Regla fiscal: un paso tímido en la dirección correcta

E l Gobierno vuelve a condimentar su agenda hacendaria con un proyecto de ley de responsabilidad fiscal. Su plan es controlar el crecimiento del gasto estatal mediante normas que garanticen un equilibrio sostenible y duradero en las finanzas públicas. Aunque loable, la iniciativa presenta dos aspectos importantes que requieren mejoras.

Poca prudencia fiscal. El proyecto propone una regla fiscal para que el gasto corriente del sector público no financiero (SPNF) crezca igual o menos que la producción del país, según el nivel de endeudamiento del Gobierno Central. En su primera versión, presentada a inicios del 2016, el límite era proporcional al crecimiento promedio del PIB real de los últimos cuatro años. Ahora se establece de acuerdo al PIB nominal, lo que implica ser más permisivo con la irresponsabilidad fiscal.

Para ilustrarlo, comparemos el resultado de aplicar ambas versiones de la regla fiscal en el año 2016. La deuda del Gobierno Central representó el 40,9 por ciento del PIB en el 2015.

Según ambas versiones, el crecimiento del gasto corriente no debe sobrepasar el 85 por ciento del crecimiento promedio del PIB de los últimos cuatro años. Si consideramos el PIB real, dicho gasto crecería un 3,3 por ciento como máximo en el 2016. El uso del PIB nominal ampliaría esta restricción al 7,0 por ciento.

¿Y qué hubiese pasado con el déficit fiscal? Entre menos crezca el gasto, mayor es el ahorro. En el 2016, el déficit fiscal efectivo representó 5,2 por ciento del PIB. Este resultado habría disminuido a 4,7 por ciento con la primera versión de la regla, pero con la nueva versión apenas se reduce a 5,1 por ciento (¡un 0,1 por ciento del PIB no es prudencia fiscal!)

Este cambio revela, por enésima vez, que el Gobierno está más comprometido con aumentar los impuestos y menos con reducir el gasto.

Poca viabilidad. Nuestro país ya cuenta con reglas fiscales a nivel constitucional y legal que no se cumplen en la práctica. Gran parte del problema se debe a los destinos específicos del gasto. La mayoría se han creado sin establecer nuevas fuentes de financiamiento y sin detallar su uso ni vigencia. Así, el Ministerio de Hacienda se encuentra en una posición incómoda, pues debe acatar estos mandatos aun en contra de una asignación eficiente de los recursos.

El problema es que el nuevo proyecto de ley de responsabilidad fiscal tampoco considera el impacto de estos compromisos. Únicamente establece que si la deuda del Gobierno Central supera el 50 por ciento del PIB, el Ministerio de Hacienda contaría con mayor libertad para definir el grado en que cumple con ellos. Aun en este caso, enfrentaría otro obstáculo: la defensa de la autonomía institucional. Hoy, con un nivel de deuda del 45 por ciento del PIB, hemos sido testigos de qué sucede con los servicios públicos cuando se propone recortar el gasto (corriente) de algunos sectores. Por lo tanto, es necesario incluir arreglos legales e institucionales que no trunquen la aplicación de la regla.

Ambos aspectos – poca prudencia fiscal y poca viabilidad – le restan credibilidad a la propuesta. La buena intención no es suficiente. El Gobierno necesita darnos más garantías de que los recursos que pide se gasten responsablemente.