Políticas públicas, expectativas y reactivación

R ecientemente la Asamblea Legislativa aprobó la emisión de títulos de deuda pública, conocidos como Eurobonos, por un monto de US$1,500 millones, equivalente a una cuarta parte de lo originalmente solicitado por el Ministerio de Hacienda. E l argumento de las autoridades para solicitar la emisión es que colocar títulos de deuda en los mercados internacionales resulta más barato que colocarlos en el mercado doméstico. En consecuencia, se liberan recursos que se podrían utilizar para impulsar la reactivación económica y reducir el desempleo, el principal problema que aqueja a los costarricenses según encuestas de opinión.

En principio, el argumento pareciera razonable. Sin embargo, el mecanismo de transmisión del ahorro en el pago de intereses hacia la reactivación económica y el empleo no es trivial. En el contexto de una demanda interna deprimida por el débil consumo privado, incertidumbre alrededor de las decisiones de inversión y alto desempleo, se requeriría que el aducido ahorro se convierta rápidamente en un motor que dinamice la producción y genere puestos de trabajo, particularmente en las zonas urbanas, entre la mano de obra femenina entre la gente joven. Pero, ¿como se lograría esto? ¿En qué y cómo se usarían esos ahorros para lograr los fines deseados? Dudas al respecto llevaron a algunos diputados a no aprobar el monto inicialmente solicitado por US$6,000 millones.

Las autoridades argumentan que al colocar deuda pública en el exterior no se presionan las alzas de interés locales, lo cual contribuiría a reactivar la demanda de crédito, elevando el consumo y la inversión privados y el empleo. Existen sin embargo, una variable clave que no es fácil de predecir: el comportamiento de los agentes económicos. Los consumidores podrían considerar que endeudarse, aun a tasas de interés relativamente bajas, conlleva un riesgo si no se tiene la certeza de conservar el empleo actual, o eventualmente perderlo. Si los empresarios consideran este escenario, también van a considerar con cuidado sus decisiones de inversión. Esto se conoce como las expectativas racionales, esto es, que el consumidor tiene en cuenta las variables del entorno que observa al tomar sus decisiones. Durante la Administración Obama se observó que a pesar de los esfuerzos del Gobierno por bajar sustancialmente las tasas de interés, el consumo privado reaccionaba tímidamente, por la incertidumbre acerca del mercado laboral. Bajo estas mismas consideraciones, la disminución en la tasa de encaje mínimo legal acordada por el Banco Central de Costa Rica no garantiza una mayor reactivación, como lo reconocieron en su oportunidad sus autoridades.

El Gobierno ha planteado una serie de programas y proyectos para generar producción y empleo. Existe la opinión de que dichos esfuerzos ciertamente van en la dirección correcta, pero que sus efectos son más a mediano plazo y largo cuando lo urgente es enfrentar la situación inmediata. La inversión pública conlleva importantes efectos multiplicadores en la demanda interna. Desafortunadamente, aun no se logra aprovechar sus favorables impactos por la lentitud con la que se ejecutan los proyectos públicos. Este es un problema de larga data todavía presente. La concesión de obra pública constituye una alternativa que aún no termina de consolidarse. La situación del país no está para seguir enfrascado en el debate ideológico sobre el tema. Hay que pasar del dogmatismo al pragmatismo, evaluar los costos y beneficios de la concesión y tomar las decisiones que correspondan con base en criterios objetivos.

Alrededor de todo lo anterior, está el tema de la consistencia de políticas y la credibilidad. Bajo sus expectativas racionales, el ciudadano observa las decisiones en política pública. Las inconsistencias que detecta entre lo predicado y lo actuado condicionan su comportamiento.Obviar esta realidad sería un error, que reduce significativamente la efectividad de las políticas adoptadas.

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