Reformas en el Sistema Financiero

L a actividad económica de Costa Rica ha perdido dinamismo en los últimos años, con consecuencias negativas en diversos campos. Las causas son múltiples, pero sobresalen la falta de reformas estructurales en muchas áreas. Como su nombre lo indica, constituyen el conjunto de medidas tendientes a modificar la estructura de la economía, especialmente el marco institucional y regulatorio en el que operan los agentes socioeconómicos. En general, a través de estas reformas se realizan cambios de gran envergadura para elevar la eficiencia y productividad de los factores. El presidente del BCCR acertadamente ha enfatizado en las altas cargas sociales y el elevado costo de la energía eléctrica. Ambas están por encima de las vigentes en muchos otros países, lo cual afecta la competitividad y calidad de vida de la población. Hay mucho por hacer en la reforma del Estado, la estructura tributaria y la determinación de precios en diferentes mercados, entre otros.

En el sector financiero también podrían plantearse algunas reformas adicionales. Con la adhesión del país a la OCDE, se aprobaron el seguro de depósitos en la banca privada, el cambio del período del presidente del BCCR y la eliminación del ministro de Hacienda de la JD del BCCR con derecho a voto. Hay otras modificaciones pendientes que podrían adoptarse y, quizás, incorporarse en una eventual renegociación del convenio con el FMI. La actual autorización para que los bancos privados capten en cuenta corriente y a la vista está supeditada a trasladar parte de esos recursos (17%) a los bancos del Estado. Alternativamente, podrían conservarlos si destinan al menos un 10% de su cartera crediticia a actividades indicadas por el Poder Ejecutivo y cuenten con agencias en todas las regiones (artículo 59 de la ley del SBN). Estas condiciones, conocidas como el peaje bancario, establecen bajísimas tasas de interés. Por otra parte, en estos momentos ninguna institución del Estado está autorizada a mantener en los bancos privados depósitos y/o cuentas corrientes, los cuales son muy significativos. En un principio podría permitirse al menos para las instituciones que operan en competencia.

Ambas restricciones introducen distorsiones que limitan la disponibilidad de recursos en los bancos privados, restringen la competencia y la mayor eficiencia en el sistema financiero. Las consecuencias negativas son más evidentes en el mercado crediticio de colones, donde los bancos privados son menos competitivos por diversas razones. En el mercado de dólares si han podido incursionar con mayor éxito, dada la apertura de la cuenta de capitales y las posibilidades de contar con fuentes externas. De ahí las diferencias existentes en los niveles de los márgenes de intermediación financiera: más bajos en dólares que en colones. Los costos de estas limitaciones se han incrementado en los últimos años conforme se han endurecido las regulaciones a los créditos en moneda extranjera y, consecuentemente, reducido el dinamismo. Efectivamente, en la última década el sistema financiero nacional ha experimentado una significativa desdolarización desde niveles cercanos al 60%, a menos del 40%. Si bien esto ha ayudado a disminuir los riesgos cambiarios de los deudores que perciben ingresos en colones, ha afectado la evolución del financiamiento total al sector privado.

A la par de la conveniencia de analizar y modificar esas restricciones, que tienden a eliminar la discriminación contra la banca privada y a aumentar la competencia, también podría pensarse en bajar las cargas parafiscales que mayoritariamente pesan sobre la banca estatal, las cuales incrementan sus costos y reducen los recursos para capitalización y préstamos. Estas cargas, que se calculan sobre las utilidades, están constituidas por: 15% para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); 10% para el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP); 5% para la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) y 3% para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Estas erogaciones representan una tercera parte (33%) de las utilidades anuales, antes de impuestos, lo cual es muy considerable. Al igual que en el caso de una eventual reducción de algunas cargas sociales, habría que idear algún mecanismo o fuente alternativa para financiar la operación de las instituciones beneficiarias.

El actual marco regulatorio del sistema financiero también merece una evaluación. Está constituido por el Consejo Nacional de Supervisión Financiera (CONASSIF) y cuatro entidades: SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE. Es muy costoso, engorroso y pocos países, aún con sectores financieros más desarrollados, cuentan con tantas instituciones descentralizadas. El sistema financiero nacional es pequeño y no existe un mercado de capitales. Buena parte de los fondos de pensiones y seguros, fuentes de ahorro de largo plazo por excelencia, están incursionando en instrumentos internacionales por la carencia en el país y, más recientemente, por la decisión del BCCR de mantener inusualmente bajas las tasas de interés. Ahora que la cabeza de la SUGEF y SUPEN están unificadas, sería conveniente proponer un proyecto de ley para convertirlas en una sola superintendencia, con intendencias para los respectivos sectores. Esta fusión daría una visión integral a la supervisión, reduciría los costos asociados y las redundancias de solicitudes de información.

Las reformas antes mencionadas requieren aprobación legislativa y, por tanto, tomarán más tiempo; probablemente se necesite alguna comisión especial para su trámite, con el asesoramiento y acompañamiento del BCCR y la CONASSIF. Existen otras medidas que mejorarían la eficiencia y que podrían ser adoptadas directamente por la Junta Directiva del BCCR. Ahora que el déficit del BCCR se ha reducido significativamente y no constituye problema alguno para la sana ejecución de la política monetaria, bien podría evaluarse la conveniencia de bajar los niveles de los encajes mínimos legales (artículo 63 de la ley del BCCR). En principio podría pensarse en disminuir los que aplican para los pasivos en colones del 12% al 10%, y quizás del 15% al 12% para los de moneda extranjera; en muchos países ascienden a alrededor del 5%. Igualmente podría analizarse una eventual reducción de la parte del margen cambiario que trasladan los intermediarios al BCCR cuando transan divisas. En este momento es del 25%, que es el máximo autorizado por ley (artículo 97 de la ley del BCCR) y bien podría bajarse al 15%. En caso de reducirse ambas cargas, que en realidad constituyen impuestos adicionales, se estaría contribuyendo a disminuir los márgenes de intermediación financiera y cambiaria. En las actuales circunstancias y ante la necesidad de contribuir a la reactivación, todas esas medidas serían muy positivas.

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