Reducir trámites es importante, pero no suficiente

D urante años Costa Rica ha hecho importantes esfuerzos de mejora regulatoria. Sin embargo, las distintas iniciativas se han concentrado en la simplificación de trámites y requisitos que, aunque útil e importante, es solo una parte de la tarea.

Las restricciones a la competencia (y en consecuencia a la productividad y la eficiencia) se originan tanto en las conductas de los agentes económicos como en las regulaciones y actuaciones del Estado. Regulaciones que perdieron vigencia o que fueron mal diseñadas restringen indebidamente la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado, y limitan o distorsionan la competencia entre los agentes existentes en perjuicio de los consumidores.

Para comprender mejor la pertinencia de las regulaciones, la OCDE desarrolló el índice de “Regulación del Mercado de Producto (PMR)”, que mide qué tanto favorece el entorno regulatorio de un país a la competencia y el buen funcionamiento de los mercados. Este índice se construye con base en dos grandes pilares: las distorsiones inducidas por la participación del Estado en la economía y los obstáculos a la entrada a los mercados. Dentro del primer grupo se miden factores como la presencia de empresas estatales y su gobernanza; controles y regulaciones impuestas a las empresas; y reglas establecidas para simplificación de las regulaciones. El segundo pilar evalúa, entre otros, la carga administrativa que deben afrontar las nuevas empresas para iniciar sus actividades; las barreras que se enfrentan al ingresar y operar en sectores económicos clave; y las barreras que limitan la inversión extranjera.

En todos los parámetros del PMR Costa Rica están por encima del promedio de los países OCDE, y es el segundo peor calificado de los países evaluados de Latinoamérica. Solamente en uno de los parámetros (barreras al comercio y la inversión) nuestra calificación es mejor a la del promedio de América Latina.

El potencial de las reformas que realicemos para mejorar en todas estas áreas es grande. Tal y como indica la OCDE, si nuestro país realiza ciertas reformas indispensables a las regulaciones del mercado de producto el PIB per cápita podría aumentar en 5.3%, y también reduciría las desigualdades económicas. Si, además de estas reformas indispensables, logramos llevar al país al promedio de los miembros de dicha organización, el aumento en el PIB per cápita podría ser superior al 24%.

Estas calificaciones nos señalan claramente adonde están los obstáculos que desde hace varios años afectan la productividad y competitividad en el país. Evidentemente, los consumidores son los más afectados por estas regulaciones que limitan la competencia y la productividad en los mercados. La falta de competencia en los merados también explica la tendencia a la baja en la dinámica empresarial, con las consiguientes dificultades para la creación de empleos.

Nos hemos caracterizado por tener una fuerte presencia del Estado en la economía, no solo por su participación en varias empresas estatales en sectores claves, sino también por tener controles bastante estrictos, tales como regulaciones de precios en los servicios públicos, particularmente en aquellos en donde podría operar la competencia, así como las regulaciones de las condiciones de entrada y salida de los agentes económicos en varios sectores.

Asimismo, el Estado compite con particulares en algunas actividades, pero no siempre en igualdad de condiciones ya que muchas veces las regulaciones no son neutrales. Ciertos sectores, donde destacan algunos productos básicos, son también objeto de regulaciones especiales que los protegen de la competencia. Finalmente, los obstáculos al emprendedurismo en el país son importantes, donde las pequeñas empresas son las más afectadas.

Las políticas de comercio e inversión extranjera son las únicas que se acercan más a los estándares de los países OCDE. Esto es producto de una estrategia de apertura comercial que ha desarrollado consistentemente el país luego de la crisis de los años ochenta. Lo que le ha permitido una mayor inserción en el mercado mundial.

Estos resultados muestran la necesidad de construir políticas públicas que incluyan los principios de competencia de manera transversal. Es decir, la mejora en la regulación debe entenderse desde una perspectiva más amplia que la simplificación de trámites, y debe buscar la eliminación de distorsiones al funcionamiento de los mercados y de las barreras a la competencia.

La reciente reforma a las leyes de competencia en nuestro país otorgó a COPROCOM nuevas potestades para promover la competencia por medio de mejoras a las regulaciones. Entre ellas, destaca la posibilidad de llamar a cuentas a las autoridades que las emiten, e incluso impugnar ante los Tribunales los actos o regulaciones que contradigan los principios de competencia. Un ejercicio robusto de estas potestades, junto con un replanteamiento de los programas de mejora regulatoria existentes traerían grandes beneficios a la economía, y muy especialmente a los consumidores y pequeñas empresas.

Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no representan la opinión de la Academia de Centroamérica.