Neutralidad y competencia

P ara que las empresas puedan luchar justamente por la preferencia de los consumidores, deben de poder hacerlo en condiciones de igualdad. Solo así los consumidores podrán recibir los beneficios del proceso competitivo, que se traducen en una mayor innovación, eficiencia, calidad y precio.

A pesar de ello, algunas regulaciones y actuaciones del Estado generan desigualdades en beneficio de determinadas empresas o sectores. Estas distorsiones provenientes de las leyes y regulaciones son tan perjudiciales como las posibles prácticas anticompetitivas de algunas empresas.

Por ello, el principio de “neutralidad competitiva” pretende evitar que el Estado ejerza influencia indebida sobre los mercados, sin elegir “favoritos”. En su faceta más visible, este principio evita que se favorezca a las empresas públicas en su competencia con las privadas, así como que otorgue beneficios basados en la nacionalidad (aunque nada impide que este principio también aplique a otro tipo de privilegios y ventajas).

Internacionalmente el tema ha sido analizado de forma amplia. Por ejemplo, la OCDE desarrolló unos principios fundamentales para promover la neutralidad del Estado en los mercados, así como un inventario de las distorsiones más comunes y de medidas recomendadas para evitarlas. De igual forma, organismos como la UNCTAD han dedicado esfuerzos en el desarrollo y promoción de la neutralidad competitiva alrededor del mundo.

El abordaje de este tema varía en las distintas legislaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea es posible anular ayudas y privilegios concedidos por los Estados miembro a empresas locales. De forma similar, las autoridades de competencia de algunos (pocos) países tienen dentro de sus funciones el restaurar la neutralidad competitiva de los mercados. En varios países, además, este principio debe ser considerado al momento de dictar leyes y políticas públicas.

En Costa Rica podemos encontrar una referencia expresa al tema en la Ley General de Telecomunicaciones, la cual establece expresamente (y así lo han validado los Tribunales de Justicia) que la empresa estatal debe competir en igualdad de condiciones con los operadores privados, sin ningún tipo de privilegio en las normas ni en la forma que deben interpretarse las mismas.

Sin embargo, la adopción de una verdadera neutralidad es una tarea pendiente, ya que subsisten privilegios exclusivos para las empresas públicas, como contratación privilegiada con otros entes públicos; las excepciones en la aplicación de la Ley de Competencia a los monopolios legales; las garantías del Estado a los depósitos de los bancos públicos; la posibilidad de contratar Notarios Públicos de planta (que les genera ahorros y eficiencias vedados a los particulares); y otros.

Además, son las medidas que pretenden proteger determinados sectores y terminan encareciendo las materias primas de otras industrias; aquellas que para incentivar a las pequeñas empresas les restan dinamismo y eficiencia a los mercados; y otras que inadvertidamente dificultan el ingreso y salida de empresas de los mercados, favoreciendo a los competidores existentes.

Las carencias de nuestro ordenamiento para enfrentar este tema fueron recientemente reconocidas por la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) que identificó a la neutralidad competitiva como un principio incorporado en nuestro ordenamiento, reconociendo a la vez que no tiene potestades para para sancionar sus infracciones.

Quizás sea momento de seguir el ejemplo de Australia, posiblemente el caso más exitoso en la aplicación de este principio. En 1995 dicho país realizó una profunda reforma regulatoria, eliminando distorsiones al funcionamiento de los mercados, y creando la institucionalidad necesaria para su ejecución. Diez años después, las reformas fueron evaluadas por un comité independiente que confirmó un extraordinario impacto positivo en la productividad.

Además de promover la competencia, una política de neutralidad competitiva genera múltiples beneficios adicionales: incentiva la eficiencia y transparencia en el manejo de las empresas públicas; facilita la medición de resultados y la rendición de cuentas; y promueve la toma de decisiones sobre como enfocar las actividades empresariales del Estado (o si conviene retirarse del todo de uno o más sectores).

Ante la evidencia de sus beneficios, como país vale la pena plantearse el reto de implementar una verdadera neutralidad del Estado en los mercados. De paso, además, se podrían eliminar también otras distorsiones y privilegios, para que así las empresas compitan realmente por sus méritos y no por ventajas que algunas de ellas reciben del Estado.

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