Revisión técnica vehicular

H erencia del último gobierno: ausencia de una gestión responsable que evitara llegar al escenario que, contra la espada y la pared, ahora enfrenta el nuevo Gobierno, como la propia Contraloría General de la República. 4 años fueron más que suficientes para que se dieran las condiciones para la continuidad del servicio; como lo fue, igualmente, para que los llamados a prevenir y fiscalizar, ayudaran con un control útil y constructivo para el país. Hoy, sin embargo, estamos a pocas semanas de que venza el contrato con nublados sobre cómo terminará resolviéndose el asunto.

Estado responsable. Es imperiosa la obligación del Estado de dotar el servicio de la inspección. La obligación deviene de una cuestión constitucional, pero además de regulación específica. Así, el art. 24 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial (LTVPTS) impone la verificación mecánica, eléctrica y electrónica en los sistemas del vehículo, de sus emisiones y lo concerniente a los dispositivos de seguridad. Si el día de mañana no está tal servicio, todo hecho que suceda, achacable técnicamente a la falta de inspección, será endosado a la responsabilidad objetiva del Estado.

Decisión política. Hay apertura legal sobre cómo gestionar el servicio. Si bien otrora se optó por una concesión, la LTVPTS precisa (art. 25) que es responsabilidad de COSEVI “otorgar las autorizaciones a los centros que realizarán” la inspección. La cuestión es que, sin margen real de tiempo, la decisión de fondo, que es cómo continuar la prestación del servicio, requiere de funcionarios, que puedan documentar la opción técnica más conveniente para los usuarios. Sea un sujeto público, uno privado, o una combinación de ambos, la opción que se decida debe pasar por la que dé un costo razonable, con un servicio de altísima calidad. Un servicio, ojalá, que se dé en competencia.

Tiempo. Espacio a julio próximo para garantizar el servicio es casi inexistente. A la fecha, si se resta el plazo de ley que tiene CGR para autorizar, se cae en cuenta que la Administración debe actuar con suma diligencia, sin caer en acciones sin valor para resolver el problema. A este día, el simple cruce de notas, no abona en nada. En ese campo, la idea de un Estado que asume infraestructura, equipos, etc., es irreal: ¿Acaso se está listo para responder, entonces, por el cuido, conservación y mantenimiento, de todo?

Precisamente sobre este punto, CGR, en el oficio último de rechazo (DCA-01345), indicó: “5. En caso de que se pretenda la entrega de las estaciones en las condiciones actuales, ¿cuál sería la justificación para ello según el contrato? De igual forma, “¿cuál fue la valoración efectuada oportunamente respecto a la potencial afectación del servicio?”. Además, indicó: “6… en relación con el mantenimiento de las estaciones, se hace necesario que se explique cómo se articulará lo concerniente al mantenimiento de las edificaciones y equipos, partiendo de que pasan al Estado y la empresa contratista únicamente los utilizaría para la prestación del servicio en el caso que se autorice la modificación pretendida.” Por eso, abrir más riesgos, de los que ya de por sí se han dado, no es buen consejo.

Enfocar. Guste o no, el país no tiene capacidad para asumir, a julio 2022, el servicio. Milagros no existen. Eso sí, una vez que se defina cuál será el modelo de servicio que se tomará, deberá enfocarse y trabajarse en preparar las condiciones, entre otros, que la prestación del servicio sea con un sistema de gestión de calidad que garantice el cumplimiento de estándares adecuados en la prestación del servicio; que el o los responsables, estén acreditados ante el ECA.

Concesionario y Administración deben encerrarse en una oficina y no terminar la cita hasta acordar qué y cómo se reunirá toda la información posible para sustentar la gestión en CGR. MOPT debe pedir diálogo permanente con CGR para acordar lo que sí es técnicamente posible de presentar, y lo que no; y con mesura, pero sentido de urgencia, trabajarlo, más de cara a garantizar una transición ordenada una vez que concluya el plazo de más autorizado.

Finalmente, se debe desear al nuevo titular MOPT las mejores de las suertes para que lo sucedido, nunca más se repita. Acá COSEVI, pero ahí está CONAVI que en más de 24 años no ha logrado dotar al país de un sistema de administración de las carreteras, que ayude con una conservación y mantenimiento, óptimo; uno que surja de concursos claros y con real competencia.

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