R ecientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó los resultados de las estimaciones de población y vivienda para Costa Rica, derivadas de la ejecución del proyecto censal entre junio y setiembre del año 2022. La cobertura de población, que alcanzó solamente al 61% de los hogares, provocó reacciones fuertes por parte del poder Ejecutivo quien incluso calificó el censo como “fracaso”. Por su parte el INEC, como ente técnico e independiente, publicó un informe que hace un recuento de todos los acontecimientos que habrían afectado la ejecución del Censo 2022.
Además, en un informe técnico separado, el INEC hace referencia a todos los detalles metodológicos que se utilizaron para realizar las estimaciones presentadas al país., y que fueron construidas bajo la supervisión de expertos nacionales e internacionales.
Son múltiples los factores que pudieron afectar la cobertura del proyecto censal. Sin embargo, desde mi perspectiva, uno de los más importantes fue que, por primera vez en la historia de los censos de población en el país, el INEC no logró contar con la participación del cuerpo docente del país como enumeradores. Este hecho, rompió con una tradición importante en la recolección de datos, al no contar con el aval de los jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP), perdiéndose así la experiencia que una buena parte de docentes tuvo en la aplicación del censo anterior (2011) y que podría haber facilitado la transición a la recolección digital de datos.
La ampliación del número de días en que serían requeridos los docentes con respecto al censo anterior (de 1 a 3 semanas), así como la pérdida de periodos lectivos experimentados en los últimos años (huelgas y COVID-19), justificaron la decisión tomada por el MEP en 2020 que, aunque válida, planteó uno de los retos más importantes para el INEC de cara a la planificación del Censo 2022, ya que se requerían más de diez mil censistas, y sólo se logró contratar a un aproximado de ocho mil.
De acuerdo con el INEC, otros factores también contribuyeron a los retrasos en el levantamiento de información (que se extendió por cuatro meses), como los inconvenientes con el uso de los dispositivos digitales (que apoyarían por primera vez la recolección de datos en lugar del tradicional cuestionario de papel), las variaciones climáticas, la no respuesta y el no contacto de los hogares. De hecho, tres datos no deben ser pasados por alto: 1) 8% de los hogares visitados declinó realizar el censo, 2) 12% de las viviendas no fueron visitadas del todo, y 3) 19% de las viviendas visitadas no lograron ser censadas antes de finalizar el trabajo de campo por diversas razones (denominadas por el INEC como “pendientes”). Esos tres factores sumaban una cifra inferior al 6% en el pasado Censo del 2011, por lo que el crecimiento fue notoriamente significativo.
En primer lugar, la negativa de los hogares a brindar la información a los censistas, ha sido relacionado con circunstancias como la pérdida sistemática de confianza en los gobiernos y el uso de los datos personales recolectados por éste. Estas explicaciones del rechazo sugieren un sentimiento de temor en la población por las encuestas aplicadas por instituciones públicas, o hasta la apatía generada desde el descontento social por el actuar de los gobiernos.
En segundo lugar, las razones por las que el 12% de hogares no fueron visitados no se detallan en el informe del INEC, pero podrían estar relacionados con zonas inseguras o de alto riesgo, problemas con la accesibilidad de algunas zonas o incluso la gestión del recurso humano para cubrir a todo el país.
Finalmente, el porcentaje tan alto de viviendas pendientes es más complejo de analizar. Que los censistas llegaran a las viviendas, pero que o no se hiciera contacto con las personas del hogar, o no se pudiera conciliar con el hogar un momento para la recolección de la información, puede deberse a una cantidad considerable de motivos, desde algo tan simple como no escuchar cuando el censista tocó a la puerta, hasta la ausencia de personas en los momentos en que los censistas llegaron, o incluso la decisión de no querer abrir la puerta. De acuerdo con el INEC, se realizaron esfuerzos por reducir al máximo estas entrevistas pendientes, reforzando con re-visitas a las viviendas en diferentes horarios, pero es evidente que no fue suficiente.
Es importante tener presente que el conteo de las personas en un censo de población nunca es perfecto; en palabras del exdirector del Censo de Estados Unidos en su libro “The Hard Count”: “Ningún censo de población, ya sea en Estados Unidos u en otro lugar, desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna, es exacto. Ninguna operación censal puede encontrar y persuadir a todos para que cooperen o estar seguros de que el recuento final no incluye duplicados o enumeraciones erróneas”.
El Censo de Población del año 2011 en Costa Rica tuvo una omisión censal del 6%, ubicándola en los umbrales tradicionales a nivel internacional, pero requiriendo de todas maneras emplear metodologías de estimación y proyección para “terminar de contar” a los habitantes no censados.
Lo realizado por el INEC en este proyecto censal 2022 no fue distinto, pero en esta ocasión tuvo que estimarse un 39% de las viviendas. Las metodologías técnicas para la estimación final de la población y las viviendas fueron apoyadas por la División de Estadística de la CEPAL, del Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía (CELADE), del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y del Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica, que si bien nos permiten contar hoy con una estimación de la población costarricense del año 2022, la omisión censal implicará limitaciones para el uso de los datos que sí fueron recolectados (más de un millón de viviendas fueron censadas), y que de acuerdo con el INEC, serán comunicadas oportunamente al momento de liberar la información.
Las explicaciones ofrecidas por el INEC son claras y transparentes, pero esto no resta importancia a la realidad de la baja cobertura resultante, por lo que los acontecimientos ocurridos durante el proyecto censal 2022 deben derivar en planteamientos para minimizar el impacto de estos riesgos en la próxima ronda del Censo en Costa Rica.
Sin embargo, dadas las inquietudes de algunos sectores, bien haría el INEC en solicitar la revisión del proyecto censal 2022 a un grupo de expertos independientes. Este equipo interdisciplinario debiera incluir no sólo expertos en estadística o demografía, sino también auditores, administradores de proyectos, sociólogos, politólogos, administradores, entre otros. El objetivo sería que no sólo valoren el actuar del INEC en cada etapa del proyecto y la calidad estadística de los datos en distintos niveles de desagregación (por ejemplo, regional, cantonal, distrital), sino que puedan también generar recomendaciones que el INEC implemente de cara a la planificación del próximo Censo de Población. Lo anterior tendría un beneficio agregado para los usuarios, quienes podrían tener claro el uso que se pueden dar a las distintas variables del estudio (como las estimaciones de pobreza, grupos de edad, entre otros).
Uno de los aspectos que debe ser estudiado es las implicaciones de la no respuesta de los hogares al censo y la imposibilidad del contacto de algunos hogares, y para lo cual, podrían valorarse otros procedimientos estadísticos que permitan integrar datos de los registros administrativos de las instituciones públicas en el censo, a través del Registro Único de Población que ya trabaja el INEC, que puede ser alimentado con el expediente único del estudiante del MEP (Plataforma SABER) y las universidades, los registros de pobreza y población del SINIRUBE, el expediente único en salud de la CCSS (EDUS), el registro de nacimientos, entre otros.
Catalogar el proyecto del Censo 2022 como un fracaso no le hace ningún bien a la institucionalidad pública. Analizar lo ocurrido y buscar soluciones para mejorar de cara al próximo Censo de Población (esperemos que en el 2030) es lo que corresponde.
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Publicación original en crhoy.com (03/08/2023)