¡Se acabó la fiesta señor@s!

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C uando era prácticamente impensable, el año pasado el Gobierno continuó con la fiesta del gasto. A pesar de los mayores ingresos recibidos en comparación con lo estimado, el déficit fiscal/PIB alcanzó el 7%; casi un 1% superior a la proyección original y el más elevado después del que prevaleció previo a la crisis de principios de los ochenta, es decir, hace cuatro décadas. Buena parte del desvío obedeció a mayores gastos en infraestructura, pago de intereses y otros, pero no son de recibo para justificarlo.¡La Magdalena no está para Tafetanes!

Da la impresión de que aún, a las puertas de una crisis, no hemos tomado conciencia de la gravísima coyuntura que enfrentamos. La situación es realmente crítica y urge reducir a la brevedad el desequilibrio fiscal y el crecimiento de la deuda, so pena de caer en insolvencia. Así lo entendió la empresa de análisis de riesgo Moody’s, pues inmediatamente degradó las calificaciones y nos ubicó en una lista de países con menores probabilidades de repagar las obligaciones contraídas. Las erogaciones por concepto de intereses alcanzarán cerca de un 5% del PIB, sólo superada por los gastos en educación y casi el triple de los de infraestructura.

Después de una década de irresponsabilidad fiscal, donde la deuda/PIB más que se duplicó (pasó de 24,3% en 2008 a 53,2% en 2018) por incremento de gastos corrientes, el 2019 era crucial para dar señales de austeridad. Había que evitar desviaciones del presupuesto aprobado, el cual era incluso más restrictivo que el permitido por la eventual aplicación de la regla fiscal; así como ganar credibilidad ante el Congreso y los organismos internacionales. Pero sucedió lo de casi siempre: mediante presupuestos extraordinarios se excedió el gasto y se incrementó el desequilibrio fiscal. La deuda/PIB aumentó 5,3% y alcanzó el increíble nivel de 58.5%.

No será fácil recobrar la confianza para lograr la aprobación de financiamiento externo, especialmente los eurobonos. Coincido con el señor Ministro de Hacienda que no serán necesarios para este año, ni representan un importante ahorro en comparación con el mercado local; aparte del impacto en el tipo de cambio, ya bastante apreciado y con efectos negativos en sectores de alto valor agregado e intensivos en mano de obra poco calificada. Las necesidades brutas de financiamiento en este 2020 serán inferiores en más de 2% del PIB (alrededor de $1.300 millones) en relación con la de años previos. Además, existe la posibilidad de financiarse en mejores condiciones con organismos multilaterales por $1.500 millones (2,3% del PIB).

Este 2020 será el primero en aplicar la restricción establecida en la regla fiscal para el crecimiento de los gastos corrientes (4,67%). El 2021 es casi un hecho que regirá la prueba ácida de la regla fiscal, pues la deuda/PIB sobrepasará el 60% al final de este año. De conformidad con el Título IV de la Ley 9635, cuando la deuda llegue a este nivel, el gasto solo podrá aumentar un 65% del promedio del crecimiento del PIB (menos de 4%), pero incluirá también los gastos de capital. Para garantizar su cumplimiento, la ley estipula que no podrán realizarse ajustes a las pensiones; suscribir préstamos, excepto para colaborar con el saldo de la deuda o cubrir gastos de capital; ni aumentos de salarios o incentivos por costo de vida, ni otorgar rescates financieros.

Se acabó la fiesta señores; el 2019 se sobreexcedió hasta embriagarse; ahora a enfrentar la resaca. Esperemos que la camisa de fuerza que impondrá la regla fiscal ayude a contener los ímpetus del gasto y a recuperar la confianza. Lo más doloroso en estos momentos es que la restricción presupuestaria no podrá contribuir con el ciclo de bajo crecimiento, así como financiar el dinamismo pocas veces visto de las obras de infraestructura. Al menos para este año se partirá de una base mayor por el elevado crecimiento de los gastos corrientes del año pasado. El crujir de dientes será el 2021, a no ser que se presente una emergencia nacional (coronavirus), o la economía crezca menos de 1% o entre en recesión. En todo caso, la política fiscal súper expansiva de la última década no conllevó beneficios para las grandes mayorías!

La confianza ganada paulatinamente con la aprobación de la ley de fortalecimiento fiscal y el apoyo del Congreso a una serie de proyectos para el ingreso a la OCDE y otros con impacto en el mediano plazo, se está esfumando por la falta de austeridad, poco tacto político para percibir las prioridades en la presente encrucijada y garantizar un norte hacia donde se enrumba el país. Deben retomarse con carácter de urgencia los proyectos de empleo público; la venta, cierre y fusión de algunas instituciones; así como los trillados temas para lograr la reactivación económica. El sector privado, generador de la mayoría de inversiones, empleos, tributos y cargas sociales, ha sido desplazado y debe ser revitalizado!

Comuníquese con el autor a través de zunigafn@racsa.co.cr

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Articulo original de crhoy.com