en los cuales no rigen las reglas de la libre competencia (sobre el detalle de esos sectores véase el informe comentado página 162: HAGA CLIC AQUÍ). Así las cosas, sin perjuicio de los estudios que, se afirma en el documento, están realizándose en cada sector, sugiero que, el Poder Ejecutivo, asesorado por el criterio técnico de la COPROCOM (artículo 3.h) ley 9736), en un marco de amplia participación ciudadana, es decir, involucrando a todos los interesados, lleve a cabo una evaluación objetiva del interés y los beneficios o perjuicios que la exclusión a la libre competencia de esos sectores está produciendo actualmente. Para ello, estimo, podría ser útil efectuar un análisis similar al que el Juez constitucional realiza cuando evalúa la razonabilidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales, de modo que, caso por caso, con evidencia objetiva, se determine si la exención es idónea para beneficiar el interés público, si es realmente necesaria y si resulta proporcional en sentido estricto (Sentencia 07180-2005). Si el test no se supera, lo que corresponde es liberar dichos sectores y someterlos a las reglas de la libre competencia para beneficio del interés económico del consumidor (artículo 46 de la Constitución Política) y el mayor bienestar a todos los habitantes del país mediante el más adecuado reparto de la riqueza (artículo 50 Constitución Política).

PLAZO. Una vez identificados los sectores que es preciso liberar, es determinante establecer, caso por caso, los plazos de esa apertura para evitar lo que la Ley de la Jurisdicción Constitucional denomina, apropiadamente, “dislocaciones de la seguridad, la justicia o paz sociales”. Lo importante, claramente, es asegurarse que exista un avance decidido en la apertura de esos sectores del mercado. No atender esa tarea hará que la economía continúe reprimida, que se mantengan cargas injustificadas al consumidor, lo que ocasiona desigualdades, y como si no fuera suficiente, que el agente económico costarricense siga siendo sometido a ineficiencias que afectan su capacidad para ser competitivo en el mercado interno e internacional.

Comuníquese con el autora a través de mlechandi@cdp.co.cr

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Articulo original de crhoy.com