Marchamos, gasto público, pobreza y crecimiento

S e discute desde hace bastante tiempo rebajar el valor de los marchamos. Por supuesto que es un proyecto al que quienes tienen vehículos le dan gran apoyo. Es muy poco atractivo oponerse. Pero: ¿es conveniente en las circunstancias actuales hacerlo?

Por supuesto que a todos nos disgusta pagar impuestos. Cuando compramos un artículo o pagamos por un servicio es una transacción voluntaria y obtenemos directamente un bien. Puede ser que nos cueste y duela mucho pagarlo, pero obtenemos directamente lo comprado.

No es así con los impuestos. Pagamos al gobierno porque las leyes nos obligan y en democracia liberal esos impuestos solo pueden ser establecidos por la representación popular en el Poder Legislativo. Además, siempre en todo gobierno como en toda actividad humana hay ineficiencia, errores y desdichadamente en muchos casos hay corrupción. Lo que hace más odiosos los impuestos.

Justificadamente los ciudadanos clamamos por que los impuestos sean los menores posibles y los servicios públicos sean los mejores imaginables.

Con los impuestos de todos los habitantes se financian los gastos del gobierno. Aunque los servicios públicos nos favorezcan con seguridad, educación, salud, carreteras, establecimiento de regulaciones para normar civilizadamente la vida en sociedad, administración de justicia y tantas cosas más, no hay una relación directa entre nuestro pago de impuestos y recibir el bien que el gobierno con esos recursos genera.

Por eso para evaluar la conveniencia de eliminar los ingresos que producen los marchamos al gobierno debemos aquilatar las consecuencias de hacerlo frente a las de no hacerlo.

En este caso no se trata de sustituir un tipo de impuesto por otro. Se trata simplemente de disminuir los ingresos tributarios.

En consecuencia, debemos comparar los beneficios que reciben las personas dueñas de vehículos que pagarían menos impuestos con los efectos de esa reducción por la disminución inmediata del gasto público o por la sustitución de esos ingresos con mayor uso del crédito público o con financiamiento inflacionario.

No hay duda de que para muchas personas el vehículo que paga el marchamo es una necesidad para su trabajo, pero no es así para todas. Además, todos quienes tenemos un vehículo tenemos más recursos que las familias que viven en pobreza. Sobre todo, debemos reconocer que los autos de mayor valor pertenecen a personas más acomodadas económicamente que las familias que reciben o que deberían recibir ayuda estatal por su condición de pobreza.

Sería muy contrario al bien común reducir el impuesto sobre un activo valioso si el resultado pudiese ser reducir el apoyo gubernamental a los programas sociales de apoyo a la pobreza; de educación prescolar, de primaria y secundaria; de salud; de seguridad ciudadana; de vivienda de interés social.

Sabemos que hay ancianos en pobreza que no reciben la pensión no contributiva, que la atención del IMAS a las personas en necesidad es insuficiente, que los recursos para vivienda de interés social han venido menguando.

Tampoco sería aceptable con las enormes carencias de infraestructura pública disminuir los escasos recursos fiscales que se dedican a esas labores. Ello atentaría contra el crecimiento de la economía que se resiente ya por los altos costos del transporte de carga, y agravaría el sufrimiento de los trabajadores por el mucho tiempo empleado en ir a sus labores.

Además, frente a la ola de criminalidad es necesario aumentar el gasto en seguridad ciudadana.

Se argumenta que los ingresos generados por la reforma de 2018 son mayores a los presupuestados. Pero aún con esos ingresos aún estamos con el nivel de la deuda pública que implica mayor restricción del gasto público incluyendo el congelamiento de los salarios de los empleados públicos.

Financiar los menores ingresos con aumento en la colocación de deuda pública aumentaría la tasa de interés y disminuiría la inversión potencial privada. Financiarlo con más inflación es poner la carga sobre las familias más pobres que serían las más afectadas.

El país requiere pronto lograr que la relación Deuda Pública a PIB baje de 60% para poder mejorar la atención de las necesidades sociales, de infraestructura y seguridad y descongelar los salarios públicos.

Disminuir el marchamo tiene un costo social es mucho mayor que su beneficio.

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