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E n las últimas décadas el Banco Central de Costa Rica (BCCR) se ha caracterizado por ser una de las instituciones de mayor respeto y credibilidad.

Si bien no cuenta con plena autonomía legal por parte del Poder Ejecutivo, sí la ha ejercido en la práctica. Ha gozado así de una autonomía de hecho, aunque no de derecho, que es lo más relevante.

Los Presidentes de la República de turno han sido respetuosos de sus decisiones. En general ha manejado su política monetaria de manera bastante técnica y con el paso de los años ha mejorado el uso de sus instrumentos. Más recientemente las condiciones externas favorables, las menores pérdidas de operación y la mayor flexibilización cambiaria han contribuido a reducir y controlar la inflación, su principal objetivo.

Desde una perspectiva interna, gran parte de sus logros están asociados a la última gran reforma de su Ley Orgánica en 1995. Dentro de las modificaciones destacan la prioridad por el objetivo de inflación, las limitaciones para financiar al Gobierno y al sector público y los aportes del fisco para atender parte de las cuantiosas pérdidas que enfrentaba. Esto permitió darle mayor independencia técnica, es decir, poder utilizar sus herramientas de manera más flexible para alcanzar sus metas.

También implicó un cambio en la visión anterior de ser “nervio y motor” de la economía nacional, para supeditarlo a alcanzar la estabilidad interna y externa de la moneda nacional. Así se redujo su campo de acción, pues el que “mucho abarca, poco aprieta”.

Con los altos niveles de desempleo y subempleo, son muchas las voces que abogan por poner este loable objetivo como uno de los principales del BCCR. Esto no es nada nuevo.

Las actuales autoridades del BCCR en campaña criticaron a la institución por no contribuir con el crecimiento económico y la reducción del desempleo. Una vez en el poder, los técnicos del BCCR y del Fondo Monetario Internacional los convencieron, enhorabuena, de las dificultades para alcanzarlos.

No obstante, las políticas seguidas no los han desatendido. En los últimos dos años, la situación internacional contribuyó a bajar las tasas de interés y a gozar de una importante liquidez que se reflejó en un elevado crecimiento del crédito al sector privado (25% en términos reales!).

Con algunos altibajos, la economía nacional ha crecido a una tasa promedio superior al 4%, muy cerca del potencial. Inclusive en el 2015 y el 2016 el PIB creció 4.7% y 4.3%, respectivamente, nada despreciable comparada con el resto del mundo. El desempleo, sin embargo, se ha mantenido muy elevado (8%-10%). Este flagelo es mucho más alto en los jóvenes, las zonas rurales, las actividades primarias tradicionales y en las personas con menor educación. Es decir, está concentrado en ciertos sectores que han perdido competitividad. En ese sentido, la política monetaria puede hacer muy poco por aliviar este fenómeno. Al contrario, si abandonara el objetivo de estabilización, más bien lo empeoraría. Este problema debería atacarse con políticas públicas, estructurales y sectoriales que mejoren la productividad y capacitación del capital humano.

Si bien la política monetaria no debería discriminar entre distintos sectores, es claro que el BCCR podría hacer mucho más por mejorar la competitividad y apoyar el crecimiento económico, sin abandonar su objetivo de estabilización. El BCCR se ha concentrado especialmente en controlar la emisión monetaria y ha realizado también valiosos esfuerzos por mejorar el sistema de pagos. Pero se ha olvidado de promover un sector financiero más desarrollado, uno de los objetivos subsidiarios, con lo cual podría contribuir directa e indirectamente con el sector productivo. En parte por esta razón, los índices estimados por organismos internacionales, ubican al sector financiero como uno de los más ineficientes.

Se requieren modificaciones profundas que incrementen la competencia y profundización del sector. Los altos costos operativos de la banca estatal y los elevados márgenes de intermediación, especialmente en colones, han permitido una situación confortable a la banca privada. Inclusive, con sus políticas de altos encajes e impuestos a las operaciones cambiarias, han incrementado los costos del crédito y las transacciones de divisas. Sólo por estos conceptos el BCCR percibe anualmente alrededor de 0.5% del PIB! Más recientemente ha mostrado una posición intervencionista al obligar a las instituciones a mantener participaciones porcentuales en monedas, similar en los activos y el patrimonio. Según cálculos realizados, esto obligará a los intermediarios a incrementar la demanda de dólares, contrario al objetivo buscado!

Es un buen momento para retomar la agenda de reformas financieras dejadas de lado por tanto tiempo. Las autoridades del BCCR deberían realizar algunas propuestas para mejorar la eficiencia del sector financiero y contribuir con un crecimiento sano y sostenible. Algunos expertos nacionales e internacionales han sugerido diversas acciones. Dentro de ellas podrían destacarse el seguro de depósitos general, permitir depósitos del sector público en la banca privada, analizar la conveniencia del “peaje bancario”, flexibilizar más la política cambiaria, reducir los encajes en moneda nacional, reformar la estructura del sistema de supervisión y fortalecer la autonomía técnica del BCCR.

Estas transformaciones ya no pueden seguir postergándose.

Articulo original de CRhoy