L a década de 1940 fue un período de efervescencia política en Costa Rica y de convulsión en el mundo. Nutridos e influenciados por diversas ramas del pensamiento político europeo y estadounidense, varios líderes políticos y académicos plantearon sus ideas sobre el país que querían. Con mucho pragmatismo, habilidad negociadora, incluso, en medio del conflicto nacional e internacional, se concibieron proyectos visionarios, adelantados a la época, que marcaron el derrotero, la identidad de la nación y el contrato social que rige hasta hoy, en pleno siglo XXI.
Producto de la síntesis del pensamiento social cristiano, las aspiraciones sociales de los comunistas criollos, la lucha contra el fascismo y el apoyo “equilibrista” de la Iglesia católica, se logró la gran reforma social de Costa Rica. La creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo, el capítulo de las garantías sociales en la Constitución Política y la fundación de la Universidad de Costa Rica fueron legados importantísimos de la época.
El Centro de Estudio para los Problemas Nacionales (CEPN), creado en 1940, por su parte, planteó desde una plataforma de análisis científico, la defensa y promoción de la democracia y las libertades individuales. Abiertamente anticomunista, sugirió la consolidación de los partidos políticos y rechazaron el caudillismo imperante. Promovió una agresiva diversificación de la agricultura e investigación de la riqueza natural del país y abrazó al cooperativismo como medio para la creación y distribución de la riqueza.
Recomendó la intervención estatal en banca, seguros y combustibles y, al mismo tiempo entendió la importancia de la inversión extranjera y el comercio exterior. Varias de estas ideas fueron adoptadas por la Junta Fundadora de la Segunda República y algunas siguen plenamente vigentes.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos produjo un informe, en 1943, donde describió las labores del CEPN y sirve como ventana del espíritu de esos tiempos. En ese documento se afirma que los “centristas”, como se conocía a los miembros del CEPN, compartían la opinión de que Costa Rica sufría de un exceso de “personalismo” en la política pública y que era necesario cambiar la toma de decisiones basada en intereses personales, por un gobierno fundamentado en el imperio de la ley.
Explica además que el CEPN fue crítico acérrimo de la administración Calderón Guardia, pero que; sin embargo, defendió la creación de la CCSS y sugirió la ampliación de su cobertura; celebró el rango constitucional de las garantías sociales y apoyó el Código de Trabajo.
El informe textualmente señala: “(…) Cabe indicar que Costa Rica es quizás el único país de Centroamérica en el que se podría emprender un movimiento de este tipo con alguna esperanza de éxito, pues la población está sin duda por encima del nivel de sus vecinos en alfabetización, educación e interés por los asuntos públicos”.
Concluye resaltando la importancia del CEPN, al indicar que su programa ideológico era la única propuesta política formal para Costa Rica, “salvo aquella del Partido Vanguardia Popular”.
La década de 1940 culmina de forma brillante con la abolición del ejército, la consolidación de la democracia y una nueva constitución para la operación del Estado. De esta forma, podemos decir que, hace 80 años, costarricenses de distintos grupos y de pensamientos opuestos, lograron ponerse de acuerdo para sentar las bases del contrato social de la Costa Rica moderna.
Hoy al igual que hace 80 años, el país atraviesa un período de efervescencia política y se encuentra en medio de conflictos y dilemas globales de importancia trascendental. Los partidos políticos tradicionales sufren de poca efectividad y se cuestiona su representatividad. La crisis económica, caracterizada por el desequilibrio fiscal y el desempleo, alimenta el fuego del descontento popular y reduce el apoyo a la democracia. El discurso antisistema que labró el éxito de Trump y Bolsonaro empieza a tener adeptos, lo cual no ha hecho otra cosa más que acrecentar las divisiones del país en dimensiones adicionales a las territoriales y socioeconómicas que ya de por sí son enormemente relevantes. El rezago educativo exacerbado ahora por el apagón escolar podría limitar con efectos devastadores —si no actuamos con decisión y rapidez— las posibilidades de progreso social de una generación completa.
Así, el país llega a una coyuntura decisiva para la toma de decisiones. Es preciso replantear un contrato social que haga valer el artículo 50 de la Constitución Política que define el propósito del Estado en función del individuo, en procura del mayor bienestar para todos los habitantes del país.
Los líderes de la Costa Rica de 1940 nos dan algunas pistas. Primero que todo, reconocieron que el país necesitaba cambios y problemas importantes que resolver. Segundo, supieron acotar estos problemas y enmarcarlos dentro de las fronteras definidas por el análisis científico. Se sustentaron y sugirieron políticas basadas en la evidencia. Tercero, entendían el funcionamiento del mundo, las implicaciones de los sucesos globales y el papel de la Costa Rica en planeta.
Cuarto, fueron pragmáticos, supieron vincular la teoría con las acciones, encontrando soluciones prácticas a los problemas nacionales alejadas de dogmatismos e ideologías. Surgieron además alianzas insospechadas que fueron vitales para la consecución de acuerdos.
Quinto, sus propuestas fueron siempre guiadas por el bien común. Sexto, fueron valientes y tomaron decisiones sobre temas complejos. Le asignaron un mayor peso a las ganancias y beneficios futuros que a los costos y dificultades del inicio. La abolición del ejército es un ejemplo mayúsculo.
Finalmente, fueron magnánimos: humildes y grandes a la vez. Reconocieron las virtudes de las propuestas contrarias y defendieron aquellas que terminaron siendo trascendentales para el país.
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Publicación original en La Nación (06/11/2022)