Presupuesto reta a la Sala Constitucional

E l pasado 1 de setiembre, el gobierno envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto del 2018. Por noveno año consecutivo, se anticipa una situación fiscal de alto déficit y un aumento importante en el endeudamiento del Gobierno Central.

Si bien es cierto el presupuesto total crece un 3.2 por ciento en relación con el 2017, la variación relevante es del 7.4 por ciento al excluir la amortización, la cual no es un gasto sino un pago de deuda.

Esta es una cifra más alta que la inflación estimada (entre 2 y 4 por ciento) aunque similar al crecimiento de la producción.

¿Cómo se compara con años anteriores? Es un crecimiento moderado si se compara con el 2015 (11.8 por ciento) o el 2017 (12.4 por ciento), pero alto si se compara con el 2016 (3.9 por ciento) tomando en consideración que la inflación proyectada era similar en cada ocasión. Quizás lo grave es que en años de una delicada situación fiscal, el crecimiento promedio de los presupuestos ha sido superior al del tamaño de la economía.

Una de las malas noticias es que los gastos de capital decrecen alrededor de un 17 por ciento en relación con el año 2017 y, en cambio, los gastos corrientes (salarios, intereses, pensiones, compras, transferencias a otras instituciones) crecen un poco más del 10 por ciento. En otras palabras, se observa una mala asignación de los recursos. En particular, el excesivo aumento del pago de intereses (26 por ciento) revela cómo el endeudamiento ya nos está cobrando la factura, conjugado con el inicio de mayores tasas de interés.

Los salarios y las transferencias, los cuales son dos rubros importantes del gasto corriente, crecen 6,8 y 6,5 por ciento respectivamente. No podría calificarse de un crecimiento excesivo si no fuera porque ocurre a pesar de que se está restringiendo el aumento en los recursos para educación, cuyo monto representa una proporción muy importante de los gastos.

En síntesis, los datos citados muestran que, aunque con un aumento moderado, el presupuesto del 2018 conlleva una mala asignación de recursos y ciertos riesgos. Por una parte, el pago de intereses quita espacio a otros gastos de mayor calidad, y los salarios y transferencias continúan creciendo por encima de la inflación. Por otra parte, se reduce el gasto de capital –al menos el que se financia con recursos internos- y, como se señala a continuación, se corre el riesgo de que el próximo año el gobierno deba incorporar otras erogaciones.

Lo más llamativo de este ejercicio presupuestario es la decisión del Ministerio de Hacienda de atender parcialmente algunas de sus obligaciones constitucionales o legales. Los incumplimientos más relevantes son el gasto en educación, la transferencia del PANI y el aumento de la cuota estatal al régimen de invalidez, vejez y muerte decretado por la CCSS. El gobierno alude al principio de derecho de que “nadie está obligado a lo imposible” pues desde hace muchos años se le han impuesto mandatos constitucionales y legales de gastos con destino específico sin su respectiva fuente de financiamiento (como es el caso de educación y la transferencia al PANI) los cuales estrujan el cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la Constitución y, más aún, se contraponen al equilibrio fiscal.

La decisión del gobierno tiene el mérito de señalar esta absurda y grave situación a la que se ha llevado al país con la proliferación de esos mandatos. Tiene, a su vez, un riesgo para la próxima Administración pues es muy probable que la Sala Constitucional la obligue a cumplirlos.

Este problema se ha señalado en innumerables oportunidades desde hace casi veinte años pero no se ha logrado resolver. Por ello, cualquier ajuste en los ingresos y gastos que se lleve adelante para disminuir el déficit fiscal debe ir acompañado de una solución permanente a la forma de enfrentar estos mandatos constitucionales y legales de gastos con destino específico, particularmente de aquellos que no fueron creados con su respectiva fuente de financiamiento.