¿Meter mano al dinero de las pensiones complementarias?

A partir de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 el sistema de pensiones del país quedó conformado por cuatro pilares:

El primer pilar está constituido mayoritariamente por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CCSS desde los años 40 del siglo pasado. También forman parte de este pilar otros sistemas de pensiones específicos para ciertos grupos de funcionarios del sector público (Poder Judicial, Magisterio, y otros a cargo del Presupuesto Nacional).

El segundo pilar es un sistema de ahorro obligatorio de los asalariados. Este pilar es de capitalización individual y es administrado por las Operadoras de Pensiones.

El tercer pilar está integrado por esquemas de ahorro voluntario que reciben algunos incentivos fiscales.

El cuarto pilar es el régimen de pensiones no contributivas administrado por la CCSS. Este pilar está financiado con recursos del Fondo Asignaciones Familiares y está dirigido a la población adulta mayor en condición de pobreza.

Desde hace más de diez años los expertos y algunos estudios en la materia vienen advirtiendo de la difícil situación financiera del IVM. Este régimen paga las pensiones con las contribuciones de los trabajadores activos.

En las últimas décadas, la evolución demográfica de Costa Rica ha llevado a un crecimiento de la población pensionada mayor al crecimiento de la población cotizante. Lo anterior implica un crecimiento de los gastos en pensiones mayor al crecimiento de los ingresos por concepto de cotizaciones. Esta situación se va acentuar en los próximos años, con lo cual se agravará en mayor medida la situación financiera del IVM.

Los fenómenos demográficos no son culpa de la CCSS. Pero la alta jerarquía política y técnica de la CCSS ha sido incapaz de hacer un diagnóstico a tiempo de la verdadera situación del IVM. La CCSS se negó a reconocer la crisis del IVM; por lo tanto, ahora las reformas serán más difíciles y costosas. Sin embargo, la CCSS no estuvo sola en la procrastinación de reforma del IVM, ya que estuvo acompañada por líderes laborales, empresariales y políticos, quienes fueron “pateando la bola para adelante”.

En el pasado mes de diciembre, la CCSS dio a conocer un informe elaborado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica en donde se confirmó lo que era un secreto a voces: el IVM entrará próximamente en dificultades para pagar las pensiones prometidas si no se realizan cambios drásticos.

En medio de la discusión de la crisis del IVM, un funcionario de la CCSS propuso la idea de tomar los dineros que tienen los trabajadores en las operadoras de pensiones (segundo pilar) para “tapar” el déficit del IVM; pero esta propuesta debe ser rechazada por dos razones.

Primero, las operadoras de pensiones administran en cuentas individuales el ahorro PROPIEDAD de los trabajadores. Pretender que esos ahorros pasen a la CCSS implica expropiar a los trabajadores. Sería igual que arrebatar el dinero de las cuentas de ahorro de los trabajadores o equivalente a expropiar las casas y los carros de los ciudadanos. Estos dineros son los únicos recursos ciertos, en la medida que se pueda hablar de certeza en este mundo, que tienen los trabajadores para su pensión, dada la situación de las pensiones del IVM.

Segundo, los recursos de los trabajadores en las operadoras de pensiones están destinados exclusivamente para conformar una pensión complementaria a la del IVM. Es decir, son recursos que ya están destinados a la jubilación.

Esta pensión complementaria fue establecida en el año 2000 (Ley de Protección al Trabajador), tomando en cuenta precisamente que el IVM no podría sostener los niveles de pensiones en el futuro. Los trabajadores no ganarán nada con el traslado de estos recursos de las operadoras de pensiones. Por el contrario, más bien los trabajadores perderían, porque pasarían de la “certeza” de tener cierto monto de recursos para su jubilación en una operadora de pensiones a tener los recursos en un “fondo común” administrado en la CCSS con criterios políticos y ya tenemos a la vista los resultados de esto último.

En conclusión, debe rechazarse en forma contundente la propuesta de “echar mano” a las pensiones complementarias de los trabajadores.